Duberlí Rodríguez exige investigación penal contra miembros del JNE por desacato

Duberlí Rodríguez, quien alguna vez presidió la Corte Suprema de Justicia del Perú, está ahora en guerra con el organismo electoral del país. Su batalla comenzó cuando el Jurado Nacional de Elecciones rechazó inscribir su partido político, Unidad Popular, argumentando que no había cumplido los plazos requeridos. Rodríguez llevó el caso a los tribunales ordinarios y ganó: el Poder Judicial ordenó al JNE que reconociera la inscripción provisional de su partido, permitiéndole participar en las elecciones generales del próximo año.

Pero el JNE no se doblegó. El 2 de agosto, a través de su procuraduría pública, el organismo electoral presentó un recurso de apelación contra la orden judicial, declarando la decisión del Poder Judicial "inejecutable". Con esa maniobra, el JNE efectivamente ignoró una resolución de la más alta autoridad judicial del país. Rodríguez vio desaparecer sus posibilidades de participación electoral.

La respuesta de Rodríguez fue directa y escalada. En una entrevista con la radio Exitosa, exigió que el Ministerio Público abra un proceso penal contra los cuatro miembros del JNE que votaron para rechazar la inscripción. Los acusó de cometer el delito de desacato y desobediencia a la autoridad. No se conformó con una investigación: pidió también que se ordene prisión preventiva contra los responsables, argumentando que si el sistema judicial ordena medidas cautelares para ciudadanos comunes, debería hacerlo también para funcionarios que desacatan decisiones judiciales.

Rodríguez insistió en que su partido había cumplido "absolutamente con todos los requisitos" para ser inscrito a tiempo y participar en los comicios. Caracterizó lo ocurrido como un "atropello" y un "abuso contra la democracia". Su argumento es que si el Poder Judicial ordena algo, los organismos electorales están obligados a obedecer, sin importar si están de acuerdo con la decisión.

El conflicto expone una fractura profunda en la arquitectura institucional peruana. El JNE, que tiene autonomía para administrar procesos electorales, aparentemente considera que sus decisiones sobre inscripción de partidos no pueden ser revocadas por los tribunales. El Poder Judicial, por su parte, sostiene que tiene autoridad para proteger derechos fundamentales como la participación política, incluso contra decisiones del organismo electoral. Rodríguez, desde su posición como líder de un partido rechazado, se convierte en el catalizador de una disputa que va más allá de su caso individual. Lo que está en juego es quién tiene la última palabra cuando dos instituciones del Estado entran en conflicto directo sobre los derechos políticos de un ciudadano.