Armengol abre la puerta al catalán, euskera y gallego en el Congreso y reabre el debate sobre técnica y coste

Apenas elegida presidenta de la Mesa del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol dedicó parte de su discurso de apertura de la legislatura a un anuncio concreto: su Presidencia permitirá el uso del catalán, el euskera y el gallego en el Hemiciclo, y lo hará desde la sesión constitutiva celebrada el jueves 17 de agosto de 2023. Dijo que quería manifestar su compromiso con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego, y con la riqueza lingüística que suponen.

Es una reivindicación histórica de los grupos progresistas y de los que proceden de comunidades con otra lengua oficial además del castellano: Galicia, País Vasco, Cataluña y Valencia. El reglamento de la Cámara baja no menciona qué idiomas deben emplearse en el Hemiciclo ni en la tramitación de los asuntos legislativos, de modo que nada lo impedía. Pero la Presidencia de la Mesa había vetado hasta ahora esa posibilidad: solo admitía citas en esas tres lenguas, no intervenciones completas.

Ahí nacen las dudas legales. Hay quien se pregunta si hace falta reformar el reglamento para llevar la medida a la práctica. Ni la normativa vigente ni la Constitución contienen restricción o prohibición alguna, así que se interpreta que su aplicación depende en buena parte de la voluntad política del órgano que rige el funcionamiento del Congreso. Existe además un precedente cercano: el Senado, que se presenta como una suerte de representación territorial del país, es parcialmente plurilingüe desde hace casi veinte años. Allí las lenguas entraron de forma gradual, mediante varias modificaciones de su reglamento. Hoy se admiten en la primera intervención del presidente ante el Pleno, en las sesiones de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en el debate de mociones, en la publicación de iniciativas y en los escritos que los senadores presentan en el Registro, así como en los que ciudadanos e instituciones dirigen a la Cámara.

La segunda duda es técnica: si será posible traducir los escritos e interpretar en simultáneo las intervenciones de los parlamentarios desde el momento mismo que anunció Armengol. En el Senado, de esas tareas se ocupa una bolsa de siete personas, con un presupuesto anual de 350.000 euros. Los diputados siguen los debates con equipos de traducción con auriculares; los 400 que compró el Senado en 2011 costaron poco más de 4.500 euros.

El anuncio llega en un momento políticamente delicado. Las elecciones dejaron un empate técnico inesperado entre los bloques de derecha e izquierda, y la elección de Armengol como candidata socialista a presidir la Mesa ha sido clave para empezar a desbloquear la legislatura. Con 52 años, presidió las Islas Baleares durante ocho años, gobernó con otras fuerzas, incluidas las nacionalistas, y mantuvo buena relación con los partidos independentistas catalanes Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya. Su perfil sumó al voto socialista no solo a Junts y ERC, sino también al PNV y a EH Bildu. En su discurso lo resumió así: se trata de sumar, de practicar el diálogo, de hablar, falar, hitz egin, parlar, porque España avanza cuando se reconoce en su pluralidad.

Los partidarios ven en la medida un avance en el reconocimiento y la normalización de esa pluralidad; los detractores insisten en la dificultad técnica y el coste. La primera voz en contra fue la de Pepa Millán, recién estrenada portavoz de Vox en el Congreso, que pidió en el Hemiciclo que no se dieran por válidos los juramentos de la Constitución hechos en catalán o gallego: "No sabemos si están acatando la Constitución o la están atacando".

A favor se sitúa sin matices Sumar, la formación de la ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, que ya había anunciado el 2 de agosto que presentaría una propuesta para reformar el reglamento en este sentido. Esa reforma, junto con la solución del problema de la traducción simultánea y su coste, es lo que habrá que seguir en las próximas semanas.