Cuba autoriza por primera vez empresas mixtas estatales-privadas en búsqueda de oxígeno económico

La cúpula gobernante de Cuba acaba de autorizar algo que no había permitido en casi seis décadas: que empresas privadas y estatales trabajen juntas bajo un mismo techo. El Consejo de Estado aprobó el Decreto Ley 114/2025, que entrará en vigor a inicios de abril, abriendo la puerta a sociedades de responsabilidad limitada mixtas. Es un gesto que revela cuánto ha cambiado la presión sobre el régimen, y cuánto ha fallado el modelo que lo sostuvo durante generaciones.

La nueva normativa otorga a estas empresas conjuntas una libertad que ha sido ajena a la economía cubana: pueden diseñar su propia estructura administrativa, fijar el número de trabajadores y sus salarios sin someterse a los rígidos mandatos de la planificación central. Pueden abrir sucursales dentro y fuera de la isla. Pueden diversificar sus operaciones en múltiples sectores. Lo que no pueden hacer es tocar la salud, la educación, o cualquier cosa vinculada a las fuerzas armadas. Esos espacios permanecen bajo control absoluto del Estado. Es una apertura calculada, no una rendición.

Esta decisión no surge del vacío. En 2021, después de casi sesenta años de prohibición, el régimen permitió la creación de pequeñas y medianas empresas privadas, limitadas a cien empleados y a rubros específicos. Desde entonces, el sector privado ha crecido de forma sostenida, impulsado por una realidad que el gobierno no puede negar: el Estado no genera divisas, no sostiene la producción, no puede mantener en pie lo que construyó. Para 2025, aproximadamente 9.900 empresas privadas ya representaban alrededor del 15 por ciento del Producto Interno Bruto y empleaban a más del 30 por ciento de la población activa. Las ventas minoristas del sector privado superaron por primera vez a las del sector público ese mismo año, concentrando el 55 por ciento del comercio total. El aparato estatal, que fue la columna vertebral de la revolución, se ha convertido en un lastre que el país no puede cargar solo.

La economía cubana está en crisis profunda. La mala administración, la falta de inversión, el colapso de la producción, la escasez de combustible, la caída del turismo, y una reforma monetaria que el propio régimen implementó y que fracasó, han dejado al país sin aire. Las empresas estatales son débiles, la inversión extranjera brilla por su ausencia en un ambiente de inseguridad jurídica. Washington, por su parte, ha autorizado la venta de combustible a empresas privadas de la isla, con la condición de que esas transacciones no beneficien directamente al gobierno comunista. Es una grieta más en el muro.

Lo que el Decreto Ley 114/2025 reconoce implícitamente es que el modelo estatista ha fracasado. No lo dice así, pero está ahí en cada línea: en la autonomía que ahora permite, en la liberación de la planificación central, en la aceptación de que la iniciativa privada puede hacer lo que el Estado no puede. Cuba está buscando oxígeno económico, y está dispuesta a ceder espacios que hace poco tiempo hubiera considerado intolerables. Mantiene los controles donde más le importan, pero cede donde tiene que ceder. Es un cambio de régimen sin cambio de régimen, una adaptación forzada por la realidad.