Chaco promulga ley pionera contra deepfakes con multas y arresto de hasta 90 días

Menores de edad y mujeres son víctimas de deepfakes sexuales; UNICEF reporta 1,2 millones de niños afectados globalmente en el último año por manipulación de imágenes con contenido sexual explícito.
La tecnología avanza más rápido que la ley para proteger a las víctimas
Magdalena Ayala, impulsora de la ley, explicó la urgencia de actualizar la legislación frente al avance de la inteligencia artificial.
Mark

¿Por qué Chaco fue la primera provincia en hacer esto? ¿Qué pasó que los obligó a actuar?

Mimi

No fue un evento único. Fue la acumulación: casos en escuelas porteñas, videos falsos en campañas electorales, adolescentes víctimas de deepfakes sexuales. Los legisladores vieron que la tecnología estaba adelante de la ley.

Luke

Pero la ley nacional Olimpia ya existía desde antes. ¿Qué hace diferente esta ley chaqueña?

Mimi

Olimpia se enfoca en violencia digital contra mujeres. Esta ley es más amplia: cubre deepfakes, perfiles falsos, cualquier contenido manipulado que dañe a cualquier persona. Y tiene procedimientos más rápidos: eliminación en 24 horas.

Mark

¿Qué tan severas son las penas comparadas con otros delitos?

Mimi

90 días de arresto por difundir deepfakes. Eso es significativo, aunque no está claro cómo se compara con otros delitos digitales en el código penal.

Luke

Exacto. ¿Hay jurisprudencia sobre esto? ¿Cómo van a aplicar estas penas en la práctica?

Mimi

Esa es la pregunta abierta. Por eso la ley exige capacitación para magistrados y fiscales. Es territorio nuevo.

Mark

¿Y la libertad de expresión? ¿No hay riesgo de que se use para censurar?

Mimi

La ley dice explícitamente que no afecta la libertad de expresión ni el uso legítimo de herramientas digitales. Pero tienes razón en preocuparte. Los detalles importan.

Luke

Y globalmente, ¿qué está pasando? ¿Otras provincias van a copiar esto?

Mimi

UNICEF reporta 1,2 millones de niños afectados por deepfakes sexuales en un año. Es un problema mundial. Chaco es pionera, pero probablemente no será la última.

  • Deepfakes de contenido sexual afectaron a adolescentes en colegios de todo el país y a figuras políticas durante campañas electorales, revelando una vulnerabilidad urgente en el tejido social argentino.
  • UNICEF reporta que al menos 1,2 millones de niños y niñas fueron víctimas de manipulación de imágenes con IA en el último año, convirtiendo este fenómeno en una emergencia de derechos humanos a escala global.
  • La Ley N° 4250-J de Chaco responde con sanciones escalonadas: multas y arrestos que se duplican cuando las víctimas son menores, personas con discapacidad o cuando el delito ocurre en contextos de violencia de género.
  • La norma incorpora mecanismos de respuesta rápida —eliminación de contenido en 24 horas, restricción de plataformas y cadena de custodia digital— para que la justicia pueda actuar antes de que el daño se vuelva irreversible.
  • Chaco se alinea con leyes nacionales como Olimpia y Belén, y su ejemplo podría presionar a otras provincias y al Estado nacional a legislar con la misma urgencia frente a la violencia digital.

En un momento en que la tecnología avanza más rápido que las normas que la gobiernan, la provincia argentina de Chaco eligió no esperar: el 26 de agosto de 2026, su gobernador promulgó una ley que penaliza la creación y difusión de deepfakes y contenidos digitales manipulados con inteligencia artificial. La norma, que establece multas de hasta $6,7 millones y arrestos de hasta 120 días, nace de una crisis concreta —menores y mujeres víctimas de imágenes sexuales falsas— y de la convicción de que la dignidad humana no puede quedar desprotegida ante las herramientas del engaño digital. Chaco se convierte así en un faro legislativo en un debate que ya no es local, sino profundamente humano y global.

El 26 de agosto de 2026, el gobernador chaqueño Leandro Zdero promulgó la Ley N° 4250-J, convirtiendo a Chaco en la primera provincia argentina en penalizar específicamente los deepfakes y los contenidos digitales manipulados con inteligencia artificial. La norma, aprobada por la legislatura el 8 de agosto, define con precisión qué es un contenido manipulado: cualquier material generado o alterado mediante tecnología que represente a una persona real en situaciones falsas y que pueda dañar su dignidad, intimidad o reputación.

Las sanciones son escalonadas. Crear este tipo de contenido sin consentimiento puede costar hasta $5,6 millones o 60 días de arresto; difundirlo eleva la pena a $6,7 millones o 90 días. Las penas se duplican en casos de violencia de género o intrafamiliar, y pueden alcanzar los 120 días de arresto cuando hay lucro, coacción o daño psicológico grave. La ley también ordena que los jueces puedan exigir la eliminación de contenidos en un plazo máximo de 24 horas, y establece nuevas reglas de cadena de custodia para la evidencia digital.

