Alemania se divide sobre la ilegalización del partido de extrema derecha AfD

Alemania enfrenta una encrucijada política que divide a sus instituciones. El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) encabeza las encuestas en las próximas elecciones regionales de septiembre, con posibilidades reales de gobernar por primera vez en estados como Sajonia-Anhalt. Esta perspectiva ha reavivado un debate que lleva años latente: ¿puede y debe el país declarar inconstitucional a una formación política que considera una amenaza existencial para la democracia?

En agosto, Lars Klingbeil, copresidente del SPD —partido que gobierna en coalición con la CDU—, escribió en Die Zeit que la prohibición de AfD no es solo una opción, sino una obligación democrática. Su argumento se basaba en un informe presentado en junio por ocho juristas de la ONG Sociedad para los Derechos de Libertad. Estos académicos recopilaron 2.500 pruebas: documentos internos del partido, declaraciones de sus representantes y mensajes en redes sociales. Su conclusión fue que AfD vulnera el artículo 21 de la Constitución alemana, que prohíbe partidos que trabajen para destruir el régimen democrático. Los juristas documentaron que la formación ha expresado explícitamente su intención de perseguir a opositores políticos, población musulmana, alemanes con raíces extranjeras y al colectivo LGTBIQ si llegara al poder.

Esta presión académica y política se ha intensificado. Más de mil juristas firmaron en julio una carta dirigida al Gobierno y al Bundestag exigiendo que soliciten la ilegalización de AfD al Tribunal Constitucional. Incluso Sven Hüber, vicepresidente del Sindicato de la Policía, escribió en agosto que los agentes de Sajonia-Anhalt deben estar preparados para desobedecer órdenes de un posible Gobierno de AfD si estas atentan contra los principios democráticos, invocando un artículo de la Ley Fundamental que autoriza la resistencia contra amenazas al régimen.

Pero existe un obstáculo fundamental: la CDU, el partido conservador del canciller Friedrich Merz, se opone a la prohibición. Sin su apoyo, no hay mayoría en el Bundestag para elevar la solicitud al Tribunal Constitucional. El diputado Christoph Ploss explicó la posición democristiana con claridad: un procedimiento de ilegalización que fracasara reforzaría el mito de la víctima que AfD ya cultiva, potencialmente beneficiando al partido políticamente. La CDU prefiere combatir las ideas de AfD en el terreno político, no legal.

La historia alemana ofrece precedentes limitados. Desde 1949, el Tribunal Constitucional ha ilegalizado solo dos organizaciones políticas: el SRP en 1952 por ser considerada heredera del partido nazi, y el Partido Comunista en 1956. El último intento fracasó en 2017, cuando la Corte rechazó ilegalizar al NPD, un partido de origen neonazi, argumentando que aunque tenía planteamientos anticonstitucionales, no representaba un peligro inmediato para la democracia. En febrero de este año, un tribunal dictaminó que los servicios secretos internos no podían clasificar a AfD como "extremista de derechas", aunque reconoció que existen "esfuerzos contra el orden democrático y liberal" dentro de la organización.

Los académicos que respaldan la prohibición critican que los servicios secretos enfocaron su análisis solo en la islamofobia y el racismo de AfD, sin examinar suficientemente su supuesta estrategia de persecución política. El informe de la ONG documenta numerosos mensajes de la extrema derecha pidiendo el encarcelamiento de la excanciller Angela Merkel por permitir la acogida de refugiados, y de miembros del Gobierno anterior por supuestas tramas de fraude o negligencia durante la pandemia.

Sin embargo, otros juristas advierten sobre los peligros de esta ruta. Elisa Hoven y Frauke Rotsalki, profesoras de Derecho en Leipzig y Colonia respectivamente, publicaron en agosto que los criterios constitucionales para determinar si un partido es inconstitucional aún no están suficientemente definidos. Señalaron que las declaraciones políticas reprochables no siempre cumplen los requisitos legales elevados para la ilegalización, y que prohibir partidos conlleva un riesgo especialmente alto de instrumentalización política. Victoria Gulde, directora de estudios de la Fundación Amadeu Antonio, va más allá: incluso si AfD fuera ilegalizada tras años de procedimiento, sus estructuras disueltas y sus diputados expulsados del Bundestag, esto no eliminaría las actitudes antidemocráticas de millones de votantes. "AfD no es la causa del problema, es un síntoma", concluyó Gulde. El verdadero desafío para Alemania no es solo decidir si puede prohibir a un partido, sino cómo responder a las fuerzas políticas y sociales que lo sustentan.