Cinco prioridades urgentes para recuperar el sistema de salud colombiano

Cuando Ana María Vesga asumió el cargo de ministra de Salud, heredó una institución debilitada. Cuatro años de deterioro habían dejado al sistema sanitario colombiano en crisis: pacientes esperando semanas por atención, medicamentos que no llegaban a las farmacias, familias de bajos ingresos pagando de su bolsillo lo que el sistema no cubría. La salud pública, entretanto, había quedado en segundo plano. A pesar de que el gobierno anterior invirtió más de seis billones de pesos en equipos de prevención y predicción, el país nunca recibió vacunas contra mpox, enfrentó brotes severos de dengue y fiebre amarilla, y enfermedades como tuberculosis y cáncer amenazaban con aumentar su carga en los próximos años.

Vesga llega con credenciales sólidas: conoce a fondo los actores del sector y tiene reputación de construir consensos. Pero recibe un ministerio con capacidad técnica reducida, liderazgo débil como autoridad sanitaria y una desconfianza profunda entre los múltiples actores que conforman el sistema. El experto Andrés Vecino-Ortiz ha identificado cinco tareas que merecen atención inmediata.

La primera es enfrentar la insuficiencia de recursos. Por cada cien pesos que el sistema recibe, gasta ciento doce. Este desequilibrio convive de manera paradójica con otro problema igualmente grave: la ineficiencia en cómo se gasta ese dinero. Resolver esto requiere una negociación transparente y concertada entre el presupuesto disponible y el plan de beneficios que el sistema promete a los ciudadanos.

La segunda prioridad es llevar la reforma territorial donde realmente hace falta. En 2019, el quince por ciento de los habitantes en áreas urbanas enfrentaba barreras de acceso a la salud. En zonas rurales, ese porcentaje alcanzaba el veinticinco por ciento. Este problema estructural de oferta se agravó cuando la desfinanciación redujo la capacidad de las redes de atención para responder. Se necesita fortalecer la red pública, ampliar la participación de prestadores privados y ajustar los modelos de aseguramiento a un esquema territorializado que supere la fragmentación actual.

La tercera tarea es recuperar el liderazgo de la salud pública. Durante años, esta función quedó marginada dentro del ministerio. El retroceso es evidente: tuberculosis, dengue y fiebre amarilla avanzan sin control, y el país parece haber perdido capacidad para anticiparse a los problemas sanitarios. Al mismo tiempo, enfermedades crónicas como el cáncer exigen fortalecer la prevención, la detección temprana y la vigilancia epidemiológica. La autoridad sanitaria nacional debe recuperar su capacidad para coordinar respuestas oportunas con las entidades territoriales y para ejecutar programas de promoción y prevención que realmente funcionen.

La cuarta prioridad es reconstruir la política de talento humano en salud. Colombia enfrenta un déficit de trabajadores sanitarios, y los que existen están concentrados en las grandes ciudades. La raíz del problema es la precariedad laboral y las dificultades operativas para formar personal de salud. El país necesita una política integral que articule los sectores de salud y educación para ampliar la formación, crear mejores condiciones para trabajar en regiones apartadas y mejorar las condiciones laborales, especialmente para los trabajadores de menores ingresos.

La quinta y quizás más compleja es reconstruir la confianza y el papel del Estado como regulador. El ministerio y sus agencias deben recuperar la capacidad de ejercer un rol regulador que sea transparente e independiente, capaz de generar reglas claras, hacerlas cumplir y convocar a los distintos actores alrededor de un objetivo común: el sistema de salud, sus pacientes y usuarios. Sin esta confianza restaurada, ninguna de las otras cuatro prioridades podrá avanzar de manera sostenible.