En el corazón de la democracia constitucional late siempre la misma pregunta: ¿hasta dónde puede llegar el poder del Estado sobre el individuo sin vulnerar su dignidad? Un tribunal federal de apelaciones en Nueva York respondió esta semana que el gobierno de Trump ha cruzado esa línea al encarcelar inmigrantes sin ofrecerles siquiera la posibilidad de solicitar fianza, citando contradicciones con la propia ley de inmigración de 1996 y con principios constitucionales fundamentales. El fallo no cierra el debate —otros circuitos han fallado en sentido contrario— sino que lo eleva hacia su inevita
Corte de apelaciones rechaza detención de inmigrantes sin derecho a fianza
Decenas de miles de inmigrantes han sido encarcelados bajo esta política, incluyendo personas que han vivido en Estados Unidos durante años sin antecedentes penales.
El gobierno no puede detener obligatoriamente a millones sin oportunidad de solicitar liberación
Mark
¿Por qué este fallo del 2do Circuito importa si otros circuitos ya han respaldado la política?
Mimi
Porque crea una división directa en los tribunales federales. Cuando diferentes circuitos fallan de manera opuesta sobre la misma cuestión constitucional, la Corte Suprema casi siempre interviene para resolver el conflicto. Eso es lo que probablemente sucederá aquí.
Luke
Pero espera—el Departamento de Seguridad Nacional dice que la Junta de Apelaciones de Inmigración ya respaldó la política. ¿Eso no es también un tribunal superior?
Mimi
Sí, pero es un tribunal administrativo, no un tribunal federal. Estos son sistemas paralelos. Lo que importa aquí es que los jueces federales—casi el 90 por ciento de ellos—están diciendo que la política viola la Constitución.
Mark
¿Qué hace que el caso de Barbosa da Cunha sea tan importante?
Mimi
Es el ejemplo perfecto de por qué los jueces están preocupados. Este hombre ha vivido aquí durante más de veinte años, tiene ciudadanía estadounidense en su familia, posee una casa, dirige un negocio. Nunca ha sido arrestado. Y aún así, bajo la nueva política, puede ser detenido indefinidamente sin una audiencia de fianza.
Luke
Pero el gobierno diría que la ley de 1996 permite exactamente esto para cualquiera marcado para deportación. ¿Realmente el texto de la ley es tan claro como el tribunal dice?
Mimi
El tribunal argumenta que no. Dice que la ley de 1996 fue diseñada específicamente para personas que acababan de llegar, y que había otra ley que permitía fianza para quienes ya estaban aquí. El gobierno está tratando de aplicar la ley de 1996 a todos, lo que el tribunal dice que contradice el propósito original.
Mark
¿Cuántas personas estamos hablando aquí?
Mimi
Más de 30,000 demandas de hábeas corpus en tribunales federales. Y eso es solo de personas que pudieron presentar demandas. El número total de personas bajo detención obligatoria es mucho mayor.
Luke
Una pregunta: ¿el juez Bianco fue nominado por Trump, verdad?
Mimi
Sí. Y aún así votó en contra de la política. Los otros dos jueces fueron nominados por Biden y Clinton. Fue unánime.
Luke
Eso es importante. Significa que esto no es simplemente activismo judicial de un lado. Es un panel con jueces de diferentes administraciones diciendo que hay un problema constitucional real aquí.
El Pulso
- Decenas de miles de inmigrantes, muchos con años de vida construida en Estados Unidos, han sido encarcelados sin derecho a audiencia de fianza bajo una política que los trata como si acabaran de cruzar la frontera.
- La fractura judicial es profunda: más del 90% de los jueces federales que han examinado estos casos han rechazado la política, mientras que los circuitos 5to y 8vo la han avalado, creando una contradicción legal que no puede sostenerse indefinidamente.
