En el Perú de noviembre de 2020, el Congreso dio un paso simbólico y concreto a la vez: la Comisión de Constitución aprobó por unanimidad el fin de la pensión vitalicia para expresidentes, derogando una ley que durante décadas convirtió el poder en una renta perpetua. El único beneficio que permanece es una protección policial mínima de dos años, después de la cual el Estado retira toda cobertura. En un país donde varios exmandatarios enfrentan procesos judiciales por corrupción, la medida encarna una pregunta que muchas sociedades se formulan tarde: ¿hasta cuándo debe el erario sostener a qui
Comisión de Constitución aprueba por unanimidad eliminar pensión vitalicia a expresidentes
La pensión vitalicia desaparece completamente, sin transición ni arreglo gradual.
Mark
¿Por qué es importante que esto haya sido aprobado por unanimidad?
Mimi
Porque en el Congreso peruano casi nada se aprueba sin división. Que todos los miembros de la Comisión de Constitución voten igual sugiere que hay un consenso real sobre el tema, no solo una mayoría que impone su voluntad.
Luke
Pero la unanimidad en comisión no garantiza lo mismo en el pleno. Eso es el siguiente paso, y ahí las cosas pueden cambiar.
Mark
¿Qué pasa con los expresidentes que ya están recibiendo la pensión ahora?
Mimi
El documento no lo especifica. Dice que deroga la ley, pero no aclara si eso afecta a quienes ya están cobrando o solo a los futuros expresidentes.
Luke
Exacto. Eso es un vacío importante. Probablemente haya una batalla legal sobre si esto es retroactivo o no.
Mark
Dos años de protección policial parece muy poco.
Mimi
Depende de cómo lo veas. Algunos dirían que es más de lo que merecen. Otros dirían que es insuficiente para garantizar la seguridad de alguien que fue presidente.
Luke
Y el documento dice "mínimo necesario", lo que es vago. ¿Quién define qué es necesario? ¿La policía? ¿El Congreso?
Mark
¿A dónde va el dinero que se ahorra?
Mimi
A "fines sociales" que determine la Mesa Directiva. Suena bien, pero es bastante abierto.
Luke
Demasiado abierto. No hay especificidad sobre qué programas, cuánto dinero estamos hablando, o cómo se supervisará ese gasto.
Le Pouls
- La Ley 26519, que garantizaba pensión de por vida a los expresidentes peruanos, fue derogada de un plumazo sin un solo voto en contra en la Comisión de Constitución.
- El cambio no es gradual ni simbólico: elimina completamente la prestación económica y deja como único resguardo una protección policial de apenas dos años.
- La unanimidad en un Congreso habitualmente fracturado revela que la presión ciudadana ante los escándalos de corrupción de exmandatarios ha cruzado todas las fronteras partidarias.
- Los fondos antes destinados a esas pensiones serán redirigidos a fines sociales según decida la Mesa Directiva, convirtiendo el privilegio de unos pocos en recurso para muchos.
- El dictamen aún debe superar el voto del pleno para convertirse en ley, un trámite probable pero no garantizado, que definirá si el gesto político se traduce en cambio real.
En el Perú de noviembre de 2020, el Congreso dio un paso simbólico y concreto a la vez: la Comisión de Constitución aprobó por unanimidad el fin de la pensión vitalicia para expresidentes, derogando una ley que durante décadas convirtió el poder en una renta perpetua. El único beneficio que permanece es una protección policial mínima de dos años, después de la cual el Estado retira toda cobertura. En un país donde varios exmandatarios enfrentan procesos judiciales por corrupción, la medida encarna una pregunta que muchas sociedades se formulan tarde: ¿hasta cuándo debe el erario sostener a quienes ya ejercieron el poder?
La Comisión de Constitución del Congreso peruano aprobó este miércoles, sin un solo voto en contra, el fin de la pensión vitalicia para los expresidentes de la República. Omar Chehade, presidente del grupo de trabajo, confirmó que el texto sustitutorio recibió respaldo unánime, marcando un giro profundo en la relación entre el Estado y quienes alguna vez ocuparon la presidencia.
