Ataque con drones explosivos deja herido en instalaciones mineras de Segovia, Antioquia

El lunes por la mañana, drones cargados con explosivos sobrevolaron las instalaciones de la Asociación Mutual de Mineros El Cogote en Segovia, un municipio en el nordeste de Antioquia. Los artefactos fueron lanzados contra la bocamina, impactando varios vehículos estacionados en el lugar. Una persona resultó herida. Los daños materiales fueron significativos, pero el verdadero peso del ataque fue otro: la confirmación de que la violencia armada había llegado directamente a las operaciones mineras legales de la región.

Las autoridades comenzaron inmediatamente a investigar las circunstancias del ataque. Los primeros indicios apuntaban hacia una causa que ya era conocida en el nordeste antioqueño: la disputa territorial entre grupos armados ilegales por el control de las rentas ilícitas. En esa zona operan disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, dos organizaciones que han estado en conflicto constante por dominar las economías clandestinas locales. El ataque con drones, una táctica cada vez más común en estos enfrentamientos, sugería que la confrontación se estaba intensificando.

Desde la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, Conaminercol, comenzaron a evaluar si el ataque estaba vinculado a amenazas o extorsiones previas contra la asociación afectada. Aunque no se confirmó oficialmente esa conexión en los primeros momentos, la pregunta era pertinente: ¿había sido este un acto de represalia? ¿Una advertencia? Las investigaciones continuaban para establecer si existían antecedentes de intimidación que pudieran explicar por qué precisamente esa instalación fue elegida como objetivo.

Rubén Darío Gómez Cano, secretario de Conaminercol, expresó la preocupación del sector minero con palabras que reflejaban una frustración más profunda. No se trataba solo de este ataque. La violencia en zonas mineras estaba aumentando en todo el país, y situaciones similares se repetían en otras regiones. El gremio denunciaba que la presencia estatal era intermitente, que llegaba solo en momentos de crisis o para destruir equipos, pero no para construir seguridad sostenible. Lo que pedían era diferente: una estrategia integral de formalidad y legalidad, acompañada de una presencia institucional constante y objetiva.

El llamado fue directo al Gobierno Nacional, al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Pública. El sector minero exigía que se fortalecieran las estrategias de seguridad en los territorios donde operaban, que se enfrentara de manera efectiva a los grupos armados ilegales, y que se redujera la incertidumbre que paralizaba tanto a las comunidades como a las operaciones legales. El ataque con drones en Segovia no era un incidente aislado; era un síntoma de una crisis más amplia: la captura de territorios mineros por actores violentos, y la incapacidad del Estado para garantizar que la actividad legal pudiera desarrollarse sin ser constantemente asediada por la guerra entre criminales.