La coordinación presuntamente comenzó el 12 de septiembre cuando CEOs de las cuatro empresas respondieron públicamente al llamado de Dario Amodei para desacelerar avances en favor de seguridad. Los demandantes, suscriptores de pago de estos servicios, argumentan que acuerdos privados entre rivales sustituyen responsabilidad individual por contención colectiva, violando leyes de competencia.