- El caso emblemático es el de Ricardo Barbosa da Cunha, propietario de vivienda, empresario, esposo y padre de dos ciudadanos estadounidenses, arrestado en 2025 sin antecedentes penales y privado de su derecho a pedir fianza.
- El gobierno responde que hace cumplir la ley tal como fue escrita y que los tribunales superiores le darán la razón, mientras la ACLU celebra el fallo como una confirmación de que la política es ilegal.
- El camino apunta directamente a la Corte Suprema, donde la resolución final determinará el alcance del poder ejecutivo sobre millones de personas sin ciudadanía que viven en el país.
En el corazón de la democracia constitucional late siempre la misma pregunta: ¿hasta dónde puede llegar el poder del Estado sobre el individuo sin vulnerar su dignidad? Un tribunal federal de apelaciones en Nueva York respondió esta semana que el gobierno de Trump ha cruzado esa línea al encarcelar inmigrantes sin ofrecerles siquiera la posibilidad de solicitar fianza, citando contradicciones con la propia ley de inmigración de 1996 y con principios constitucionales fundamentales. El fallo no cierra el debate —otros circuitos han fallado en sentido contrario— sino que lo eleva hacia su inevitable destino: la Corte Suprema de Estados Unidos.
Un panel unánime del Tribunal de Apelaciones del 2do Circuito en Nueva York dictaminó que el gobierno de Trump no puede encarcelar inmigrantes sin ofrecerles la oportunidad de solicitar fianza. Los jueces identificaron serias cuestiones constitucionales en lo que sería la política de detención masiva sin fianza más amplia en la historia del país, y concluyeron que contradice el texto de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal de 1996, diseñada para distinguir entre quienes llegaban recientemente y quienes ya tenían raíces en el país.
El origen del conflicto se remonta a julio pasado, cuando el director interino de ICE ordenó tratar a todos los inmigrantes marcados para deportación como recién llegados, negándoles audiencias de fianza sin importar cuánto tiempo llevaran viviendo en Estados Unidos ni si tenían antecedentes penales. Desde entonces, más de 30,000 demandas han inundado los juzgados federales, y alrededor de 370 jueces —más del 90%— han rechazado el enfoque del gobierno.
El caso que llegó al 2do Circuito tiene rostro concreto: Ricardo Barbosa da Cunha, un brasileño que llegó a Estados Unidos en 2005, solicitó asilo en 2016, obtuvo autorización de trabajo, nunca fue arrestado ni acusado de delito alguno, es propietario de su casa en Massachusetts, vive con su esposa y sus dos hijos ciudadanos estadounidenses y dirige una pequeña empresa de construcción. Fue arrestado en septiembre de 2025 y privado de su derecho a pedir fianza. El tribunal consideró que su detención prolongada sin justificación razonable plantea preguntas constitucionales que el gobierno no ha sabido responder.
El fallo, sin embargo, no resuelve el debate nacional. Los circuitos 5to y 8vo han respaldado la política, y el Departamento de Seguridad Nacional insistió en que ICE tiene la ley de su lado y será reivindicado por tribunales superiores. La contradicción entre circuitos hace casi inevitable que la Corte Suprema tome la última palabra sobre el alcance del poder ejecutivo frente a millones de personas que han construido su vida en este país.
Un tribunal federal de apelaciones en Nueva York dictaminó el martes que el gobierno de Donald Trump no puede encarcelar a inmigrantes sin ofrecerles la oportunidad de solicitar fianza. El fallo unánime, emitido por un panel del Tribunal de Apelaciones del 2do Circuito, identificó "serias cuestiones constitucionales" en lo que de otro modo sería el mandato de detención masiva sin derecho a fianza más amplio en la historia del país, afectando potencialmente a millones de personas sin ciudadanía estadounidense.
