Voto sorpresivo de Fux contra cargos a Bolsonaro reabre incertidumbre en juicio por golpismo

El miércoles pasado, el magistrado Luiz Fux del Supremo Tribunal de Brasil pronunció su voto en el juicio contra Jair Bolsonaro por presunto intento de golpe de Estado, y con ello transformó lo que parecía ser un camino despejado hacia la condena en un escenario de incertidumbre renovada. Fux rechazó de manera categórica los cinco cargos que la Fiscalía había presentado contra el expresidente: tentativa de golpe, abolición violenta del Estado democrático de derecho, organización criminal, daño al patrimonio público y deterioro de bienes protegidos. En una exposición de varias horas, argumentó que no existían actos ejecutorios ni conducta dolosa atribuible a Bolsonaro, y que carecía de pruebas que lo vincularan directamente con el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia ocurrido el 8 de enero de 2023.

Pero el fundamento de su voto fue más profundo aún: Fux cuestionó la competencia misma del tribunal para juzgar al expresidente. Sostuvo que la máxima corte brasileña solo puede procesar delitos cometidos durante el mandato presidencial, y que los eventos de enero de 2023 ocurrieron cuando Bolsonaro ya no ejercía el poder. Por esa razón, pidió la anulación completa del proceso y argumentó que el caso debería ser juzgado desde la primera instancia, no directamente en el Supremo Tribunal Federal. Fux, quien fue nominado al cargo por la expresidenta Dilma Rousseff, fundamentó su posición en una interpretación estricta de la jurisdicción de la corte.

La Fiscalía, sin embargo, sostiene una narrativa distinta. Argumenta que la presunta trama golpista comenzó en 2021, y que los sucesos de enero de 2023 fueron simplemente el punto culminante de planes que se gestaron años atrás. Esta diferencia interpretativa es central: si la conspiración comenzó durante el mandato de Bolsonaro, entonces el tribunal tendría jurisdicción; si los actos decisivos ocurrieron después, entonces no.

Hasta el momento, dos magistrados ya han votado a favor de condenar. El juez Flávio Dino y Alexandre de Moraes, quien es el relator del caso, emitieron sus votos en favor de los cinco cargos. Con solo un voto más a favor de la condena, la mayoría en el panel de cinco miembros estaría asegurada. Pero el voto de Fux ha complicado ese escenario. Aún quedan pendientes las opiniones de Cármen Lúcia Antunes y Cristiano Zanin, ambos nominados por el presidente Lula da Silva, cuyas posiciones podrían ser decisivas para inclinar la balanza en una u otra dirección.

Bolsonaro, de 70 años, enfrenta potencialmente hasta 40 años de cárcel según las estimaciones de la Fiscalía por los cargos más graves. Actualmente cumple arresto domiciliario tras desafiar restricciones impuestas por el tribunal. Junto a él están siendo juzgados siete altos asesores y exministros que, según los fiscales, actuaron como el núcleo central de una organización criminal cuyo objetivo era desmantelar el régimen democrático. El expresidente se ha declarado inocente durante todo el proceso y tiene derecho a apelar cualquier eventual condena ante el pleno de la corte.

Este no es el primer revés legal para Bolsonaro. En 2023 fue condenado en otra causa por abuso de poder al difundir información falsa sobre la seguridad del sistema electoral brasileño ante gobiernos extranjeros, lo que lo dejó impedido de ejercer cargos públicos durante ocho años. El caso actual ha generado conmoción política dentro de Brasil y también ha atraído atención internacional. El presidente Donald Trump ha calificado el juicio como una "cacería de brujas" y ha respondido con medidas económicas contra Brasil, incluyendo un arancel del 50 por ciento a productos brasileños, restricciones de visados y sanciones financieras a funcionarios involucrados en el proceso judicial. El Gobierno brasileño ha rechazado estas acusaciones, considerándolas una injerencia en asuntos internos del país.

Si Bolsonaro apela una eventual condena, el pleno de once miembros del Supremo Tribunal no volvería a juzgar el caso completo, sino que revisaría puntos específicos como posibles contradicciones en la sentencia, la duración de la pena o interpretaciones legales. Por ahora, la decisión final depende de dos votos que aún no se han emitido, y el resultado permanece abierto.