DHS incluye a seis cubanos entre los peores criminales deportados a terceros países

Más de 42.000 cubanos tienen órdenes finales de deportación vigentes y miles permanecen sin destino, mientras 18.453 personas fueron enviadas a terceros países entre enero de 2025 y marzo de 2026.
Seis cubanos entre 18.453 deportados a terceros países
El DHS destacó seis casos graves, mientras cerca del 80 % de los deportados no tendría antecedentes, según el MPI.
Mark

¿Por qué publica el DHS esta lista ahora?

Mimi

Forma parte de la campaña «Worst of the Worst», con listas periódicas desde enero de 2025. Esta vez sirve para defender las deportaciones a terceros países, que reciben cada vez más críticas.

Mark

¿Qué papel juega Cuba?

Mimi

La isla rechaza de forma selectiva a sus deportados, sobre todo a los de antecedentes graves o los que salieron antes de enero de 2017. Por eso Washington recurre a Sudán del Sur, Esuatini, Liberia o Guinea Ecuatorial.

Luke

Ojo con el marco: los seis casos son condenas graves, pero son seis entre 18.453 deportados a terceros países. No dicen nada sobre el conjunto.

Mimi

Cierto. Y el Migration Policy Institute estima que cerca del 80 % de los deportados bajo las políticas actuales no tenía antecedentes penales.

Luke

Esa cifra es un análisis de una sola institución, y habla de deportaciones en general, no solo a terceros países. Conviene no mezclarlas.

Mark

¿Y la frase de que «ni sus países los quieren»?

Luke

Es la versión del DHS. El texto no recoge la postura de La Habana sobre estos seis casos concretos.

Mimi

Lo que sí consta es que Cuba aceptó un vuelo directo en febrero de 2026, aunque sigue revisando caso por caso.

Mark

¿Y quienes siguen sin destino?

Mimi

Más de 42.000 cubanos tienen órdenes finales de deportación vigentes, y siguen en un limbo.

  • Seis cubanos con condenas graves aparecen entre los veinte deportados que el DHS acaba de exhibir públicamente.
  • La negativa selectiva de La Habana a recibir a sus ciudadanos ha empujado a Washington hacia acuerdos con Sudán del Sur, Esuatini, Liberia y Guinea Ecuatorial.
  • Un análisis del Migration Policy Institute sostiene que cerca del 80 % de los deportados no tenía antecedentes penales, y las críticas se intensifican.
  • Más de 42.000 cubanos con órdenes finales de deportación siguen en limbo, mientras la isla mantiene una revisión caso por caso que deja a miles sin destino.

Mientras Estados Unidos busca dar salida a miles de órdenes de expulsión que se han quedado sin ejecutar, el Departamento de Seguridad Nacional ha puesto nombre y apellido a veinte personas enviadas a países que no son los suyos, seis de ellas cubanas con historiales de homicidio, narcotráfico y secuestro. Es un episodio que se inscribe en una larga historia de migrantes atrapados entre dos gobiernos que no logran ponerse de acuerdo sobre quién debe recibirlos. La decisión responde a la negativa de La Habana a readmitir a buena parte de sus ciudadanos, pero también revela el costo humano de un sistema donde la seguridad y la justicia migratoria se miden con cifras que no siempre distinguen entre culpables y personas sin antecedentes.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos difundió este martes un comunicado con veinte casos de extranjeros criminales deportados a terceros países, porque sus naciones de origen se negaron a recibirlos. Seis de ellos son cubanos, con condenas que van desde el homicidio premeditado hasta el narcotráfico y el secuestro.

Entre los nombres figuran José Manuel Rodríguez-Quiñones, con condenas en Florida por asesinato con arma, tráfico de cocaína e incendio provocado, y Enrique Arias Hierro, condenado por intento de asesinato y secuestro. Ambos fueron enviados a Sudán del Sur en mayo de 2025. Otros tres fueron llevados a Esuatini en julio y agosto de 2025, entre ellos un integrante de la pandilla Latin Kings.

El secretario Markwayne Mullin defendió la medida asegurando que el país ya no carece de destinos para expulsar a quienes evitaban la deportación. El trasfondo es el rechazo histórico de La Habana a readmitir a ciertos deportados, sobre todo a quienes tienen antecedentes graves, lo que llevó a Washington a firmar acuerdos con terceros países.

