En el corazón de la democracia española se libra una disputa sobre quién tiene derecho a votar y por qué vías puede reconocerse ese derecho. La llamada 'ley de nietos', que ampliaría el sufragio a descendientes de emigrantes españoles, ha desatado una confrontación entre el Gobierno de coalición, el Tribunal Supremo y la oposición de Vox, cada uno invocando principios distintos —identidad, legalidad y procedimiento— para defender su postura. Lo que comenzó como una cuestión de ciudadanía se ha convertido en un campo de batalla sobre los límites del poder legislativo y judicial en España.