En el norte de Veracruz, cinco marinos en activo y un policía estatal fueron detenidos por haber convertido su patrulla en instrumento de secuestro y extorsión contra una pareja civil en noviembre de 2025. El caso no es solo un crimen: es la imagen de una institución que se devora a sí misma, pues quienes portaban el uniforme de la protección se convirtieron en la amenaza que debían combatir. La pregunta que deja abierta no es solo jurídica, sino moral: cuántas veces más ha ocurrido esto en silencio, y cuántas víctimas han preferido callar antes que denunciar a sus propios captores uniformados
Detienen a 5 marinos y policía estatal por secuestro exprés y cobro de rescate en Veracruz
Cuando vistes uniforme, la víctima está sola y sin forma de verificar
¿Cómo es posible que elementos en activo cometan un delito tan evidente?
No es que sea invisible. Es que tienen poder. Cuando vistes uniforme y manejas una patrulla, la víctima está sola, lejos de testigos, sin forma de verificar si realmente eres quien dices ser.
¿Por qué pidieron que escribieran "Juan Pérez" en la transferencia?
Era un intento de crear distancia entre el delito y ellos. Si la transferencia dice "Juan Pérez", la cuenta no aparece directamente vinculada. Es lo que hacen los criminales cuando saben que dejan rastro.
¿Qué hace que este caso sea diferente de otros secuestros?
Que los captores no eran criminales comunes. Eran la autoridad. Eso cambia todo. La gente confía en una patrulla. Cuando esa confianza se convierte en arma, el daño es más profundo.
¿Cómo descubrieron a estos seis?
Las víctimas denunciaron. Probablemente porque el dinero se movió por canales bancarios, dejó un registro. Y porque alguien en la cadena de mando decidió investigar en serio.
¿Qué pasa ahora con ellos?
Enfrentan a un juez. Pero la pregunta real es qué pasa con la institución. ¿Cómo llegaron seis elementos a pensar que podían hacer esto sin consecuencias?
El Pulso
- Una pareja fue interceptada en carretera por una patrulla oficial y, en cuestión de horas, se convirtió en rehén de los mismos agentes que debían garantizar su seguridad.
- Los uniformados encontraron una pistola casera como pretexto y de inmediato exigieron 100 mil pesos para no proceder con una detención formal, despojando a las víctimas de sus teléfonos y pertenencias.
- Bajo coacción, las víctimas realizaron una transferencia de 30 mil pesos con un nombre falso dictado por sus captores, antes de ser trasladadas a una zona rural aislada donde la extorsión escaló.
- Desde ese paraje de terracería, los secuestradores obligaron a las víctimas a llamar a sus familias y exigieron 100 mil pesos adicionales, alcanzando un rescate total de 130 mil pesos antes de liberarlas.
- Los seis elementos —todos en activo al momento de su captura— fueron detenidos y serán presentados ante un juez de control en Tuxpan, mientras el caso expone una corrupción que opera desde el interior de las instituciones de seguridad.
En el norte de Veracruz, cinco marinos en activo y un policía estatal fueron detenidos por haber convertido su patrulla en instrumento de secuestro y extorsión contra una pareja civil en noviembre de 2025. El caso no es solo un crimen: es la imagen de una institución que se devora a sí misma, pues quienes portaban el uniforme de la protección se convirtieron en la amenaza que debían combatir. La pregunta que deja abierta no es solo jurídica, sino moral: cuántas veces más ha ocurrido esto en silencio, y cuántas víctimas han preferido callar antes que denunciar a sus propios captores uniformados.
A mediados de agosto, las autoridades de Veracruz anunciaron la detención de seis elementos de seguridad pública acusados de secuestro exprés y extorsión: cinco marinos adscritos a la Semar y un policía de la SSP estatal. El delito que se les imputa no es menor —es la traición más profunda que puede cometer un agente del Estado: usar el uniforme como arma contra los ciudadanos que juró proteger.