La iniciativa surgió de una crisis real. Este año, adolescentes de colegios emblemáticos de Buenos Aires fueron víctimas de imágenes sexuales falsas generadas con IA, y un video adulterado de Mauricio Macri circuló durante la campaña electoral porteña. La ex legisladora Magdalena Ayala, impulsora del proyecto, subrayó que la ley busca proteger derechos sin limitar la libertad de expresión ni el uso legítimo de herramientas digitales.

El contexto global le da aún más peso a la norma. UNICEF alertó sobre el crecimiento acelerado de imágenes sexualizadas de menores generadas con IA, y un estudio conjunto con ECPAT e INTERPOL en 11 países identificó al menos 1,2 millones de niños afectados en el último año. La ley chaqueña se suma a las leyes nacionales Olimpia y Belén, y representa un intento concreto de que el derecho alcance la velocidad de la tecnología.

El gobernador Leandro Zdero de Chaco firmó el 26 de agosto una ley que convierte a la provincia en pionera en la penalización de deepfakes y contenidos digitales manipulados. La Ley N° 4250-J, aprobada por la legislatura provincial el 8 de agosto, establece sanciones penales y multas para quienes creen o distribuyan material falso, alterado o generado con inteligencia artificial que dañe la integridad, reputación o privacidad de una persona.

La norma define con precisión qué constituye contenido manipulado: cualquier material generado o alterado mediante tecnología —incluyendo IA— que represente a una persona real en situaciones falsas y que pueda engañar o causar perjuicio a su dignidad, intimidad o reputación. La ley también prohíbe explícitamente el uso de identidades digitales falsas o ajenas para acosar, dañar o defraudar. Quienes creen este tipo de contenido sin consentimiento expreso e informado enfrentan arrestos de hasta 60 días o multas de hasta 15 salarios mínimos, equivalentes a $5.649.000. Si el material es difundido, la sanción se eleva a 18 salarios mínimos —aproximadamente $6.778.800— o 90 días de arresto.

Las penas se duplican cuando estos delitos ocurren en contextos de violencia de género o intrafamiliar. Las sanciones aumentan aún más si la víctima es menor de edad, persona con discapacidad, o si existe una relación de confianza entre la víctima y el autor. En casos que impliquen lucro, coacción o daño psicológico grave, la pena puede llegar a 120 días de arresto o 20 salarios mínimos. La legislación también incorpora medidas procesales urgentes: los jueces pueden ordenar la eliminación inmediata de contenido, prohibir contacto, restringir el uso de plataformas o exigir rectificaciones. Los bloqueos preventivos y eliminación provisional de contenidos tienen un plazo máximo de 24 horas, y las órdenes pueden dirigirse a plataformas, redes sociales, proveedores de internet y servicios de alojamiento digital.

La ley añade nuevas pautas para la cadena de custodia de evidencia digital, requiriendo que archivos, mensajes y videos se mantengan en soporte original con registro estricto de quién, cuándo y cómo accedió a ellos. También exige capacitación en ciberdelitos para magistrados y fiscales. Magdalena Ayala, ex legisladora e impulsora del proyecto junto al diputado Iván Gyoker, explicó que la actualización era necesaria porque "cada día la tecnología avanza más y muchas veces se podría utilizar para dañar", y que la nueva regulación protege derechos mientras pone límites claros a la violencia digital sin afectar la libertad de expresión ni el uso legítimo de herramientas digitales.

Esta legislación responde a una crisis creciente. Este año, denuncias de deepfakes en escuelas de todo el país generaron preocupación nacional. En el Colegio Nacional Buenos Aires y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, adolescentes fueron víctimas de imágenes sexuales adulteradas con IA. En política, un video falso generado con IA de Mauricio Macri circuló durante la campaña electoral porteña, desalentando el voto a Silvia Lospennato. En los comicios del 26 de octubre de 2025, la Justicia electoral recibió más de 360 denuncias, principalmente por violaciones a la veda electoral y difusión de contenidos adulterados.

La ley chaqueña se alinea con iniciativas nacionales como la Ley Olimpia 27.736, que reconoce la violencia digital contra mujeres y permite ordenar la eliminación de material íntimo real o editado, y la Ley "Belén", que busca castigar la producción y difusión de contenidos sexuales manipulados mediante IA. El problema trasciende Argentina. UNICEF alertó sobre el "rápido aumento del volumen de imágenes sexualizadas generadas por IA que circulan por la red, incluidas fotografías de niños y niñas manipuladas y sexualizadas". Un estudio realizado por UNICEF, ECPAT e INTERPOL en 11 países encontró que al menos 1,2 millones de niños y niñas fueron afectados en el último año por manipulación de sus imágenes mediante deepfakes con contenido sexual explícito. La ley de Chaco representa un intento legislativo de frenar una práctica que crece globalmente.

Cada día la tecnología avanza más y muchas veces se podría utilizar para dañar. Era necesario actualizar nuestra legislación y brindar más protección a las víctimas, sin afectar la libertad de expresión.
— Magdalena Ayala, ex legisladora e impulsora del proyecto
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