Beneficencia de Lima y Minsa disputan los terrenos del Hospital Larco Herrera entre deudas y un proyecto de ley

El Hospital Víctor Larco Herrera, el centro especializado en salud mental que lleva el nombre de su benefactor, fue entregado hace varias décadas a la Beneficencia de Lima. En 1968 pasó a ser administrado por el Ministerio de Salud (Minsa), en virtud de un acuerdo que fijaba un plazo de 30 años. Ese plazo quedó atrás hace mucho, y el predio sigue sin volver a manos de la Beneficencia, pese a que esta ha intentado recuperarlo en varias ocasiones.

A la disputa por el terreno se suma una deuda. Por el uso del bien durante 30 años, la Beneficencia calcula un monto acumulado de S/ 850 millones, que corresponde al pago pendiente por la ocupación del predio.

Mientras tanto, el Congreso busca darle una salida a la situación. A mediados de mayo, la bancada Perú Democrático presentó un proyecto de ley que declara de utilidad y necesidad pública el terreno donde se encuentra el hospital y dispone su transferencia a favor del Minsa. En los últimos días, la iniciativa pasó a la Comisión de Salud y Población, donde será debatida.

Guillermo Ackermann, expresidente de la Beneficencia de Lima, que durante sus tres años en el cargo impulsó la devolución de los predios, considera inviable ese camino. Según dijo, una ley de ese tipo es imposible: no tiene fundamento legal, tendría que recurrirse a una expropiación, y esta exigiría pagar una enorme cantidad, sin contar la deuda pendiente. Eso, advierte, sería un problema para el Estado.

Ackermann señala que hay dos procesos judiciales contra el Minsa. El primero es por la deuda. A su juicio, el convenio ya prescribió y el ministerio no solo está en mora, sino que ocupa de forma precaria un hospital cuya propiedad es privada y está destinada al apoyo de los pobres. El segundo es el proceso de desalojo del hospital.

El expresidente cuenta que, al asumir la gestión en 2019, buscó a los ministros que estaban al frente del sector para encontrar una solución y no obtuvo respuesta. Llegó a reunirse con la directora del hospital, pero afirma que no encontró disposición para resolver el asunto.

El terreno tiene 22 hectáreas, de las cuales solo se usa el 15 %; el resto está en condiciones precarias. Además, el hospital tiene una manda que impide ejecutar en el predio cualquier proyecto ajeno a la salud mental. Según Ackermann, incumplirla podría llevar a los descendientes del benefactor a reclamar el terreno.

La idea de la Beneficencia, explica, era desarrollar un proyecto conceptual de una ciudad de salud mental, que describe como la más grande de América Latina. Incluiría la parte hospitalaria, clínica y ambulatoria. Se conversó con varias universidades para ubicar allí las sedes de las facultades de psicología, psiquiatría y neurociencia, además de un centro de convenciones y conferencias sobre salud mental.

Queda por ver si la Comisión de Salud y Población da trámite al proyecto de ley y si los dos procesos judiciales contra el Minsa avanzan, dos frentes que definirán quién controla el terreno.