Crisis del cribado de cáncer de mama en Andalucía: 2.000 mujeres afectadas por fallos en detección

Andalucía descubrió hace poco que alrededor de 2.000 mujeres nunca fueron contactadas para seguimiento después de someterse a mamografías de rutina que mostraban hallazgos sospechosos. Estas mujeres tenían resultados clasificados como lesiones posiblemente benignas, pero el sistema de salud pública no les comunicó nada. No recibieron citaciones para pruebas adicionales. No supieron que debían volver. Algunos de estos casos llevaban meses o más de un año sin respuesta, dejando a las pacientes en la incertidumbre sobre si debían esperar una llamada o pagar de su bolsillo por pruebas privadas.

El programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía existía para hacer exactamente lo opuesto: detectar tumores en etapas tempranas, cuando el tratamiento es más efectivo y las posibilidades de supervivencia son mayores. Hasta ahora cubría a mujeres entre 48 y 71 años. El Servicio Andaluz de Salud había prometido desde 2023 expandir ese rango hasta incluir a mujeres de 45 a 75 años para 2027. Pero antes de poder ampliar, el sistema colapsó bajo el peso de sus propias deficiencias.

La administración autonómica identificó dos causas principales del desastre. Primero, los circuitos internos de comunicación fallaron. Las mujeres con resultados dudosos simplemente no fueron alertadas. Segundo, ciertos hallazgos detectados en las mamografías no eran considerados de notificación obligatoria dentro de los protocolos existentes, un vacío que permitió que casos cayeran entre grietas administrativas. Hubo también problemas informáticos y disfunciones en los sistemas de gestión. Y en muchos casos, estos hallazgos ni siquiera fueron registrados en las historias clínicas de las pacientes.

La gravedad de esto va más allá de números. Cuando una mamografía detecta algo sospechoso pero la paciente nunca se entera, el cáncer puede avanzar sin ser tratado. Un diagnóstico tardío empeora significativamente el pronóstico, reduce las opciones de tratamiento y compromete las tasas de supervivencia. Pero el daño no se limita a la salud individual. Miles de mujeres han perdido confianza en el sistema público. Muchas ahora pagan de su propio bolsillo por pruebas privadas, profundizando las desigualdades en el acceso a la atención sanitaria. La administración también enfrenta posibles reclamaciones legales por los daños causados.

La Junta de Andalucía anunció un plan de respuesta que incluye revisar todas las mamografías de los últimos tres años, establecer un circuito preferente para contactar a las mujeres afectadas y habilitar un buzón de contacto para consultas. Pero aquí es donde la solución propuesta genera nuevas preocupaciones. La administración también anunció que expandiría el programa de cribado a mujeres de 45 a 75 años, potencialmente incorporando cientos de miles de nuevas pacientes. Las asociaciones de pacientes y los sindicatos sanitarios advierten que esto es peligroso. Sin reforzar simultáneamente el personal especializado, los equipos de diagnóstico y la capacidad administrativa, ampliar el programa podría simplemente replicar los mismos errores a una escala mucho mayor.

Las críticas van más allá de la logística. Los colectivos de afectados denuncian que la administración fue lenta en reconocer públicamente la magnitud del problema. Dicen que la forma en que se comunicó la crisis fue insensible hacia las mujeres impactadas. Y exigen responsabilidades políticas concretas: dimisiones de funcionarios responsables, auditorías exhaustivas que esclarezcan cómo ocurrieron los fallos, y comisiones de investigación que determinen quién es responsable en cada nivel de la administración.

Quedan preguntas fundamentales sin respuesta. ¿Cuántas de las 2.000 mujeres afectadas desarrollaron cánceres más avanzados que podrían haberse detectado en etapas tempranas? ¿Es 2.000 realmente el número total, o hay más casos que aún no han sido identificados? ¿Se impondrán sanciones reales a los responsables de estos fallos? Y la más urgente: ¿cómo puede la Junta garantizar que expandir el programa no simplemente amplificará una crisis que aún no ha sido resuelta?