La decisión crea una fractura en los tribunales federales. Mientras el 2do Circuito rechazó la política, otros dos circuitos —el 8vo y el 5to— ya la han respaldado, preparando el terreno para una batalla que probablemente llegará a la Corte Suprema de Estados Unidos. El juez Joseph F. Bianco, quien escribió la opinión del panel junto con los jueces Alison J. Nathan y Jose A. Cabranes, argumentó que la interpretación del gobierno contradice el texto claro de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996. Esa ley fue diseñada para agilizar deportaciones de personas que llegaban recientemente sin permiso, pero permitía que quienes ya estaban en el país solicitaran fianza ante un juez de inmigración.
En julio pasado, Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, cambió esa práctica. Ordenó que todos los inmigrantes marcados para deportación fueran tratados como recién llegados, negándoles audiencias de fianza incluso si habían vivido en Estados Unidos durante años, tenían raíces comunitarias profundas y sin antecedentes penales. El Departamento de Seguridad Nacional ha negado estas audiencias a decenas de miles de personas arrestadas en todo el país bajo la campaña de deportación masiva del gobierno.
La tensión en los tribunales federales es evidente. Más de 30,000 demandas de inmigrantes encarcelados han inundado los juzgados federales. Sin acceso a audiencias de fianza en los tribunales de inmigración, muchos han recurrido a peticiones de hábeas corpus en los tribunales federales. Hasta ahora, más del 90 por ciento de los jueces federales que han considerado estos casos —alrededor de 370 jueces— han rechazado el nuevo enfoque del gobierno.
El caso específico que llegó al 2do Circuito involucra a Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, un brasileño que ingresó a Estados Unidos alrededor de 2005 y solicitó asilo en 2016. Recibió autorización de trabajo mientras su solicitud estaba bajo revisión. Nunca ha sido arrestado ni acusado de un delito. Es propietario de su vivienda en Massachusetts, donde vive con su esposa y dos hijos ciudadanos estadounidenses, y dirige una pequeña empresa de construcción. Fue arrestado con una orden administrativa en septiembre de 2025 y quedó sujeto a un proceso de expulsión. Cuando un juez de inmigración determinó que estaba sujeto a detención obligatoria, presentó una petición de hábeas corpus.
Bianco escribió que la detención obligatoria prolongada de personas como Barbosa da Cunha "plantearía serias cuestiones constitucionales, especialmente porque el gobierno no ha logrado explicar cómo guardaría una 'relación razonable' con cualquier propósito legítimo y no punitivo". El panel concluyó que el Congreso había establecido un sistema escalonado para casos de inmigración basado, en parte, en cuánto tiempo llevaba una persona en el país, y que la nueva interpretación del gobierno contradice ese sistema.
Amy Belsher, directora de Litigio por los Derechos de los Inmigrantes de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, afirmó que el fallo confirma que la política es ilegal. "El gobierno no puede detener obligatoriamente a millones de no ciudadanos, muchos de los cuales han vivido aquí durante décadas, sin una oportunidad de solicitar su liberación", dijo.
El Departamento de Seguridad Nacional respondió señalando una decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración que respaldó la política de detención obligatoria. En un comunicado, el departamento argumentó que Trump y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, "ahora hacen cumplir esta ley tal como fue escrita realmente para mantener a Estados Unidos seguro". El departamento agregó que "activistas judiciales han sido impugnados repetidamente por la Corte Suprema en estas cuestiones" y que "ICE tiene la ley y los hechos de su lado y será reivindicado por tribunales superiores".
Citas Notables
La detención obligatoria durante un periodo sustancial plantearía serias cuestiones constitucionales, especialmente porque el gobierno no ha logrado explicar cómo guardaría una relación razonable con cualquier propósito legítimo y no punitivo— Juez Joseph F. Bianco, Tribunal de Apelaciones del 2do Circuito
El gobierno no puede detener obligatoriamente a millones de no ciudadanos, muchos de los cuales han vivido aquí durante décadas, sin una oportunidad de solicitar su liberación— Amy Belsher, directora de Litigio por los Derechos de los Inmigrantes de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York
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