En Coronel Pringles, un pueblo del interior bonaerense, la presencia de carne colgada en el patio de una vivienda particular desató una cadena de sospechas que llevó a la intervención policial y sanitaria. Gabriel Molina, el propietario señalado, defiende su práctica como caza legal y consumo personal, mientras las autoridades aguardan los resultados de análisis de Bromatología para determinar si existe o no comercialización clandestina. El caso pone en evidencia una tensión antigua y persistente en las comunidades rurales: la frontera porosa entre la subsistencia legítima y el comercio inform