El Gobierno acota a 200.000 el abuso de temporalidad en empleo público y prepara sanciones

España lleva más de veinte años atrapada en un problema que afecta a millones de trabajadores: la contratación temporal masiva en el sector público. Aproximadamente uno de cada tres empleados públicos no tiene contrato fijo. Es una situación que ha generado múltiples amonestaciones de Bruselas y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y que ahora el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, dirigido por Óscar López, intenta resolver de manera más sistemática.

El Gobierno acaba de hacer un análisis detallado de las plantillas públicas y ha llegado a una conclusión que busca precisar el alcance real del problema: menos de 200.000 trabajadores llevan más de tres años en situación de temporalidad abusiva. Esta cifra es significativa porque sale de un universo mucho más amplio: hay más de 900.000 empleados públicos temporales en total, pero la mayoría de ellos no están en una situación que se considere abusiva según la ley. El 52,7% de estos temporales tienen contratos de apenas seis meses; un tercio lleva entre seis meses y tres años; mientras que solo el 12,2% ha permanecido más de tres años en esa condición, y apenas el 1,9% supera los diez años.

Para combatir este abuso, el ministerio está diseñando un paquete de medidas junto con las comunidades autónomas, ayuntamientos y sindicatos. La propuesta incluye un sistema de alertas automáticas que notifique a los responsables de personal cuando un trabajador está a punto de cumplir tres años contratado temporalmente. En paralelo, se estudia cómo establecer sanciones para los gestores públicos que incurran en estas prácticas irregulares. Pero aquí surge una de las cuestiones más delicadas: dónde fijar exactamente el nivel de responsabilidad. El ministerio ha celebrado ya tres reuniones solo para abordar este tema, porque no quieren sancionar a un director de hospital que necesitaba cubrir plazas estructurales con trabajadores temporales cuando no tenía otra opción disponible.

La temporalidad es especialmente grave en las comunidades autónomas, donde alcanza el 38,7% de la plantilla, frente al 46% de hace tres años. En cambio, la Administración estatal solo tiene un 4,6% de empleados temporales. El Gobierno también estudia agilizar los procesos de selección, que pueden alargarse hasta dos años o más, lo que requeriría una mejor planificación de las necesidades de personal en todas las administraciones.

Detrás de estas cifras hay un costo económico y humano considerable. Miles de interinos han demandado su fijeza en los tribunales, generando gastos significativos en litigios para las distintas administraciones. Además, España enfrenta amenazas concretas de la Unión Europea. Hace un año, Bruselas suspendió el pago de 626,6 millones de euros del plan de recuperación porque consideró que la legislación española no previene ni sanciona adecuadamente el abuso de temporalidad. Aunque el plazo inicial de seis meses venció en enero, el Gobierno sigue negociando con la Comisión.

La situación se agravó a finales de abril cuando la Comisión reactivó dos procedimientos de infracción: uno por considerar que la indemnización prevista es insuficiente para resarcir a los afectados, y otro por la discriminación que supone frente a trabajadores del sector privado. Bruselas exigió una reforma legal en dos meses, amenazando con denunciar a España ante los tribunales europeos si no cumplía. El Gobierno solicitó una prórroga hasta marzo próximo, pero aún está a la espera de conocer si se la han concedido y en qué condiciones.

Mientras tanto, el ministerio avanza en la redacción de una normativa que defina con precisión qué constituye abuso de temporalidad: cuando un trabajador realiza de manera permanente y estable tareas que forman parte de la actividad normal de la administración, pero sus contratos exceden la duración máxima permitida o el número de renovaciones autorizadas sin justificación objetiva. Desde 2021, existe un límite general de tres años para la ocupación interina de plazas vacantes, aunque con excepciones. El Gobierno necesita convencer a Europa de que toma en serio este problema antes de que las multas y las denuncias se hagan realidad.