Crisis sin precedentes en el STF brasileño eclipsa campaña presidencial a un mes de elecciones

A treinta días de la primera vuelta electoral en Brasil, la contienda presidencial ha quedado relegada a un segundo plano. Lo que acapara la atención nacional es un enfrentamiento sin precedentes entre dos de los ministros más poderosos del Supremo Tribunal Federal: Alexandre de Moraes y André Mendonça. El intercambio de acusaciones entre ambos, desencadenado por investigaciones relacionadas con el exbanquero Daniel Vorcaro y el caso Master, ha alcanzado una intensidad que sorprende incluso en un país acostumbrado a turbulencias políticas e institucionales.

El martes pasado, Mendonça hizo público un informe de la Policía Federal basado en mensajes extraídos de los teléfonos incautados a Vorcaro. El documento contiene referencias a encuentros entre el exbanquero y Moraes, negociaciones de dos contratos entre el Banco Master y el despacho jurídico de la esposa del ministro, imágenes de conversaciones entre Vorcaro y el fiscal general Paulo Gonet, y menciones al director de la Policía Federal Andrei Rodrigues. Mendonça solicitó al presidente del STF, Edson Fachin, que estos hallazgos fueran discutidos ante el pleno de la Corte, que funciona incompleto desde la jubilación anticipada de Luís Roberto Barroso hace más de un año. Por primera vez en más de cien años, el Senado rechazó el nombre propuesto por el presidente para ocupar esa vacante, dejando el tribunal sin perspectivas de completar su quórum.

Dos días después, en respuesta directa, Moraes utilizó una investigación bajo su responsabilidad —conocida como la "investigación del fin del mundo", abierta a comienzos de 2019— para atribuir a Mendonça indicios de abuso de autoridad y delito de responsabilidad. Un ministro acusado por otro no respondió a los indicios específicos, sino que lanzó acusaciones graves y directas contra su colega. Antes de este intercambio, el fiscal general ya había cuestionado la validez del informe sobre los mensajes de Vorcaro, argumentando que debería haber existido aprobación previa de la mayoría de los ministros del STF antes de que la policía registrara indicios relacionados con Moraes y con el propio Gonet.

Moraes no se ha pronunciado públicamente sobre el informe policial. En ocasiones anteriores, cuando la prensa reveló la existencia del contrato entre el Banco Master y el despacho de su esposa, alegó que se trataba de un servicio jurídico legítimo. Mendonça, por su parte, niega haber actuado con interés político en el caso Master, aunque sus detractores señalan que fue ministro en el Gobierno de Bolsonaro y fue nominado al STF por el expresidente, lo que sugeriría un sesgo en su conducta. Tampoco se ha manifestado públicamente tras la medida tomada por Moraes.

La crisis de legitimidad del tribunal es profunda. En junio, una encuesta de Datafolha preguntó a los brasileños si sentían orgullo o vergüenza de diversas instituciones públicas. El Supremo fue señalado como motivo de vergüenza por el 58 por ciento de los encuestados, un nivel comparable al rechazo histórico que sufren organismos como el Congreso Nacional. El viernes pasado, Fachin señaló públicamente la necesidad de poner fin a la investigación del fin del mundo, que simboliza la acumulación de poder por parte de Moraes en los últimos años. Moraes fue responsable del proceso que llevó a la condena del expresidente Jair Bolsonaro por delitos contra la democracia, convirtiéndolo en el blanco preferente de los partidarios de Flávio Bolsonaro, candidato del PL a la presidencia.

El contexto institucional brasileño amplifica esta crisis. Ninguna democracia liberal otorga a un tribunal constitucional tanto protagonismo como el sistema brasileño. La Corte Suprema de Estados Unidos recibe cerca de siete mil solicitudes de recurso al año y acepta juzgar menos de cien. Solo en el primer semestre de 2025, el STF juzgó más de 57 mil procesos. Mientras que tribunales constitucionales en todo el mundo se concentran en cuestiones constitucionales, en Brasil el Supremo cumple una triple función: corte constitucional, tribunal de apelación y, para determinadas autoridades nacionales, primera instancia en causas penales.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva intenta evitar que su imagen se vea afectada, algo difícil a tan poco tiempo de las elecciones y tras la percepción de una alianza entre los poderes Ejecutivo y Judicial durante su mandato. El precedente es inquietante. En 2013, manifestaciones iniciadas con críticas a las tarifas de autobús desembocaron en una espiral de protestas contra todo y contra todos, reduciendo a la mitad el índice de aprobación superior al 60 por ciento de la entonces presidenta Dilma Rousseff. Dilma fue reelegida al año siguiente, pero en la contienda más reñida hasta entonces. Dos años después, fue destituida por el Congreso. El malestar con la política tradicional contribuyó a impulsar la elección de Bolsonaro en 2018. Lula, experimentado como pocos, conoce los riesgos que este clima de "que se vayan todos" puede suponer para su campaña de reelección, especialmente cuando su Gobierno ya enfrenta desaprobación mayor que aprobación en la opinión pública. El viernes, el presidente afirmó que "nadie puede utilizar el cargo que ocupa en beneficio personal", buscando alinearse con la indignación ante la crisis mientras critica las "filtraciones selectivas" en las investigaciones policiales. Flávio Bolsonaro es quien puede sacar mayor provecho al reiterar acusaciones de persecución contra su padre, aunque él mismo fue sorprendido en mensajes con Vorcaro pidiendo dinero para la película "Dark Horse", lo que limita su capacidad de explotar públicamente el caso Master. A un mes de la primera vuelta, la crisis del STF ha adquirido dimensiones de vendaval, y quienes participan en la contienda presidencial intentan no ser arrastrados con ella.