Álvarez: el JNE debió fijar las reglas de sucesión desde el inicio del proceso electoral

El lunes por la mañana, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, se sentó en el programa Las cosas como son, de RPP, para hablar de una decisión que sacude la política limeña: la del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de no entregar credenciales de alcalde a autoridades en funciones que postularon como primeros regidores.

La resolución se conoció el viernes anterior. Por mayoría de tres votos contra dos, el JNE determinó que los alcaldes en ejercicio que se presentaron como primeros regidores incurren en una figura de reelección encubierta. El efecto alcanza a varios candidatos, pero el caso más visible es el del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Con ese criterio, no recibirá la credencial para asumir la Alcaldía de Lima, y la titularidad pasa a la segunda regidora de su lista.

Álvarez no se centró en el fondo de la decisión, sino en el momento en que se tomó. Sostuvo que las reglas de juego de una contienda electoral deben ser claras y quedar fijadas al inicio del proceso, para evitar interpretaciones tardías que generen inestabilidad entre los electores. Según dijo, en ese punto no hay debate y todos los analistas coinciden: las reglas se expresan al inicio, y una vez convocado el proceso ya no pueden modificarse ni la legislación ni los reglamentos.

De ahí su reproche al organismo electoral. A su juicio, las normas de sucesión debieron precisarse desde la convocatoria, y el JNE debió zanjar el asunto desde el comienzo. No lo hizo, afirmó, y ahora queda por ver cómo se va a dirimir la situación.

La resolución provocó el rechazo de Renovación Popular y de la defensa legal de López Aliaga. Esa defensa anunció que presentará denuncias penales por abuso de autoridad y prevaricato contra el presidente del JNE, Roberto Burneo, y contra el magistrado Rubén Torres.

Sobre las salidas legales, el ministro fue cauteloso. Advirtió que pedir una medida cautelar ante el Poder Judicial no resolvería la controversia de fondo. Explicó además que los plazos ya no permiten acudir al Tribunal Constitucional y que un recurso judicial produciría un choque de competencias entre fueros.

Álvarez recordó que el ente electoral sostiene que sus decisiones son inimpugnables en pleno proceso electoral. En materia electoral, dijo, el juez es el Jurado, y hacer lo contrario significaría abrir las compuertas del caos y del desorden.

Queda por seguir si las denuncias penales contra Burneo y Torres avanzan y si la disputa termina escalando al Poder Judicial, algo que el propio ministro considera poco útil para resolverla.