Cremades advierte: la democracia muere en silencio cuando la ley se convierte en instrumento del poder

Las democracias no se desmoronan con estruendo. No caen entre proclamaciones grandiosas ni rupturas que todos vemos venir. Se desintegran en silencio, cuando las fronteras entre lo permitido y lo prohibido se vuelven borrosas, cuando la ley deja de frenar al poder y comienza a obedecerle. Este es el punto de partida de Javier Cremades en su libro Sobre el Imperio de la ley, publicado por Editorial Galaxia Gutenberg: ese momento frágil en el que las instituciones permanecen en pie, pero algo fundamental comienza a fallar desde adentro.

Cremades, jurista de trayectoria reconocida, plantea una idea simple pero incómoda. Una democracia no se mide por la cantidad de leyes que sanciona, sino por la capacidad real del poder para someterse a ellas. No es una discusión técnica de aulas universitarias, sino una cuestión profundamente política en su sentido más noble. Donde el poder rechaza límites jurídicos efectivos, la democracia se vacía desde su interior, aunque nadie lo vea ocurrir.

El peligro de hoy rara vez toma la forma de una ruptura abierta del derecho. Lo que avanza con mayor eficacia es algo más discreto: la ley se convierte en herramienta estratégica. Deja de ser una barrera que contiene al poder y se transforma en un instrumento que lo acompaña, lo reviste de legitimidad y lo justifica. De este modo, el Estado de Derecho puede erosionarse sin ser formalmente abolido, sin que nadie lo cuestione en sus principios fundamentales.

El libro ofrece ejemplos que ilustran esta transformación. Venezuela es uno de los más elocuentes. Allí, la progresiva instrumentalización del ordenamiento jurídico ha permitido mantener una apariencia de normalidad institucional incluso mientras el país se deteriora de manera extrema. Las detenciones, las resoluciones judicales y los anuncios de normalización se suceden sin ofrecer certezas reales, demostrando hasta qué punto la ley puede dejar de ser una garantía para convertirse en parte del relato que el poder cuenta sobre sí mismo.

Desde una perspectiva constitucional, el riesgo es claro. Una Constitución no es un programa político ni una lista de aspiraciones. Es un sistema de frenos diseñado para contener al poder, no para facilitarle el camino. Cuando se la interpreta como un marco flexible al servicio de mayorías del momento, abandona su función esencial y pierde su capacidad de proteger. La independencia judicial, uno de los ejes centrales del libro, no desaparece de un golpe ni mediante decisiones espectaculares. Se erosiona lentamente, casi sin ruido: desacreditando al juez que resulta incómodo, convirtiendo cada sentencia impopular en motivo de sospecha, sometiendo a los órganos de control a una presión constante que termina por normalizarse. Nada de esto elimina formalmente al Poder Judicial, pero sí condiciona su ejercicio real. Democracias occidentales consolidadas ya han vivido este proceso: jueces señalados públicamente, tribunales interpretados en clave de adhesión o traición política. Cuando el juez conserva su cargo pero pierde la libertad para decidir, el daño institucional ya está consumado.

Cremades subraya que el derecho no se reduce a la existencia de normas. Lo que importa es cómo se aplican. Una sociedad no es más justa por acumular leyes, sino porque esas leyes sirven para limitar el poder y proteger efectivamente a los ciudadanos. Cuando la norma se aplica de forma selectiva, cuando la excepción se convierte en costumbre y los privilegios dejan de sorprender a nadie, la igualdad ante la ley se vacía de contenido real. El populismo, advierte, no es solo un fenómeno político sino también jurídico. Donde la ley se presenta como un obstáculo frente a una supuesta voluntad popular inmediata, se niega su función esencial como límite. Un poder que no acepta restricciones jurídicas puede mantener mecanismos electorales, pero deja de ser plenamente democrático.

La seguridad jurídica emerge entonces como lo que realmente es: una condición básica de la libertad. Cuando las reglas cambian al ritmo de las necesidades del poder, el ciudadano deja de ser titular de derechos exigibles para convertirse en destinatario de decisiones discrecionales. No es una disputa ideológica, sino una cuestión estructural que toca el núcleo mismo del Estado de Derecho. Cerrar el libro no deja certeza, sino inquietud. No anuncia un colapso inmediato ni una ruptura visible, sino algo más difícil de combatir: la normalización de la excepción y la costumbre de mirar hacia otro lado. Cuando la ley conserva su lenguaje pero pierde su fuerza, la democracia sigue en pie solo en apariencia. La pregunta entonces ya no es jurídica, sino cívica: cuánto estamos dispuestos a aceptar antes de que el imperio de la ley deje de serlo.