Ejecución fallida de Christa Pike reaviva debate sobre abolición de pena de muerte en Tennessee

La noche del miércoles en la prisión de máxima seguridad Riverbend, en Nashville, algo salió terriblemente mal. Christa Pike, de 50 años, recibió dos inyecciones de pentobarbital —un barbitúrico potente usado en eutanasia veterinaria y asistencia al suicidio en países donde es legal— pero no murió. Permaneció consciente. Seguía respirando. Los testigos presentes en la sala de ejecución escucharon sus ronquidos audibles durante casi una hora mientras el procedimiento se desmoronaba.

Los periodistas que cubrían el evento reportaron lo que vieron. Kim Chandler, de la agencia Associated Press, contó a CBS News que Pike miró hacia la sala en varios momentos e incluso preguntó al personal penitenciario si se suponía que debía sentirse así. Catherine Sweeney, de la televisión WPLN, describió los ronquidos como estruendosos, dejando claro que la mujer estaba viva. Cuando los reporteros fueron sacados del área, Pike seguía roncando fuertemente.

El Departamento de Prisiones de Tennessee afirmó que había seguido cada paso de su protocolo de ejecución. Trasladaron a Pike a un centro médico fuera de la prisión. Un día después, su estado de salud permanecía en misterio. Las autoridades estatales no explicaron cómo una persona podía sobrevivir a dos dosis letales del fármaco. Robin Maher, directora del Death Penalty Information Center, la principal referencia sobre pena capital en Estados Unidos, declaró que no había precedentes de un caso así.

El fracaso desencadenó una respuesta internacional inmediata. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó al estado de Tennessee a desistir de ejecutar a Pike. Su oficina publicó un comunicado señalando que el caso exponía múltiples razones fundamentales para abolir la pena de muerte: el sufrimiento prolongado —tanto físico como mental— derivado de intentos fallidos de ejecución es abominable y cruel, y permanecen sin resolver cuestiones clave sobre la equidad del juicio.

Los abogados de Pike dijeron que todos los riesgos que habían advertido antes de la ejecución se materializaron: dificultad para acceder a las venas, venas dañadas, pentobarbital degradado y falta de atención médica de emergencia. Pike había sido condenada a muerte en 1995 por el asesinato de Colleen Slemmer, una compañera de 19 años en un centro de formación profesional. Pike tenía 18 años cuando cometió el crimen. Sus dos cómplices, también adolescentes, escaparon de la pena capital. El novio de Pike, de 17 años en ese momento, fue condenado a cadena perpetua.

El asesinato había atraído atención nacional porque el cuerpo de Slemmer fue hallado con una estrella de cinco puntas grabada en el pecho, un símbolo asociado con el satanismo. Pero Pike habría sido la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años, lo que añadía otra capa de significado al procedimiento fallido. Sus abogados argumentaban en una petición de clemencia que Pike padecía trastorno bipolar y estrés postraumático desde la infancia, diagnosticados solo después de su condena a muerte. Fue una niña que soportó violaciones reiteradas, violencia sexual, abandono y traumas profundos. También alegaron que un trastorno sanguíneo que padecía haría que la inyección letal le causara sufrimiento innecesario.

El gobernador republicano Bill Lee ordenó una investigación independiente y suspendió otros procedimientos de ejecución. La ejecución de Gary Wayne Sutton, un asesino convicto programada para el 3 de diciembre, no se llevaría a cabo este año. En Estados Unidos, solo 18 mujeres han sido ejecutadas desde 1976. La pena capital ha sido abolida en 23 de los 50 estados. Otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen una moratoria sobre las ejecuciones. El caso de Pike, con su fracaso brutal y sus preguntas sin respuesta, ahora se suma a un debate más amplio sobre si la pena de muerte debería existir en absoluto.