Crisis del cribado de cáncer de mama en Andalucía: 2.000 mujeres afectadas por fallos en seguimiento

Andalucía descubrió hace poco que aproximadamente 2.000 mujeres nunca recibieron notificación de resultados dudosos en sus mamografías de cribado, ni fueron citadas para el seguimiento que sus hallazgos requerían. El Servicio Andaluz de Salud reconoció que fallos en sus protocolos internos dejaron a estas pacientes en la incertidumbre, sin saber si debían esperar una llamada del sistema público o buscar pruebas complementarias por su cuenta en clínicas privadas. Algunos de estos retrasos se extendieron durante meses, incluso más de un año, antes de que las mujeres tuvieran claridad sobre qué hacer con sus resultados.

El programa de cribado de cáncer de mama es una herramienta de salud pública diseñada para detectar lesiones potencialmente malignas en mujeres sin síntomas, mediante mamografías periódicas. Cuando funciona correctamente, permite identificar tumores en estadios iniciales, cuando el tratamiento es más efectivo y las posibilidades de supervivencia son mayores. Hasta ahora, Andalucía ofrecía este cribado a mujeres entre 48 y 71 años, con un compromiso desde 2023 de expandir el rango a mujeres de 45 a 75 años para 2027. Pero los fallos recientes han puesto en duda la capacidad del sistema para gestionar incluso su alcance actual.

La gravedad de esta situación radica en múltiples capas. En el plano sanitario, cuando una mamografía detecta un hallazgo sospechoso pero la paciente nunca es informada ni citada para seguimiento, el resultado puede ser un diagnóstico tardío de cáncer de mama. Esa demora empeora significativamente el pronóstico, reduce las opciones de tratamiento y compromete las tasas de supervivencia. Más allá del daño individual, la crisis ha erosionado la confianza pública en los programas de prevención del sistema público. Muchas mujeres ahora recurren a pruebas privadas, lo que profundiza las desigualdades en el acceso a la atención sanitaria. La administración también enfrenta posibles reclamaciones legales por los daños causados a las pacientes, con implicaciones económicas y preguntas sobre la capacidad del sistema público para garantizar estándares mínimos de calidad.

La Junta de Andalucía atribuyó los fallos a dos causas principales: deficiencias en los circuitos de comunicación institucional que impidieron alertar adecuadamente a las mujeres con resultados dudosos, y limitaciones en el protocolo del programa que no consideraba ciertos hallazgos como de notificación obligatoria. También señaló disfunciones en los sistemas informáticos de gestión. En respuesta, anunció una revisión exhaustiva de todas las mamografías realizadas en los últimos tres años, con el objetivo de identificar casos pendientes y establecer contacto con todas las mujeres afectadas. Habilitó un buzón de contacto para que las mujeres con dudas se dirijan directamente a la administración sanitaria y se comprometió a proporcionar respuestas individualizadas y derivaciones al centro sanitario correspondiente.

Pero las asociaciones de pacientes y los sindicatos han criticado duramente tanto la lentitud de la administración para reconocer públicamente el problema como la insensibilidad percibida en su comunicación con las afectadas. Advierten que la tardanza en admitir las deficiencias del sistema dejó a muchas mujeres en la incertidumbre durante meses. Más preocupante aún es que la Junta anuncie la ampliación del programa a mujeres de 45 a 75 años sin haber resuelto primero las deficiencias estructurales que causaron la crisis actual. Ampliar el rango de edad significa incorporar cientos de miles de mujeres adicionales a un sistema que ya ha demostrado ser incapaz de gestionar adecuadamente su carga actual. Sin un aumento proporcional de personal especializado, equipos de diagnóstico y capacidad administrativa, los tiempos de respuesta se alargarán aún más, y los mismos errores que afectaron a 2.000 mujeres podrían repetirse a escala mucho mayor.

Las preguntas fundamentales permanecen sin respuesta. No se sabe cuántas de las mujeres afectadas terminaron desarrollando un cáncer más avanzado que habría podido detectarse en estadios tempranos con el seguimiento adecuado. El número real de afectadas podría superar significativamente las 2.000 reconocidas oficialmente. Y persiste la incertidumbre sobre si habrá responsabilidades políticas concretas o sanciones para los responsables de los fallos. Las asociaciones de pacientes exigen dimisiones, auditorías exhaustivas y comisiones de investigación que determinen las responsabilidades en todos los niveles de la administración autonómica. Lo que comenzó como un fallo administrativo se ha convertido en una crisis de confianza que pone en tela de juicio la capacidad del sistema público para proteger la salud de las mujeres andaluzas.