Allanamiento a la geógrafa que publicó las cifras de COVID-19 de Florida reabre la disputa con DeSantis

A las 8:30 de la mañana del lunes 7 de diciembre de 2020, un grupo de agentes entró armado a una casa de Tallahassee, Florida. No buscaban drogas ni a un fugitivo. Salieron con una computadora, varios celulares y discos duros. Lo que se llevaron era información, y la dueña de esa información es Rebekah Jones, la geógrafa que construyó el tablero público de contagios de COVID-19 de Florida.

Jones administraba esa página web dentro del Departamento de Salud estatal. Durante los primeros meses de la pandemia, su tablero reunía las cifras de contagios y muertes y fue elogiado por funcionarios de la Casa Blanca por lo accesible que resultaba. A inicios de mayo, sin embargo, fue despedida. Según su versión de entonces, la sacaron porque le ordenaron ocultar parte de los datos. El Tampa Bay Times informó en aquel momento que había tenido acceso a correos electrónicos según los cuales Jones se opuso a eliminar datos que mostraban que las personas tenían síntomas o pruebas positivas.

La portavoz del gobernador Ron DeSantis, Helen Aguirre Ferré, dio otra explicación: insubordinación. Dijo que Jones siguió un patrón repetido de desobediencia, incluidas decisiones unilaterales de modificar el tablero sin el aporte ni la aprobación del equipo epidemiológico o de sus supervisores. El propio DeSantis cuestionó sus credenciales, la describió como una empleada disruptiva y afirmó que enfrenta acusaciones de acoso cibernético y acoso sexual cibernético. USA Today documentó que Jones ha tenido choques con la policía en Florida, entre ellos un cargo por robo que se retiró por falta de pruebas. Hoy enfrenta un cargo menor por acoso cibernético tras una ruptura sentimental.

Tras el allanamiento, Jones publicó un video en Twitter y escribió que ese día no habría actualización de datos. Dijo que los agentes se llevaron el teléfono y la computadora que usa a diario para publicar los casos de Florida y los casos escolares de todo el país. Afirmó que le apuntaron con un arma a la cara y también a sus hijos menores. Aseguró además que se llevaron evidencia de corrupción en el estado y que le dijeron que se trataba de una brecha de seguridad. «Fue DeSantis. Él envió a la Gestapo», denunció.

Las autoridades rechazan ese relato. Gretl Plessinger, portavoz del Departamento de Policía de Florida, negó que se apuntara a los niños y explicó que los agentes esperaron diez minutos antes de entrar, porque primero querían entregarle una orden judicial para acceder a su computadora. El comisionado del Departamento de Aplicación de la Ley, Rick Swearingen, afirmó que en ningún momento se apuntaron armas a nadie en la casa y que Jones se negó al inicio a abrir la puerta y colgó a los agentes que la llamaron para avisarle del registro. En el video que ella publicó se ve entrar a los oficiales armados, pero no se alcanza a ver a sus hijos ni a su esposo.

La orden forma parte de una investigación judicial abierta a partir de una queja del Departamento de Salud. Su sistema de chat, usado para enviar alertas de emergencia, habría sido hackeado, y por él se coló un mensaje: «Es hora de hablar antes de que mueran otras 17 mil personas. Sabes que esto está mal. No tienes que ser parte de esto. Sé un héroe. Habla antes de que sea demasiado tarde». Según la investigación, el acceso ilegal se hizo desde una dirección IP de Jones.

El contexto sanitario pesa sobre el caso. Florida es el tercer estado con más casos acumulados, 1,065 millones, por detrás de California y Texas, y el cuarto en muertes, con 19 mil. DeSantis nunca impuso cuarentenas y, pese al repunte, sigue reticente a exigir mascarillas; es uno de los gobernadores más cercanos a Donald Trump.

Jones no fue arrestada ni acusada de ningún delito. Tras su despido creó su propio tablero, Florida COVID Action, con datos y opciones de prueba, y participa en COVID Monitor, centrado en las escuelas. En CNN dijo que DeSantis debería preocuparse menos por lo que ella escribe y más por los enfermos y fallecidos, y que esto no le impedirá informar los datos. La investigación sobre el presunto acceso ilegal al sistema de alertas sigue abierta.