Destituyen a abogado de la SMA por generar más de 3 mil archivos sexuales con IA

Maximiliano Ramírez, abogado y exjefe de la sección de atención a público y regulado de la Superintendencia del Medio Ambiente, fue destituido el pasado junio tras un sumario administrativo que lo halló responsable de acoso y de graves infracciones a los principios de probidad y dignidad. La investigación reveló que había utilizado inteligencia artificial para generar representaciones sexualmente explícitas de mujeres, usando para ello fotografías que había recopilado sin consentimiento.

La acumulación de material fue considerable. Los investigadores encontraron más de tres mil archivos almacenados en dispositivos vinculados a Ramírez: fotografías, capturas de conversaciones y contenido sexual sintético. Las imágenes originales provenían de sus círculos laborales y universitarios, muchas de ellas obtenidas directamente desde redes sociales. El sumario concluyó que el abogado había tomado esas fotografías y las había procesado mediante inteligencia artificial para crear representaciones que eran, según los términos del procedimiento, "sexualmente explícitas y altamente realistas".

Lo que hace el caso particularmente notable es el contraste entre la trayectoria profesional de Ramírez y sus acciones. Egresado de la Universidad Diego Portales, contaba con un magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, otro en Derecho Público y Litigación Constitucional, y un diplomado en Derechos Humanos y Empresas. Su formación incluía además estudios específicos en equidad de género: en 2018 realizó un curso sobre equidad de género en la propia SMA, y en 2020 participó en un programa sobre políticas pro-equidad de género impartido por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Según testimonios de compañeras citados por The Clinic, Ramírez se presentaba a sí mismo como feminista.

La destitución constituye la sanción disciplinaria más severa del Estatuto Administrativo. Sin embargo, la responsabilidad penal aún no está determinada. El Ministerio Público confirmó que una funcionaria de la SMA presentó una denuncia, y la causa permanece desformalizada mientras se desarrollan diligencias en coordinación con la Brigada del Cibercrimen de la PDI. La pregunta legal pendiente es si la conducta configura algún delito conforme a la legislación chilena. Por ahora, la generación mediante inteligencia artificial de imágenes sexualmente explícitas de personas adultas, incluso cuando se utilizan sus rostros sin autorización, no constituye necesariamente un ilícito penal en el país.

La defensa de Ramírez, representada por el abogado Eduardo Espinoza Rodríguez, ha cuestionado las conclusiones del sumario. Sostiene que no está acreditada la participación de su cliente en la creación o alteración de las imágenes, y ha puesto en duda la forma en que fueron obtenidos los archivos, argumentando que fueron extraídos de un computador personal al que habría tenido acceso una tercera persona. Espinoza también enfatizó que Ramírez no ha sido notificado de causa penal alguna en su contra.

La ministra de la Mujer, Judith Marín, condenó los hechos y anunció apoyo a las mujeres afectadas a través de SernamEG. Más significativamente, planteó que la legislación debe actualizarse para enfrentar nuevas formas de violencia asociadas a la inteligencia artificial. "Como Ministerio estamos evaluando mejoras a la ley integral que se promulgó en el año 2024, que, si bien contempla como delito la difusión y el compartir imágenes íntimas sin consentimiento, sabemos que esto es insuficiente en vista del avance de la tecnología y el uso de la inteligencia artificial", señaló. El gobierno ha indicado que seguirá de cerca el avance de la investigación penal.