En Quito, la tensión entre la participación ciudadana y los límites del poder institucional llegó a su punto más alto cuando el colectivo Revoca EC llevó su causa ante la Corte Constitucional el 22 de septiembre de 2026. Lo que está en juego no es solo el mandato del presidente Daniel Noboa, sino la pregunta más profunda de si los mecanismos de democracia directa consagrados en una constitución pueden sobrevivir al laberinto burocrático que los rodea. La historia ecuatoriana vuelve a enfrentarse a sí misma: ¿quién decide cuándo el pueblo tiene derecho a decidir?
Colectivos ecuatorianos apelan a Corte Constitucional por revocatoria de Noboa
El derecho a participar en democracia directa quedó atrapado en un laberinto administrativo
Mark
¿Por qué es importante que la Corte Constitucional intervenga en esto? ¿No debería ser un asunto electoral ordinario?
Mimi
Porque las dos instancias electorales ya dijeron que no. Cuando eso sucede, la Corte Constitucional es el último recurso para proteger derechos fundamentales. El argumento de Revoca EC es que se está vulnerando el derecho a la participación democrática.
Luke
Pero aquí hay un punto que vale la pena notar: las instancias electorales dijeron que no había suficiente demostración de incumplimientos. Eso es un criterio legal, no una opinión política. ¿Qué tan claro está en la Constitución cuál debería ser el estándar de prueba?
Mimi
Ese es exactamente el debate. Los promotores dicen que hay incumplimientos claros: el aumento del IVA, los subsidios de combustible, el empleo. Pero las instancias electorales pidieron más documentación.
Mark
¿Y qué pasa si la Corte falla a favor de Revoca EC?
Mimi
Entonces tendrían que entregar los formularios y comenzaría la recolección de firmas. Si logran reunir el número requerido, habría una votación nacional.
Luke
Lo que no sabemos aún es cuántas firmas necesitan, cuál es el plazo, y si hay precedentes en Ecuador de revocatorias que hayan llegado a votación. Esos detalles importan para entender si esto es realmente viable o si es más un gesto político.
Mark
¿Y las acusaciones de persecución política contra Andrade? ¿Las cuentas congeladas son parte del caso?
Mimi
Andrade las menciona como evidencia de que hay represalias contra quienes promueven la revocatoria. Pero eso es una acusación separada que probablemente requeriría su propio proceso legal.
Luke
Exacto. Y aquí hay que ser cuidadoso: Andrade dice que sus cuentas están congeladas sin motivación legal, pero no sabemos si hay una investigación en curso, si hay sospechas de lavado de dinero, o qué hay detrás. La acusación de persecución política es seria, pero también necesita contexto.
Mark
Entonces la Corte tiene que decidir sobre el derecho a la revocatoria, pero también hay estas otras capas de conflicto político.
Mimi
Sí. Y la ministra Morillo dice que todo esto es un intento de desestabilizar al presidente. Eso muestra cuán polarizado está el tema.
O Pulso
- El colectivo Revoca EC agotó dos instancias electorales sin obtener los formularios básicos para recolectar firmas, lo que convirtió un derecho constitucional en un callejón sin salida administrativo.
- Los promotores acusan al Gobierno de incumplir promesas concretas en empleo, seguridad y servicios públicos, y señalan el alza del IVA y la eliminación de subsidios como traiciones programáticas.
- El abogado Washington Andrade denuncia que sus cuentas bancarias llevan más de dos meses congeladas sin justificación legal, lo que los impulsores interpretan como una señal de persecución política.
- La ministra de Gobierno calificó la iniciativa de desestabilizadora, revelando la fractura entre quienes ven la revocatoria como ejercicio democrático legítimo y quienes la perciben como amenaza al orden institucional.
- La Corte Constitucional tiene ahora en sus manos determinar si la democracia directa en Ecuador es un derecho ejercible o una promesa constitucional sin llave.
En Quito, la tensión entre la participación ciudadana y los límites del poder institucional llegó a su punto más alto cuando el colectivo Revoca EC llevó su causa ante la Corte Constitucional el 22 de septiembre de 2026. Lo que está en juego no es solo el mandato del presidente Daniel Noboa, sino la pregunta más profunda de si los mecanismos de democracia directa consagrados en una constitución pueden sobrevivir al laberinto burocrático que los rodea. La historia ecuatoriana vuelve a enfrentarse a sí misma: ¿quién decide cuándo el pueblo tiene derecho a decidir?
