En la madrugada del jueves, el Congreso de Brasil aprobó una ley que desmantela cuatro décadas de protección ambiental, en lo que la propia ministra de Medio Ambiente calificó como un día de luto nacional. La norma, impulsada por una mayoría conservadora más radical que la del gobierno anterior, llega apenas cuatro meses antes de que Brasil acoja la COP30 en el corazón de la Amazonía, poniendo en evidencia la profunda contradicción entre las ambiciones climáticas del país y sus dinámicas políticas internas. Como tantas veces en la historia humana, el destino del mundo natural queda atrapado en
Brasil aprueba la mayor flexibilización ambiental en décadas, asestando golpe a Lula
El fin de cuatro décadas de construcción legislativa ambiental
¿Por qué un Congreso más conservador que el de Bolsonaro logra aprobar esto ahora, bajo un presidente de izquierda?
Porque Lula no tiene los números. Su coalición es frágil. Los conservadores controlan la mayoría y usan esa mayoría para bloquear sus prioridades fiscales y ahora para imponer la suya en medio ambiente.
Pero hay que ser precisos: ¿es que Lula se opuso activamente a esta ley, o simplemente no tenía votos para detenerla?
Se opuso. Su ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, la llamó "un día de luto". Pero oposición no es lo mismo que poder.
¿Qué significa en la práctica que un empresario pueda darse a sí mismo un permiso ambiental?
Significa que alguien que quiere talar un bosque o construir una mina rellena un formulario en internet y listo. No hay evaluación externa, no hay científicos revisando el impacto.
¿Eso es legal bajo la ley anterior?
No. Antes había órganos federales que evaluaban. Ahora esos órganos pierden competencias.
¿Y qué pasa con la COP30 que Brasil va a organizar en cuatro meses?
Lula quería presentarse como líder climático global. Ahora aprobó una ley que hace lo opuesto.
Espera, ¿Lula aprobó la ley?
No, el Congreso la aprobó. Lula tiene quince días para vetarla.
¿Y lo hará?
Probablemente vete los fragmentos más evidentes. Pero vetar todo sería una batalla que podría perder.
Le Pouls
- Con 267 votos a favor, el Congreso brasileño aprobó de madrugada una ley que permite a empresarios otorgarse sus propios permisos ambientales mediante simples formularios en línea, sin supervisión externa.
- Ecologistas y científicos advierten que la norma provocará mayor contaminación, deforestación acelerada y degradación irreversible de ecosistemas como la Mata Atlántica y la Amazonía.
- La aprobación sacude la imagen internacional de Brasil a cuatro meses de la COP30 en Belém y complica la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
- El presidente Lula enfrenta ahora la presión del movimiento ecologista para vetar la ley en su totalidad, aunque la tensión con un Congreso conservador hace que cualquier batalla legislativa sea costosa.
- El Gobierno no descarta recurrir a los tribunales alegando inconstitucionalidad, y en los próximos quince días se definirá si Lula decide librar ese enfrentamiento abierto con el Parlamento.
En la madrugada del jueves, el Congreso de Brasil aprobó una ley que desmantela cuatro décadas de protección ambiental, en lo que la propia ministra de Medio Ambiente calificó como un día de luto nacional. La norma, impulsada por una mayoría conservadora más radical que la del gobierno anterior, llega apenas cuatro meses antes de que Brasil acoja la COP30 en el corazón de la Amazonía, poniendo en evidencia la profunda contradicción entre las ambiciones climáticas del país y sus dinámicas políticas internas. Como tantas veces en la historia humana, el destino del mundo natural queda atrapado entre las urgencias del poder y las lentitudes de la conciencia colectiva.
En la madrugada del jueves, el Congreso Nacional de Brasil aprobó con 267 votos a favor y 116 en contra una ley que flexibiliza radicalmente la legislación ambiental del país. La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, la calificó como "un día de luto", mientras ecologistas y científicos la denominan la "ley de la devastación": el mayor retroceso ambiental desde la dictadura.
El texto elimina la evaluación rigurosa para proyectos clasificados como "estratégicos" por el Gobierno e introduce la figura de la "autodeclaración", mediante la cual los propios empresarios se otorgan permisos ambientales rellenando formularios en línea. Ampliar carreteras, desarrollar actividades agropecuarias o construir presas en municipios pequeños ya no requerirá autorización ambiental. Además, la ley relaja las restricciones sobre la tala en la Mata Atlántica, la selva tropical más amenazada de Brasil, de la que solo subsiste una cuarta parte de su extensión original.
