Barcelona limitará plazas de aparcamiento en nuevos edificios según acceso al transporte público

Barcelona y 27 municipios de su área metropolitana acaban de aprobar una transformación en cómo se construirá el futuro urbano. La comisión de urbanismo del ámbito metropolitano decidió esta semana actualizar las reglas sobre plazas de aparcamiento en edificios nuevos y calles, un cambio que busca reconfigurar la relación entre la ciudad, el transporte privado y la vivienda.

La nueva normativa parte de una premisa simple pero radical: no todos los lugares necesitan la misma cantidad de estacionamiento. La regulación divide el territorio en tres zonas según su accesibilidad al transporte público. Dentro de las rondas de Barcelona —el perímetro que marca la ciudad central— las reglas son más restrictivas. En el segundo anillo, donde la conectividad es buena pero no óptima, los requisitos se flexibilizan. Y en municipios donde los residentes dependen del automóvil privado para moverse, se permiten más plazas. Esta estructura reconoce una realidad que las administraciones catalanas argumentan que el planeamiento anterior ignoraba: llevan 50 años usando el Plan General Metropolitano, un documento que quedó obsoleto ante cambios en la movilidad, el comercio electrónico, la intermodalidad entre transportes y la evolución de los espacios urbanos.

Los números revelan la intención detrás de la política. En vivienda de protección oficial dentro de Barcelona, los edificios podrán no tener ni una sola plaza de aparcamiento, o un máximo de una por piso. En vivienda libre dentro de las rondas, el mínimo es una plaza por cada cuatro pisos para inmuebles pequeños, y puede llegar a una o dos plazas por piso si el apartamento supera los 100 metros cuadrados. En el segundo perímetro, la vivienda social requiere un mínimo de una plaza por cada cuatro pisos, mientras que la vivienda de mercado necesita una por cada dos. En municipios sin accesibilidad real al transporte público, tanto la vivienda protegida como la de precio de mercado requieren una plaza por piso. Los alojamientos turísticos, sea cual sea su categoría, necesitarán un mínimo de una plaza por cada cuatro unidades.

La decisión responde directamente a la crisis de vivienda. Las administraciones entienden que obligar a construir aparcamiento encarece los proyectos de vivienda pública y dificulta su viabilidad económica. Al flexibilizar estos requisitos en la primera corona metropolitana, especialmente para vivienda protegida, buscan acelerar la construcción de pisos públicos en momentos de emergencia habitacional. Xavier Mariño, director del área de Urbanismo del Área Metropolitana de Barcelona, explicó que la nueva normativa pondera los requerimientos según la accesibilidad, la dependencia del vehículo privado y la presión sobre el espacio público. Insistió en que no se trata de estigmatizar el coche privado, sino de adaptar la regulación a realidades territoriales distintas.

La consejera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, afirmó que el objetivo es adaptarse a la realidad y la diversidad territorial, a nuevos requerimientos ambientales y a la orientación actual del urbanismo. Desde el Área Metropolitana, el vicepresidente ejecutivo Antonio Balmón señaló que la modificación plantea un cambio de paradigma, no una prohibición del vehículo privado. Agregó que en contexto de emergencia habitacional, flexibilizar los requerimientos de aparcamiento fomenta que se construya más y más rápido.

La regulación también introduce un máximo de plazas en zonas centrales, densas y saturadas. Paneque precisó que este límite busca desincentivar la movilidad en vehículo privado en espacios urbanos donde la congestión ya es un problema, mejorando así las condiciones ambientales y sociales. Desde la patronal de promotores inmobiliarios, APCE, su secretario general técnico Carles Sala celebró la aprobación, destacando que la norma reconoce un cambio social real. Sala observó que, excepto en Barcelona, hay flexibilidad en la aplicación, y que los promotores seguirán construyendo aparcamiento cuando consideren que sus futuros residentes lo necesitarán.

La regulación entrará en vigor en los próximos días, cuando se publique en el diario oficial de la Generalitat. Afectará a Barcelona, Badalona, Badia del Vallès, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, El Papiol, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, l'Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Montgat, Pallejà, Ripollet, Sant Adrià del Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Climent de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Tiana y Viladecans. El cambio marca un momento en el que la ciudad intenta resolver simultáneamente dos crisis: la falta de vivienda asequible y la saturación del espacio urbano.