El 22 de septiembre, el colectivo Revoca EC se presentó ante la Corte Constitucional en Quito para interponer una Acción Extraordinaria de Protección, buscando desbloquear el proceso de revocatoria contra el presidente Daniel Noboa y su vicepresidenta, María José Pinto. El grupo convocó a la ciudadanía a las 10:00 de la mañana, argumentando que las decisiones previas de las instancias electorales habían vulnerado el derecho fundamental a la participación y al ejercicio de la democracia directa.
El camino hasta la Corte había sido tortuoso. Tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Contencioso Electoral rechazaron entregar los formularios necesarios para iniciar la recolección de firmas, alegando que los promotores no habían demostrado suficientemente los incumplimientos del Gobierno. Para Revoca EC, esa exigencia era una barrera artificial: señalaban faltas concretas en empleo, seguridad ciudadana y servicios públicos, y cuestionaban medidas como el aumento del IVA del 12 al 15 por ciento y la eliminación de subsidios a los combustibles.
Entre los impulsores de la iniciativa figuraban el abogado Washington Andrade y el dirigente indígena Leonidas Iza, excandidato presidencial. Andrade denunció públicamente que sus cuentas bancarias permanecían congeladas desde hacía más de dos meses sin justificación legal aparente, lo que describió como persecución política.
Desde el Ejecutivo, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, rechazó la iniciativa y acusó a sus promotores de buscar desestabilizar al presidente. La decisión que tome la Corte Constitucional definirá si el mecanismo de revocatoria previsto en la Constitución puede finalmente activarse, o si permanecerá atrapado en interpretaciones restrictivas que lo vacían de contenido.
En Quito, un colectivo de ciudadanos ecuatorianos se presentó ante la Corte Constitucional el 22 de septiembre para impugnar las decisiones que habían bloqueado un proceso de revocatoria contra el presidente Daniel Noboa. El grupo, conocido como Revoca EC, convocó a la ciudadanía a las 10:00 de la mañana para presentar una Acción Extraordinaria de Protección, argumentando que se había vulnerado el derecho fundamental de participación y el ejercicio de la democracia directa.
La iniciativa busca abrir un camino legal para que los ecuatorianos puedan votar sobre si revocan el mandato de Noboa y de su vicepresidenta, María José Pinto. Este mecanismo está contemplado en la Constitución del país, pero había quedado atrapado en un laberinto administrativo. Tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Contencioso Electoral habían rechazado entregar los formularios necesarios para que los promotores comenzaran a recolectar las firmas requeridas. Ambas instancias justificaron sus negativas argumentando que quienes impulsaban la revocatoria no habían demostrado de manera suficiente que el Gobierno de Noboa había incumplido su plan de trabajo.
Los promotores de la revocatoria, sin embargo, señalaban incumplimientos concretos. Argumentaban que el Ejecutivo había faltado a compromisos formales asumidos durante la campaña electoral, particularmente en la generación de empleo, la seguridad ciudadana y el fortalecimiento de los servicios públicos. Además, cuestionaban decisiones de política económica como el aumento del Impuesto al Valor Agregado del 12 al 15 por ciento y la eliminación de subsidios a los combustibles, medidas que consideraban contrarias a lo prometido.
Entre los promotores de la iniciativa estaba el abogado Washington Andrade, quien trabajaba junto con dirigentes como Leonidas Iza, un excandidato presidencial vinculado al movimiento indígena de la sierra ecuatoriana, además de otros grupos sociales organizados. Andrade había denunciado públicamente lo que describía como persecución política contra quienes impulsaban la revocatoria. En su caso particular, afirmaba que sus cuentas bancarias personales permanecían congeladas desde hacía más de dos meses sin que existiera una motivación legal clara para ello.
Desde el Gobierno, la respuesta fue directa. La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, acusó a los proponentes de la revocatoria de intentar desestabilizar al presidente mediante este tipo de acciones. La tensión reflejaba una división profunda sobre cómo debía interpretarse el derecho a la participación ciudadana y cuáles eran los estándares apropiados para permitir que un proceso de revocatoria avanzara. La decisión de la Corte Constitucional determinaría si el mecanismo de democracia directa previsto en la Constitución podría finalmente activarse o si permanecería bloqueado por las interpretaciones restrictivas de las instancias electorales anteriores.
Citações Notáveis
Intentan desestabilizar al presidente con ese tipo de acciones— Nataly Morillo, ministra de Gobierno
Denunció persecución política contra quienes impulsan la revocatoria y afirmó que sus cuentas bancarias permanecen congeladas desde hace más de dos meses sin motivación legal— Washington Andrade, promotor de la revocatoria
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