En Uruguay, el Estado se enfrenta a una de las tensiones más antiguas de la política social: usar la necesidad como palanca para garantizar derechos. El Banco de Previsión Social suspenderá asignaciones familiares a casi 4.000 adolescentes que dejaron de asistir a clases, muchos de ellos empujados fuera del sistema no por indiferencia, sino por la presión económica de sus hogares. Al mismo tiempo, una política activa de búsqueda logró reincorporar al 42% de los desvinculados, recordándonos que la exclusión educativa rara vez es una elección libre, y que el Estado puede, cuando se lo propone, i
BPS suspenderá 3.968 asignaciones familiares por inasistencia a clases
Aproximadamente 3.968 menores perderán asignaciones familiares, muchos de los cuales trabajan informalmente o cuidan hermanos en situación de vulnerabilidad económica.