El Observatorio del Clima, que agrupa a decenas de organizaciones, advirtió que la norma generará inseguridad jurídica para inversores y empresarios, y representa "el fin de cuatro décadas de construcción legislativa ambiental". El momento es especialmente incómodo para el presidente Lula: en cuatro meses, Brasil acogerá la COP30 en Belém do Pará, donde aspiraba a presentarse como líder climático global. La ley también complica la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
La aprobación se enmarca en una escalada de tensión entre el Ejecutivo y el Parlamento. A finales de junio, el Congreso anuló un aumento de impuestos aprobado por el Gobierno, llevando a Lula a recurrir al Tribunal Supremo en un movimiento sin precedentes. Los parlamentarios respondieron con una sesión maratoniana que, además de la ley ambiental, aprobó treinta mil millones de reales en créditos subsidiados para el sector agropecuario, justo cuando el Gobierno intenta reducir el gasto público.
El movimiento ecologista exige que Lula vete la ley en su totalidad, aunque lo más probable es que el veto sea parcial. Marina Silva no descartó recurrir a los tribunales por inconstitucionalidad. En los próximos quince días se sabrá si el presidente decide librar esa batalla, en uno de los momentos más tensos de su relación con el Congreso.
La madrugada del jueves, el Congreso Nacional de Brasil aprobó una ley que desmantelará décadas de protecciones ambientales, asestando lo que la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, llamó "un día de luto" para el país. Con 267 votos a favor y 116 en contra, los diputados de mayoría conservadora —más escorada a la derecha incluso que durante el gobierno de Bolsonaro— aprobaron una norma que había estado en tramitación durante más de veinte años y que ahora, bajo la presidencia progresista de Luiz Inácio Lula da Silva, logró finalmente convertirse en ley.
El texto flexibiliza radicalmente los requisitos para autorizar proyectos con potencial contaminante o destructivo para el medio ambiente. Las obras que el Gobierno clasifique como "estratégicas" pueden avanzar sin evaluación rigurosa. Más aún, la ley introduce la figura de la "autodeclaración", permitiendo que empresarios se otorguen a sí mismos permisos ambientales rellenando formularios en línea, sin que órganos externos de evaluación intervengan. A partir de ahora, ampliar carreteras, desarrollar actividades agrícolas y ganaderas, o construir presas para municipios pequeños y haciendas no requerirán permisos ambientales. Los organismos federales que supervisaban obras de alto riesgo en minería pierden competencias, mientras que estados y municipios —más vulnerables a la corrupción local— ganan poder de decisión. La ley incluso relaja las restricciones sobre la tala de vegetación nativa en la Mata Atlántica, la selva tropical más amenazada de Brasil, de la cual solo subsiste una cuarta parte de su extensión original.
Ecologistas y científicos llevan meses advirtiendo sobre lo que denominan la "ley de la devastación". El Observatorio del Clima, que agrupa a decenas de organizaciones, señaló que contrariamente a lo que sus defensores sostienen, la norma generará conflictos e inseguridad jurídica para empresarios e inversores. "Es el fin de cuatro décadas de construcción legislativa ambiental y el retorno a un modelo de desarrollo económico que produce descontrol, contaminación y muerte", afirmaron en un comunicado.
La aprobación llega en un momento particularmente incómodo para el Gobierno de Lula. En cuatro meses, Brasil será anfitrión de la COP30 en Belém do Pará, en el corazón de la Amazonía, donde Lula pretendía presentar al país como líder global en la lucha contra el cambio climático y promotor del desarrollo sostenible. La ley también complica las negociaciones para ratificar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, proporcionando munición a quienes se oponen al pacto argumentando que buena parte de las exportaciones brasileñas provienen de la deforestación y de regulaciones ambientales más laxas.
El movimiento ecologista brasileño pide ahora que Lula ejerza su derecho de veto y rechace el texto en su totalidad, aunque lo más probable es que vete solo los fragmentos más evidentemente problemáticos. Marina Silva, la ministra de Medio Ambiente, declaró que el Gobierno no descarta recurrir a los tribunales, considerando la norma inconstitucional. En los próximos quince días se sabrá si Lula decide librar esta batalla, en un contexto donde la relación con el Congreso está más tensa que nunca.
La tensión entre el Ejecutivo y el Parlamento se ha agudizado en las últimas semanas. A finales de junio, la Cámara y el Senado anularon un aumento de impuestos a las transacciones financieras que el Gobierno había aprobado, llevando Lula el caso al Tribunal Supremo en un movimiento sin precedentes. El juez Alexandre de Moraes convocó una mesa de diálogo que no llegó a acuerdo, pero terminó dando buena parte de la razón al Ejecutivo. Los parlamentarios, contrariados, respondieron el miércoles con una sesión maratoniana antes del receso de julio. Las votaciones se extendieron hasta la madrugada, y además de la ley ambiental, aprobaron treinta mil millones de reales —casi cinco mil cuatrocientos millones de dólares— en créditos subsidiados para el sector agrícola y ganadero, precisamente cuando el Gobierno intenta reducir gastos.
Citations marquantes
Un día de luto— Marina Silva, ministra de Medio Ambiente de Brasil, sobre la aprobación de la ley
Es el fin de cuatro décadas de construcción de la legislación ambiental y el retorno al modelo de desarrollo económico que causa descontrol, contaminación y muerte— Observatorio del Clima, en comunicado crítico sobre la ley