En un momento de tensiones geopolíticas y presiones externas, Nicaragua avanza en una reforma constitucional que busca, según sus impulsores, blindar la soberanía nacional y dar continuidad a su modelo de desarrollo. La propuesta extiende los mandatos a siete años, restringe la participación electoral de quienes hayan atentado contra el orden constitucional y otorga al Consejo Supremo Electoral facultades para disolver partidos con financiamiento foráneo. Como tantas veces en la historia de los pueblos pequeños, el debate de fondo no es solo jurídico: es la pregunta perenne sobre dónde termina