En una sala de San Francisco, el expresidente peruano Alejandro Toledo busca frenar su retorno al Perú, sosteniendo que las pruebas que lo señalan descansan sobre testimonios falsos. La disputa se inscribe en el largo capítulo de la corrupción de Odebrecht, esa red de sobornos que cruzó fronteras y gobiernos de América Latina y que aún obliga a los países a mirarse en su propio espejo. Lo que el juez Thomas Hixson resuelva dirá cuánto pesa una acusación frente a la promesa de justicia en tierra extranjera.
Alejandro Toledo pedirá en EE.UU. que se rechace su extradición al Perú por presuntos testimonios falsos
Más de dos años de batallas legales y su destino en manos de un juez
Mark
¿Qué se decide exactamente el 24 de setiembre?
Mimi
Se escucha la moción de Toledo para que se deniegue su extradición. Luego el juez magistrado Thomas Hixson decidirá si el caso procede.
Mark
¿Y con qué criterio decide?
Mimi
Con el de causa probable: si hay evidencia suficiente para sustentar cargos penales. No es un juicio sobre culpabilidad.
Luke
Eso conviene subrayarlo. Que el juez decida no equivale a un veredicto sobre los sobornos. Solo evalúa si la evidencia basta para enviarlo al Perú.
Mark
Toledo dice que dos testigos mintieron. ¿Quiénes son?
Mimi
Un empresario israelí y un exejecutivo de Odebrecht. Según Toledo, declararon en falso para evitar ser enjuiciados.
Luke
Ojo: eso es la versión de la defensa. El texto no informa si el juez la considera creíble ni qué responde la fiscalía a esa acusación concreta.
Mark
¿Y los US$ 31 millones en transferencias?
Mimi
Hay registros bancarios que muestran el movimiento por varias cuentas y sociedades fantasma. Toledo dice que eso no prueba que el dinero fuera para él.
Luke
Y los fiscales hablan de US$ 35 millones, no 31. La diferencia no se explica en la fuente, así que no conviene darla por resuelta.
Mimi
Lo cierto es que lleva más de dos años de batallas legales y sigue en arresto domiciliario.
O Pulso
- El viernes 24 de setiembre, un expresidente peruano intentará impedir su extradición en una audiencia federal en San Francisco.
- Toledo acusa a dos testigos clave, un empresario israelí y un exejecutivo de Odebrecht, de mentir para librarse de sus propios juicios.
- La fiscalía sostiene que US$ 35 millones de sobornos de Odebrecht se movieron para asegurar la construcción de la Carretera Interoceánica.
- El juez Thomas Hixson deberá decidir si existe causa probable suficiente para enviar a Toledo de vuelta a Lima.
- El caso reaviva el recuerdo del suicidio de Alan García en 2019, una herida que aún sangra en la política peruana.
En una sala de San Francisco, el expresidente peruano Alejandro Toledo busca frenar su retorno al Perú, sosteniendo que las pruebas que lo señalan descansan sobre testimonios falsos. La disputa se inscribe en el largo capítulo de la corrupción de Odebrecht, esa red de sobornos que cruzó fronteras y gobiernos de América Latina y que aún obliga a los países a mirarse en su propio espejo. Lo que el juez Thomas Hixson resuelva dirá cuánto pesa una acusación frente a la promesa de justicia en tierra extranjera.
El viernes 24 de setiembre, en una sala de San Francisco, el expresidente peruano Alejandro Toledo pedirá que un juez federal rechace el pedido de extradición del Perú. Su argumento es que el caso de soborno en su contra se sostiene sobre testimonios falsos.
Toledo, de 74 años, gobernó el Perú entre 2001 y 2006 y hoy cumple arresto domiciliario en el Área de la Bahía de San Francisco. Tras más de dos años de batallas legales, su destino quedará ahora en manos del juez magistrado Thomas Hixson, quien aplicará el estándar de causa probable para determinar si hay evidencia suficiente para sostener los cargos.
Los fiscales acusan a Toledo de haber arreglado pagos de US$ 35 millones de Odebrecht a cambio de un contrato para construir dos tramos de la Carretera Interoceánica, una obra de US$ 2,000 millones que une los océanos Pacífico y Atlántico. La defensa responde que dos testigos mintieron para evitar ser juzgados y que las transferencias bancarias no demuestran que el dinero llegara a su bolsillo.
El caso se enmarca en un escándalo que alcanzó a una docena de países latinoamericanos y que ya dejó una víctima fatal en el Perú: el expresidente Alan García se quitó la vida en 2019, cuando la policía llegó a arrestarlo. La decisión de Hixson determinará si Toledo regresa a Lima para responder ante la justicia.
El viernes 24 de setiembre, en una sala de San Francisco, el expresidente peruano Alejandro Toledo Manrique pedirá a un juez federal estadounidense que rechace el pedido de extradición del Perú. Su argumento central es que el caso de soborno en su contra se apoya en testimonios falsos.
Toledo, de 74 años, gobernó el Perú entre 2001 y 2006. Hoy cumple arresto domiciliario en el Área de la Bahía de San Francisco. Estuvo en la cárcel desde su detención, en julio del 2019, y su régimen cambió debido a la pandemia del COVID-19. El portal estadounidense Court House News recordó que, tras más de dos años de batallas legales, la audiencia sobre su moción para denegar la extradición está fijada para esa fecha. Después, su destino quedará en manos de un juez magistrado federal.
Ese juez es Thomas Hixson. Deberá decidir si Toledo es enviado de vuelta para enfrentar cargos ante la justicia peruana. El estándar que aplica la ley estadounidense en estos casos es la causa probable: si existe evidencia suficiente para sustentar cargos penales contra el acusado. Hixson sopesará los argumentos de ambas partes.
Toledo enfrenta acusaciones de soborno y lavado de dinero. Los fiscales sostienen que hizo arreglos para que Odebrecht le pagara US$ 35 millones a cambio de un lucrativo contrato para construir dos tramos de la Carretera Interoceánica. Es un proyecto de US$ 2,000 millones, completado en el 2012, que une los océanos Pacífico y Atlántico mediante 2,575 kilómetros de carretera a través de Perú y Brasil.
La defensa del expresidente afirma que dos testigos clave, un empresario israelí y un exejecutivo de Odebrecht, declararon falsamente en su contra para evitar ser enjuiciados. Toledo también sostiene que los registros bancarios que muestran transferencias por más de US$ 31 millones a través de varias cuentas y sociedades fantasma no prueban que ese dinero haya sido destinado a su beneficio.
El caso forma parte de una investigación de corrupción de gran alcance. Toledo es uno de los cuatro expresidentes peruanos implicados en el escándalo de Odebrecht. La constructora brasileña, que el año pasado cambió su nombre a Novonor, admitió haber pagado US$ 788 millones en sobornos para 100 proyectos financiados por gobiernos de una docena de países latinoamericanos, entre ellos México, Argentina, Brasil y Perú. Tenía incluso su propio departamento de sobornos para pagar a políticos. En el 2016, Odebrecht y su filial Braskem acordaron pagar US$ 3,600 millones en multas penales por el esquema.
El escándalo ya tuvo un desenlace trágico en el Perú. En el 2019, el expresidente Alan García se suicidó cuando la policía llegó a su casa para arrestarlo por cargos de corrupción vinculados a Odebrecht.
Tras la audiencia del viernes, la decisión de Hixson dirá si hay causa probable suficiente para que Toledo regrese al Perú a responder ante un tribunal.
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Toledo sostiene que dos testigos clave declararon falsamente en su contra para evitar ser enjuiciados.— Alejandro Toledo, según Court House News y Gestión
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