Tres años después de que el pueblo ecuatoriano votara mayoritariamente por dejar el petróleo del Yasuní bajo tierra, la nacionalidad waorani alza la voz ante un gobierno que ha cerrado apenas diez de doscientos cuarenta y siete pozos. Lo que comenzó como un hito democrático —una consulta popular clara y vinculante— se ha convertido en una pregunta incómoda sobre la distancia entre la voluntad ciudadana y la acción del Estado. En el corazón de uno de los ecosistemas más ricos del planeta, pueblos indígenas en aislamiento voluntario siguen pagando con su salud y su territorio el costo de esa bre
Waoranis exigen a Ecuador cumplir cierre del campo petrolero en Yasuní
Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario enfrentan amenazas, enfermedades y conflictos territoriales por la continuación de la explotación petrolera.
Si el Estado no tiene voluntad, nosotros con la nuestra enseñaremos que es posible
Mark
¿Por qué tres años es tanto tiempo para cerrar un campo petrolero?
Mimi
Porque cada año que pasa, más crudo se extrae, más daño se causa a los territorios indígenas y más difícil se vuelve detener la maquinaria. Pero también porque tres años es tiempo suficiente para que un gobierno demuestre si en serio respeta lo que su propio pueblo votó.
Mark
¿Qué significa que los waoranis fueron excluidos del comité de cierre?
Mimi
Significa que el gobierno creó un espacio para tomar decisiones sobre el futuro del Yasuní sin incluir a quienes viven allí, a quienes conocen el territorio, a quienes sufren las consecuencias. Es una exclusión que refleja una falta de respeto fundamental.
Mark
¿Realmente es posible cerrar el bloque en dos años en lugar de cinco?
Mimi
Según los expertos que ahora trabajan con los waoranis, sí. Pero la pregunta real no es técnica. Es política. ¿Quiere el gobierno hacerlo rápido o quiere seguir extrayendo petróleo mientras dice que está cerrando?
Mark
¿Qué pasa con los pueblos en aislamiento voluntario mientras esto se debate?
Mimi
Siguen viviendo bajo amenaza. Enfermedades, conflictos por territorio, presencia de operaciones petroleras en sus tierras ancestrales. No pueden esperar cinco años. Ni tres.
Mark
¿Por qué la Corte Interamericana importa si el gobierno ecuatoriano no obedece?
Mimi
Porque crea un registro internacional. Porque otros países ven que Ecuador promete y no cumple. Y porque eventualmente, esa presión internacional puede obligar cambios que la política interna no logra.
Il Polso
- El aniversario de la consulta popular de 2023 llega sin celebración: solo el 4% de los pozos del bloque 43-ITT han sido cerrados, y los waoranis denuncian que ni siquiera existe una base de datos independiente para verificar esa cifra.
- La exclusión de la nacionalidad waorani del comité gubernamental de cierre no es un detalle burocrático —es la señal de que quienes más tienen que perder siguen siendo los menos escuchados.
- Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario dentro del Yasuní enfrentan enfermedades, conflictos territoriales y amenazas directas mientras la explotación petrolera continúa sin fecha real de término.
- La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ratificó la obligación del Estado ecuatoriano, pero las sentencias internacionales y los votos ciudadanos parecen insuficientes frente a la inercia política.
- Los waoranis han decidido no esperar: reclutan expertos petroleros y economistas internacionales para demostrar que el cierre puede hacerse en dos años, con o sin voluntad del gobierno.
Tres años después de que el pueblo ecuatoriano votara mayoritariamente por dejar el petróleo del Yasuní bajo tierra, la nacionalidad waorani alza la voz ante un gobierno que ha cerrado apenas diez de doscientos cuarenta y siete pozos. Lo que comenzó como un hito democrático —una consulta popular clara y vinculante— se ha convertido en una pregunta incómoda sobre la distancia entre la voluntad ciudadana y la acción del Estado. En el corazón de uno de los ecosistemas más ricos del planeta, pueblos indígenas en aislamiento voluntario siguen pagando con su salud y su territorio el costo de esa brecha.
Tres años han pasado desde que casi seis de cada diez ecuatorianos votaron para dejar el petróleo del Yasuní bajo tierra. Era una decisión democrática sin ambigüedades: el bloque 43-ITT debía cerrarse. Hoy, mientras la nacionalidad waorani marca ese aniversario, el gobierno sigue sin cumplir.