El cambio es total, no gradual. La Ley 26519, que desde hace décadas garantizaba una pensión de por vida a los exmandatarios, será derogada completamente. En su lugar, el nuevo texto reconoce un único beneficio: resguardo policial personal durante dos años contados desde el día siguiente al cese en funciones. Pasado ese plazo, incluso esa protección desaparece. El dictamen es deliberadamente preciso al hablar del "resguardo personal mínimo necesario", una frase que subraya la voluntad de reducir al máximo la cobertura estatal.
Para hacer efectivo el cambio, el texto modifica también el Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional, ajustando las funciones de los efectivos para reflejar la nueva realidad: seguridad plena para presidentes en ejercicio y electos, cobertura limitada a veinticuatro meses para los que ya dejaron el cargo.
La unanimidad resulta llamativa en un Congreso habitualmente dividido. Sugiere que la medida toca un sentimiento transversal: la convicción de que el erario no debe financiar indefinidamente a quienes ya ejercieron el poder, especialmente en un contexto donde varios expresidentes peruanos enfrentan investigaciones por corrupción. Los fondos presupuestados para las pensiones vitalicias de 2021 serán reasignados a fines sociales que determine la Mesa Directiva, redirigiendo el privilegio de unos pocos hacia prioridades colectivas.
El dictamen, sin embargo, aún debe pasar por el pleno del Congreso para convertirse en ley. El respaldo unánime de la comisión hace probable su aprobación, pero no la garantiza.
La Comisión de Constitución del Congreso peruano aprobó este miércoles, sin votos en contra, un dictamen que pone fin a la pensión vitalicia que recibían los expresidentes de la República. Omar Chehade, quien preside el grupo de trabajo, confirmó que el texto sustitutorio fue respaldado por unanimidad, marcando un giro significativo en los beneficios que el Estado otorgaba a los exmandatarios.
El cambio es radical en su alcance. La Ley 26519, que desde hace décadas garantizaba una pensión de por vida a quienes dejaban la presidencia, será derogada completamente. En su lugar, el nuevo texto establece un único beneficio: protección policial. No se trata de una pensión reducida ni de un arreglo gradual. Es la eliminación total de una prestación económica que había sido considerada un derecho adquirido.
La protección que permanecerá tiene límites claros. Los expresidentes constitucionales recibirán resguardo policial personal, pero solo durante dos años contados a partir del día siguiente en que cesen en sus funciones. Después de ese período, ese beneficio también desaparece. El documento es preciso en este punto: se trata del "resguardo personal mínimo necesario", una frase que subraya la intención de reducir al máximo la cobertura estatal.
Para implementar este cambio, el dictamen modifica también el Decreto Legislativo 1267, la Ley de la Policía Nacional del Perú. La reforma ajusta las funciones de los efectivos policiales para reflejar esta nueva realidad. Los agentes seguirán brindando seguridad a los presidentes en ejercicio y a los presidentes electos, pero la cobertura a expresidentes queda limitada a ese período de veinticuatro meses.
La aprobación unánime es notable. En un Congreso frecuentemente dividido por líneas partidarias, este dictamen logró el respaldo de todos los miembros de la Comisión de Constitución. Eso sugiere que la medida toca un sentimiento compartido: la idea de que los expresidentes no deben recibir beneficios económicos indefinidos del erario público.
El dictamen incluye también una disposición sobre el destino de los recursos. Los fondos que estaban presupuestados para pagar las pensiones vitalicias durante 2021, así como otros beneficios asociados, serán reasignados a "fines sociales" que determine la Mesa Directiva del Congreso. En otras palabras, el dinero que antes iba a los exmandatarios será redirigido hacia programas o iniciativas que el Legislativo considere prioritarias.
Esta decisión llega en un contexto donde varios expresidentes peruanos han enfrentado investigaciones y procesos judicales por corrupción y otros delitos. La medida refleja una creciente presión pública para que el Estado no financie indefinidamente a quienes ya ejercieron el poder. Sin embargo, el dictamen aún debe pasar por el pleno del Congreso para convertirse en ley, un paso que, aunque probable dado el respaldo unánime de la comisión, no está garantizado.
Citations marquantes
El texto sustitutorio fue aprobado por unanimidad— Omar Chehade, presidente de la Comisión de Constitución
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