Víctimas de abuso en seminarios denuncian que la Iglesia archiva casos sin investigar

J. G. C. tiene 59 años y vive con el recuerdo de una noche de hace cuatro décadas que cambió el curso de su vida. A los 13 años, estudiante en el seminario de Segovia, fue sacado de una fila de compañeros que se dirigían al cine. Un profesor responsable del seminario, A. G. R., lo llevó a una habitación. Lo que sucedió después —la ropa arrancada, las manos de un adulto sobre su cuerpo, el intento de resistencia— quedó grabado en fragmentos en su memoria, interrumpido por un vacío que su mente parece haberse negado a llenar completamente.

Cuando finalmente, hace apenas un par de años, J. encontró las palabras para contar lo que le había pasado, sus hermanas lo llevaron ante el obispado de Segovia. Esperaban justicia, o al menos una investigación seria. Lo que recibieron fue un archivo. El tribunal canónico de la Rota en España cerró el caso sin llamar a ninguno de los testigos que la familia había identificado y ofrecido. La razón oficial: falta de indicios y de testimonio concluyente. La explicación del sacerdote acusado, ahora de 80 años, fue que la ropa mojada de diciembre justificaba que la quitara. Que el abuso, si es que ocurrió, fue obra de otro alumno. Que la amistad entre menores era un secreto íntimo que no merecía ser reportado a los padres.

Lo que emerge de este caso no es una anomalía sino un patrón. Según el único informe oficial de la Iglesia española sobre el escándalo de abusos, publicado en 2023 y titulado Para dar luz, apenas uno de cada diez casos denunciados fue considerado creíble. Los procesos canónicos tienden a favorecer la versión del acusado sobre la de la víctima. Las investigaciones son superficiales. Los denunciantes reciben poca información sobre sus propias causas. Los testigos son descartados. Y en muchos casos, las denuncias nunca llegan al Vaticano, o llegan ya con una recomendación de archivo que Roma simplemente ratifica. Cuando el obispado de Segovia fue consultado sobre este caso específico, respondió a una sola de cuatro preguntas: que sí había trasladado los resultados al Dicasterio de la Doctrina de la Fe. Nada más.

Hay un detalle que revela la contradicción en el corazón de este proceso. Pese a archivar el caso, el obispado apartó al sacerdote de toda actividad pastoral con menores. Cuando las hermanas preguntaron si tenía menores a su cargo, el obispo respondió: "No, no los tiene. Pero que sepa que no los puede tener". La diócesis, en otras palabras, actuó como si creyera que había un riesgo real. Pero no lo suficiente como para investigar.

J. todavía le tiemblan las manos cuando habla de esa noche. Ha pasado cuatro décadas en tratamiento psiquiátrico, asistiendo tres horas por semana. Tuvo intentos de suicidio. Desarrolló adicciones. Los negocios que intentó iniciar naufragaron bajo el peso de deudas que acumuló. Sus hermanas lo recuerdan llorando en casa, diciendo que no quería volver al seminario. Una frase que repetía una y otra vez: su vida se vino abajo desde que estuvo allí.

Las hermanas decidieron confrontar al sacerdote ellas mismas. Lo abordaron después de misa en Segovia el verano pasado. Él se acordaba de J. "como si lo hubiera visto el día anterior". En una conversación grabada, cuando le dijeron que su hermano había sufrido abusos sexuales, el sacerdote respondió: "¿Por mí? ¡Por el amor de Dios! Eso es completamente falso". Luego cambió de versión. Dijo que había encontrado a dos alumnos acostados en la misma cama, que uno de ellos era el verdadero abusador. Cuando le preguntaron por qué no había avisado a los padres, respondió: "La amistad es un secreto íntimo". Más tarde calificó el episodio de "anécdota".

Durante su declaración ante el juez de la Rota en noviembre, J. fue interrogado sobre una persona ficticia que el sacerdote había nombrado como supuesto abusador. Le preguntaron si dormía con este chico, si tenían relaciones íntimas. Nadie le preguntó directamente sobre lo que él denunciaba. Salió de la sala confundido, avergonzado, presionado. Sus hermanas habían ofrecido el nombre de un excompañero que podía testificar sobre el cambio radical en el comportamiento de J. después de esa noche: cómo se encerró en sí mismo, empezó a fumar, se volvió conflictivo. El tribunal nunca lo localizó. Tampoco buscó al supuesto abusador que el sacerdote había señalado.

El obispo de Segovia, Jesús Vidal Chamorro, explicó que la capacidad de investigación canónica es limitada, que no tienen los recursos de la policía. Que no pueden llamar a todos los alumnos. Que necesitarían más datos concretos. Las hermanas siguen sin entender qué datos más concretos se necesitan. Decidieron hacer público el caso por si otras víctimas quisieran hablar. Desde abril de este año, existe una alternativa: un sistema de reparación oficial del Ministerio de Justicia para todos los casos que la Iglesia archiva. Pero J. ya ha pasado cuarenta años esperando que alguien le crea.