Juan Bai, presidente de la nacionalidad Waorani, lo resume sin rodeos: tres años de consulta, tres años de incumplimiento. El daño no es solo ambiental, aunque el Yasuní sea hogar de miles de especies y uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta. La explotación continua genera enfermedades, conflictos territoriales y amenazas directas para los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario en las provincias amazónicas de Orellana y Pastaza.
El gobierno creó un comité en 2024 para supervisar el cierre del bloque, pero los waoranis no fueron invitados. De los doscientos cuarenta y siete pozos del bloque, apenas diez han sido apagados según cifras oficiales —cifras que Bai cuestiona por la ausencia de verificación independiente. El Ejecutivo habla de cinco años para completar el proceso; expertos internacionales que acompañan a la nacionalidad waorani consideran que dos años serían suficientes si existiera voluntad política.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ratificó la obligación del Estado de avanzar en el cierre, pero las decisiones democráticas y las sentencias internacionales parecen no ser suficientes. Ante esa realidad, los waoranis han decidido actuar por su cuenta: han fortalecido sus propias capacidades y reclutado expertos para demostrar al mundo que el cierre es posible, con o sin el apoyo del Estado.
Lo que está en juego es más que petróleo. Es el derecho de un pueblo a que se respete su territorio y su existencia. Y es también la credibilidad de la democracia ecuatoriana: ¿de qué sirve una consulta popular si el gobierno puede ignorarla durante años? Bai insiste en algo que suena simple pero resulta esquivo: tiene que haber voluntad. Sin ella, ningún plazo importa.
Tres años han pasado desde que Ecuador tuvo la oportunidad de hacer historia. El 20 de agosto de 2023, casi seis de cada diez ecuatorianos votaron en consulta popular para dejar el petróleo del Yasuní bajo tierra. Era una decisión clara, democrática, sin ambigüedades. El bloque 43-ITT —los campos de Ishpingo, Tambococha y Tiputini— debería cerrarse. Pero hoy, mientras la nacionalidad waorani marca el aniversario de esa votación, el gobierno sigue sin cumplir.
Juan Bai, presidente de la nacionalidad Waorani, lo dice sin rodeos: tres años de consulta, tres años de incumplimiento. No es solo un problema ambiental, aunque el Yasuní sea una de las zonas más biodiversas del planeta, hogar de dos mil especies de árboles, doscientas cuatro de mamíferos, seiscientas diez de aves, reptiles, anfibios y peces. El verdadero daño es más profundo. La explotación continua genera enfermedades, conflictos territoriales y amenazas directas para los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario dentro del parque, en las provincias amazónicas de Orellana y Pastaza.
El gobierno estableció un comité en 2024 para supervisar el cierre del bloque. Los waoranis no fueron invitados. Mientras tanto, de los doscientos cuarenta y siete pozos del bloque, apenas diez han sido apagados según cifras oficiales —aunque Bai señala que ni siquiera existe una base de datos independiente que permita verificar esa cifra. El Ejecutivo habla de cinco años para completar el cierre total. Bai y los expertos internacionales, petroleros y economistas que ahora acompañan a la nacionalidad waorani consideran que dos años serían suficientes, si existiera la voluntad política.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ratificó que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de avanzar en el cierre. Pero las obligaciones internacionales y las decisiones democráticas internas parecen no ser suficientes. Frente a lo que Bai describe como falta de voluntad gubernamental, la nacionalidad waorani ha decidido actuar por su cuenta. Han fortalecido sus propias capacidades, reclutado expertos, y se proponen demostrar al mundo que el cierre del bloque 43-ITT es posible, con o sin el apoyo del Estado.
Lo que está en juego es más que petróleo o dinero. Es el derecho de un pueblo a que se respete su territorio, su salud, su existencia. Es también la credibilidad de la democracia ecuatoriana: ¿de qué sirve una consulta popular si el gobierno puede ignorarla durante años? Bai insiste en un punto que suena simple pero que parece ser el más difícil de conseguir: tiene que haber voluntad. Sin ella, ni cinco años ni dos años importan.
Citazioni salienti
Hoy se cumplen tres años de la consulta popular y tres años del incumplimiento por parte de las autoridades del Gobierno— Juan Bai, presidente de la nacionalidad Waorani
No puede ser cinco años. Tiene que ser dos años por lo menos, pero tiene que haber una voluntad— Juan Bai
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