Las cifras muestran la magnitud: entre enero de 2025 y marzo de 2026, 18.453 personas fueron enviadas a terceros países, 4.353 de ellas cubanas. Mientras tanto, más de 42.000 cubanos tienen órdenes finales de deportación vigentes, y un análisis del Migration Policy Institute advierte que cerca del 80 % de los deportados no tenía antecedentes penales.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) difundió este martes un comunicado con 20 casos de criminales extranjeros que fueron deportados a terceros países porque sus naciones de origen se negaron a recibirlos. Seis de ellos son cubanos, con condenas que van del homicidio premeditado al narcotráfico y el secuestro.

Los seis nombres que el DHS hizo públicos son José Manuel Rodríguez-Quiñones, Enrique Arias Hierro, Roberto Mosquera-Del Peral, Jhanmay Molina Pérez, Yosmel Luis Palomino Galán y Eugenio Douquesne-Millet. Rodríguez-Quiñones acumula condenas en Florida por asesinato en primer grado con arma, tráfico de cocaína e incendio provocado. Arias Hierro fue condenado, también en Florida, por intento de asesinato, secuestro, robo con arma mortal y suplantación de agente. Ambos fueron enviados a Sudán del Sur en mayo de 2025.

Mosquera-Del Peral, integrante de la pandilla Latin Kings, fue deportado a Esuatini en julio de 2025. Había sido condenado en Florida por asesinato premeditado en primer grado y por agresión agravada a un agente de la ley. Los otros tres fueron deportados en agosto de 2025. Molina Pérez carga con una condena por homicidio en California. Palomino Galán fue sentenciado en Florida por dos cargos de asesinato premeditado con arma mortal. Douquesne-Millet suma condenas por homicidio en segundo grado, dos cargos de tráfico de cocaína y conspiración para traficar la misma sustancia en Carolina del Norte, además de nueve cargos de allanamiento en Florida.

El secretario del DHS, Markwayne Mullin, defendió los acuerdos con una frase directa: gracias a ellos, dijo, han podido deportar a algunos de los peores criminales extranjeros ilegales, incluidos algunos tan bárbaros que ni sus propios países los quieren de vuelta, como asesinos, pedófilos, violadores y narcotraficantes. Añadió que durante demasiado tiempo extranjeros con órdenes de expulsión evitaron la deportación porque el DHS no tenía adónde enviarlos, y que con las deportaciones legales a terceros países esos días se acabaron.

El trasfondo cubano es largo. El gobierno de la isla ha mantenido históricamente una política de rechazo selectivo a readmitir a sus ciudadanos deportados desde Estados Unidos, sobre todo a quienes tienen antecedentes penales graves o salieron de Cuba antes de los acuerdos migratorios de enero de 2017. Esa negativa llevó a Washington a firmar acuerdos con terceros países, entre ellos Sudán del Sur, Esuatini, Liberia y Guinea Ecuatorial, para poder ejecutar las órdenes de expulsión.

La política fue formalizada en marzo de 2025 y la Corte Suprema la respaldó ese mismo año. El comunicado forma parte de la campaña periódica «Worst of the Worst» de la administración Trump, que desde enero de 2025 publica listas de inmigrantes con antecedentes criminales arrestados o expulsados. Llega en un momento de críticas crecientes: un análisis del Migration Policy Institute indica que cerca del 80 % de las personas deportadas bajo las políticas actuales no tenía antecedentes penales.

Las cifras dan la dimensión del asunto. Entre enero de 2025 y marzo de 2026, Estados Unidos deportó a 18.453 personas a terceros países, y 4.353 de ellas eran cubanas, el grupo nacional más numeroso. En febrero de 2026, La Habana aceptó un vuelo de deportación directa con personas condenadas por delitos graves, pero mantiene una revisión caso por caso que deja a miles sin destino en la isla. Más de 42.000 cubanos tienen órdenes finales de deportación vigentes, lo que coloca a Cuba entre los países con más nacionales en esa situación.

Con las deportaciones legales a terceros países, esos días se acabaron.
— Markwayne Mullin, secretario del DHS
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