Todo ocurrió el 2 de noviembre de 2025 en la carretera entre Álamo Temapache y Tihuatlán. Una pareja se dirigía a un OXXO cuando fue detenida por una patrulla en apariencia rutinaria. Durante el registro, los agentes hallaron una pistola casera calibre .22 y convirtieron ese hallazgo en palanca: paguen 100 mil pesos o los detenemos formalmente. Las víctimas, intimidadas y sin sus teléfonos, realizaron una transferencia de 30 mil pesos a una cuenta de BanCoppel, con un concepto falso dictado por los propios captores.
La extorsión no terminó ahí. La pareja fue subida a la patrulla y llevada a una zona de terracería en las inmediaciones de La Reforma-Estero del Ídolo. Desde ese lugar aislado, los agentes los obligaron a contactar a sus familiares con una exigencia clara: 100 mil pesos más o no los volvían a ver. La familia pagó. Con ese segundo desembolso, el rescate total ascendió a 130 mil pesos, y solo entonces la pareja fue liberada.
Los seis detenidos —con edades entre 23 y 44 años, todos en activo al momento de los hechos— serán presentados ante un juez de control en el distrito de Tuxpan. Su captura es un paso, pero también una señal de alarma: si estos crímenes ocurrieron bajo credenciales oficiales y con patrullas institucionales, la pregunta inevitable es cuántos casos similares permanecen sin denuncia, sepultados por el miedo a señalar a quienes tienen el poder de la ley en sus manos.
A mediados de agosto, las autoridades de Veracruz capturaron a seis elementos de seguridad acusados de un delito que toca el corazón mismo de la confianza pública: cinco marinos y un policía estatal que, según las investigaciones, utilizaron su uniforme y su patrulla para secuestrar a una pareja, robarles dinero y extorsionar a sus familias. El caso expone cómo la corrupción puede operar desde adentro de las instituciones que supuestamente protegen a la ciudadanía.
Todo comenzó el 2 de noviembre de 2025 en la carretera que conecta Álamo Temapache con Tihuatlán, en el norte de Veracruz. Una pareja se dirigía a un comercio OXXO para hacer un retiro cuando fue interceptada por una patrulla. Los oficiales —Ángel de Jesús, de 23 años; Gabriel, de 32; Yahir, de 24; Pedro, de 44; Omar David, de 23; todos marinos en activo, más Noé Alberto, policía estatal de 32 años— realizaban lo que aparentaba ser un rondín de rutina. Durante el registro, los uniformados encontraron una pistola casera calibre .22 en poder de los detenidos. Fue el pretexto que necesitaban.
Uno de los policías propuso un acuerdo: 100 mil pesos a cambio de no proceder con la detención formal. Las víctimas, intimidadas, fueron despojadas de sus teléfonos y pertenencias. En ese mismo sitio, bajo presión, realizaron una transferencia bancaria de 30 mil pesos a una cuenta de BanCoppel vinculada a uno de los detenidos. El concepto de la transferencia fue escrito por los propios captores: "Juan Pérez", un nombre falso que buscaba ocultar la naturaleza del delito.
Pero la extorsión no terminó en la carretera. Los dos secuestrados fueron subidos a la patrulla y trasladados a una zona de terracería cerca de La Reforma-Estero del Ídolo, en el municipio de Álamo Temapache. Ahí, privados de libertad en un lugar aislado, sus captores los obligaron a llamar a sus familiares. El mensaje era claro: paguen 100 mil pesos más o no verán a sus parientes de nuevo. La familia cumplió. Con ese segundo pago, que sumado a la transferencia inicial alcanzaba los 130 mil pesos, la pareja fue liberada.
Los seis detenidos fueron presentados ante un juez de control en el distrito de Tuxpan. Todos estaban en activo al momento de su captura, lo que significa que cometieron estos delitos mientras portaban credenciales oficiales y actuaban bajo la apariencia de autoridad. El caso representa más que un crimen individual: es un síntoma de corrupción institucional que erosiona la legitimidad de las fuerzas de seguridad. Mientras las investigaciones avanzan, queda la pregunta de cuántos otros casos similares permanecen sin denunciar, cuántas víctimas más han sido extorsionadas por quienes juraron protegerlas.
Citas Notables
Los detenidos habrían privado de la libertad a sus víctimas durante un rondín de patrullaje y posteriormente cobrado un rescate— Información de investigación ministerial