Marruecos aprovecha la crisis migratoria de Ceuta para airear sus agravios contra España

A finales de julio, mientras los marroquíes disfrutaban del verano en las playas del norte —escapando de temperaturas que rozaban los 50 grados—, decenas de miles de migrantes irregulares irrumpieron en Ceuta en lo que se convirtió en la mayor crisis migratoria registrada en la frontera en años. Entre el 30 y el 31 de julio, aproximadamente 80.000 personas cruzaron por El Tarajal, la frontera exterior de la Unión Europea, mientras las fuerzas de seguridad españolas parecían permanecer inactivas. El sábado siguiente, la policía respondió con un despliegue masivo contra centenares de migrantes subsaharianos que intentaban forzar las vallas con ganchos y cadenas. Casi 300 fueron detenidos y expulsados en autobuses hacia el sur de Marruecos, el mismo territorio árido del que huían los veraneantes marroquíes que paseaban en chanclas por la orilla del Mediterráneo.

Pero mientras la crisis se desarrollaba en la playa, el Gobierno de Rabat estaba tejiendo una narrativa política más amplia. Las autoridades marroquíes comenzaron a trasladar, a través de diversos canales, una larga lista de quejas contra España que hasta entonces había permanecido en segundo plano. Riccardo Fabiani, director para África del Norte del International Crisis Group, observó que Marruecos no había actuado de forma proactiva durante la crisis, lo que sugería un fallo de gestión política deliberado. Los funcionarios marroquíes insistieron en que habían alertado a España sobre las consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo que suspendía las expulsiones inmediatas en caliente, pero reconocieron que incrementar el despliegue de seguridad en la frontera el 30 y 31 de julio habría sido inútil ante la avalancha.

El verdadero agravio, según Rabat, era más profundo. España había redefinido unilateralmente su política migratoria sin consultar con Marruecos. A finales de junio, el Gobierno español había regularizado a más de medio millón de migrantes sin papeles. A principios de julio, una sentencia del Supremo cambió el marco legal para las devoluciones en caliente. Mientras tanto, España seguía pidiendo a Marruecos que contuviera los flujos migratorios. El ministro de Justicia marroquí, Abdelatif Uahbi, expresó la frustración de forma directa: Marruecos impedía la salida de inmigrantes, pero cuando llegaban a España eran aceptados. El portal digital Barlamane, considerado próximo a los servicios de inteligencia marroquíes, agregó a esta lista de agravios la legislación que el Parlamento español estaba impulsando para conceder la nacionalidad a los saharauis nacidos bajo bandera española en el Sáhara, así como a sus descendientes directos.

La ala nacionalista de la coalición gubernamental marroquí aprovechó la crisis para amplificar estas quejas. El diario L'Opinion, órgano del Partido Istiqlal, acusó a España de intentar endosar la responsabilidad de la crisis a Marruecos con mala fe. Marruecos recibe 150 millones de euros anuales de la Unión Europea para controlar los flujos migratorios, pero sus autoridades aseguran que gastan aproximadamente 500 millones en tareas de vigilancia. El desequilibrio era evidente: España redefinía unilateralmente las condiciones de acogida mientras exigía a Marruecos que contuviera los flujos, sin haber asociado a Rabat a sus decisiones.

Uahbi, como uno de los principales líderes del Partido de la Autenticidad y la Modernidad (PAM, centro derecha), estaba en campaña para las elecciones legislativas del 23 de septiembre. Su confrontación política con España le permitía capitalizar el malestar nacionalista. Pero fue más allá de las quejas sobre política migratoria. En declaraciones al canal saudí Asharq TV, resucitó un tabú que parecía hibernado desde 2022: volvió a referirse a Ceuta y Melilla como presidios ocupados, sugiriendo que ambos países debían negociar a largo plazo el futuro estatuto de soberanía de ambas ciudades autónomas. Esta era una ruptura significativa. En 2023, España y Marruecos habían ratificado un compromiso de evitar cualquier discurso sobre las respectivas soberanías territoriales. En 2022, cuando España cambió su posición sobre el Sáhara Occidental a favor de la tesis de autonomía que propugna Rabat, la diplomacia española había llegado a entrever un reconocimiento implícito de soberanía marroquí sobre ambas plazas.

Ahora, cuatro años después, Uahbi estaba reabriendo esa herida. Con 969.000 ciudadanos marroquíes residiendo en España, y con una dependencia española de la cooperación migratoria marroquí para garantizar el bloqueo de las puertas de Europa, el mensaje era claro: Marruecos podía ejercer presión. La crisis de Ceuta había servido como catalizador para que Rabat expresara públicamente lo que había estado callando: que España había actuado de forma unilateral, sin concertación, en asuntos que afectaban directamente a Marruecos. Y mientras la campaña electoral se acercaba, esa confrontación política prometía intensificarse.