Demanda por $4 millones sacude a cadena de gasolineras elogiada por Trump

A cadena de gasolineras Freedom Fuel Network se convirtió en noticia nacional a mediados de julio cuando comenzó a vender gasolina a precios que desafiaban toda lógica de mercado. En el área de Filadelfia y Nueva Jersey, mientras los precios nacionales se disparaban más de un 30 por ciento respecto al año anterior, Freedom Fuel ofrecía combustible a 3,48 dólares el galón, casi 50 centavos menos que la competencia local. El presidente Donald Trump tomó nota y elogió públicamente a la empresa en Truth Social, describiéndola como un modelo que otros deberían seguir, un gesto de apoyo que amplificó la atención sobre el misterio central: ¿cómo era posible que una cadena nueva pudiera sostener márgenes tan agresivos?

La empresa mantuvo un silencio estratégico sobre los detalles de su modelo. No explicó cómo financiaba esos precios bajos, ni cuánto tiempo planeaba mantenerlos. La Casa Blanca, cuando se le preguntó, fue categórica: Freedom Fuel era una empresa privada sin subsidios gubernamentales, sin apoyo estatal, sin conexión alguna con la administración. Simplemente estaban reduciendo sus márgenes de ganancia, dijeron los portavoces, para hacer la gasolina más asequible a los conductores de la región.

Esa narrativa comenzó a resquebrajarse el 19 de agosto cuando Mansfield Oil Company, una proveedora de combustible con sede en Gainesville, Georgia, presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Pensilvania. La acusación era directa: la empresa que compraba el combustible para Freedom Fuel Network, una corporación llamada KRSM con domicilio en Lawrenceville, Nueva Jersey, no había pagado 4 millones de dólares por gasolina entregada el mes anterior. Según el abogado de Mansfield, Urs Broderick Furrer, al menos 1,12 millones de galones fueron distribuidos a no menos de diez estaciones de Freedom Fuel. Cinco semanas después de la última entrega, ni un dólar había sido pagado.

La demanda no incluía a Freedom Fuel como demandada, sino que apuntaba directamente a KRSM y a su presidente, Syed Kazmi. Esta estructura legal sugería que Freedom Fuel podría estar operando como cliente de KRSM, no como propietaria de la operación de compra de combustible. El abogado de KRSM, Mauro Tucci, rechazó las acusaciones y caracterizó el conflicto como una disputa contable, alegando que Mansfield Oil había calculado incorrectamente el precio de las facturas. Tucci indicó que KRSM impugnaría la demanda pero se negó a hacer comentarios adicionales sobre el litigio pendiente.

Mientras tanto, los precios en las estaciones Freedom Fuel ya habían comenzado a subir. A finales de agosto, varias ubicaciones en los suburbios de Filadelfia aparecían en el rastreador de precios GasBuddy vendiendo gasolina a 3,99 dólares el galón, el mismo precio que el promedio local. El promedio nacional se mantenía en 4,08 dólares, según datos de AAA, y en Pensilvania alcanzaba 4,22 dólares. La promesa de Trump de que los precios volverían a los mínimos históricos que disfrutaban los estadounidenses antes de la incursión en Irán no se había materializado; la guerra en Irán se había prolongado, y los precios seguían elevados.

La demanda plantea preguntas incómodas sobre cómo Freedom Fuel financiaba sus precios iniciales. Si KRSM no pagó a su proveedor, ¿de dónde provenía el dinero que Freedom Fuel recibía por la venta de combustible? ¿Estaba la cadena operando con pérdidas deliberadas, o había un mecanismo de financiamiento no revelado? La Casa Blanca había insistido en que no había subsidios gubernamentales, pero la demanda sugiere que al menos una parte de la operación estaba funcionando sin pagar sus deudas. El caso ahora descansa en manos del tribunal, mientras Freedom Fuel continúa operando con precios que, aunque más altos que en julio, siguen siendo competitivos en la región.