Clasificar organizaciones criminales como terroristas generaría cambios jurídicos sin resolver inseguridad

El gobierno peruano ha incluido en su proyecto de delegación de facultades una propuesta que busca modificar el marco legal para clasificar a las organizaciones criminales como organizaciones terroristas. El documento oficial plantea "establecer el marco legal que declare a las organizaciones criminales como organizaciones terroristas, y disposiciones para su clasificación y registro". Esta iniciativa ha generado un intenso debate entre especialistas sobre si realmente mejoraría la lucha contra la inseguridad o si, por el contrario, abriría problemas jurídicos sin resolver las debilidades operativas del Estado.

Noam López, investigador y politólogo de la PUCP, sostiene que simplemente cambiar la etiqueta penal no garantiza avances en seguridad ciudadana. Según su análisis, el problema central no es la falta de categorías legales, sino la baja capacidad estatal para investigar, identificar redes criminales, rastrear dinero, controlar cárceles y lograr condenas efectivas. López señala que aunque el terrorismo y el crimen organizado pueden compartir métodos violentos, responden a lógicas distintas: el primero busca generar terror con fines políticos, mientras que el segundo persigue principalmente beneficios económicos y control de mercados ilícitos. Ampliar la categoría de terrorismo podría crear problemas jurídicos sin resolver las debilidades operativas reales. Para enfrentar extorsiones, sicariato y tráficos ilegales, sostiene, se requiere más inteligencia estratégica, investigación financiera, coordinación fiscal-policial y control territorial.

Desde una perspectiva diferente, José Luis Gavidia, exministro de Defensa, considera que la medida sí podría ayudar. Gavidia argumenta que el Decreto Legislativo 1095 norma el empleo de las Fuerzas Armadas en estado de emergencia pero no establece que puedan usar sus armas, lo que reduce la disuasión. Si el Consejo de Seguridad Nacional declarara a estas organizaciones como elementos hostiles, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas podría establecer que sean consideradas objetivos militares, facultando a las FFAA para usar armas en operaciones contra ellas. Gavidia señala que esta estrategia ya se implementó en los años noventa y podría traer resultados positivos, además de ser una práctica que han adoptado Estados Unidos, Colombia y otros países.

Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, advierte que denominar terroristas a organizaciones criminales no es un simple cambio de nombre, sino un intento de construir una nueva categoría jurídica. Subraya que son delitos distintos: el terrorismo tiene finalidad política, mientras que el crimen organizado persigue fines económicos. Valdés cuestiona si esta medida mejorará realmente la lucha contra la criminalidad, considerando que el sicariato, el secuestro y la extorsión ya tienen penas extremadamente severas. Lo que preocupa a Valdés es qué hay detrás de esta decisión. El artículo 140 de la Constitución establece una excepción para la pena de muerte en casos de terrorismo, y la nueva categoría podría extender esa sanción a la criminalidad organizada, eludiendo restricciones internacionales. Valdés ve en esto un patrón similar al cambio en la definición del "delito de función" para juzgar a militares y policías en fuero policial militar por delitos comunes.

Benjamín Durand, politólogo por la UNT, advierte que esta propuesta representa una alineación con la estrategia de seguridad estadounidense sin comprender el problema real peruano. Durand sostiene que no es necesario llamar "grupos hostiles" a las organizaciones criminales para combatir el crimen organizado, y que los resultados de esta estrategia en otras regiones no han sido significativos para detener el avance de las economías ilegales. Durand señala que la militarización de la seguridad no es el camino más adecuado y que hay evidencias sólidas de que la incursión directa de las Fuerzas Armadas podría agravar el problema, como ha ocurrido en México. Según su perspectiva, el camino debe ser fortalecer la capacidad operativa de las instituciones que forman parte de la cadena de administración de justicia y reformar procesos internos. Durand recuerda que durante el conflicto armado interno fue la policía, no las Fuerzas Armadas, la que logró capturar a líderes terroristas.

El debate refleja una tensión fundamental: mientras algunos ven en la reclasificación una herramienta que permitiría mayor capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, otros advierten que simplemente cambiar categorías legales no resuelve las debilidades investigativas y operativas del Estado. La propuesta también genera preocupaciones constitucionales sobre si podría abrir la puerta a sanciones más severas, incluyendo la pena de muerte, sin que esto necesariamente mejore la efectividad en la lucha contra el crimen organizado.