El crimen organizado regula los asesinatos en territorios bajo su control
Al cierre de 2021, Venezuela contabilizó 11.081 muertes violentas según el Observatorio Venezolano de Violencia, una cifra que sitúa al país junto a Honduras entre los más peligrosos de América Latina. Detrás de los números hay una realidad más compleja: la leve reducción respecto al año anterior no refleja mayor seguridad, sino la consolidación del crimen organizado sobre el territorio y el colapso de una economía que ha reconfigurado, sin eliminar, la violencia. En un país donde las instituciones oficiales no ofrecen datos confiables, son las universidades y los observatorios independientes quienes cargan con la tarea de documentar el peso humano de esta crisis.
- Con una tasa de 40,9 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, Venezuela se mantiene como uno de los países más letales del hemisferio occidental.
- La categoría más numerosa no son los homicidios directos, sino las 4.003 muertes 'en averiguación', un signo de la opacidad y el caos institucional que rodea a cada pérdida.
- La leve caída respecto a 2020 genera una paradoja inquietante: los homicidios bajaron no por mayor seguridad, sino porque el crimen organizado regula la violencia en los territorios que controla.
- El Distrito Capital, Miranda y Bolívar concentran las tasas más altas, pero la inseguridad permea prácticamente todas las regiones del país sin distinción.
- Entre 2017 y 2019, 3.738 niños, niñas y adolescentes murieron de forma violenta, una cifra que revela que generaciones enteras han crecido sin conocer la paz.
A finales de diciembre, el Observatorio Venezolano de Violencia presentó su informe anual con una conclusión difícil de ignorar: durante 2021 murieron 11.081 personas por causas violentas en Venezuela, una tasa de 40,9 por cada 100.000 habitantes que coloca al país junto a Honduras como uno de los más peligrosos de América Latina.
Las cifras no son simples. De las 11.081 víctimas, solo 3.112 fueron clasificadas como homicidios directos. La categoría más grande, 4.003 casos, quedó registrada como muertes 'en averiguación', reflejo de la dificultad para establecer las circunstancias exactas de cada muerte. A eso se suman 2.332 fallecidos en 'resistencia a la autoridad' y 1.634 desapariciones, un mosaico de violencia donde la claridad es un lujo escaso.
Roberto Briceño-León, director del observatorio, explicó que la leve reducción frente a las 11.891 muertes de 2020 no debe leerse como una mejora. La economía paralizada y el control territorial del crimen organizado han limitado ciertos tipos de homicidios, pero no han traído seguridad real: han traído miedo administrado. Geográficamente, el Distrito Capital lidera con 77,9 muertes por cada 100.000 habitantes, seguido por Miranda, Bolívar, Delta Amacuro y Aragua.
El informe descansa sobre el trabajo de 15 equipos distribuidos en 10 universidades venezolanas, uno de los pocos mecanismos que documenta esta realidad ante la ausencia de datos oficiales confiables. Y entre los datos más desgarradores figura uno de un informe anterior: entre 2017 y 2019, 3.738 menores de edad murieron de forma violenta en Venezuela, una señal de que esta crisis no ha respetado ni la infancia ni el futuro.
A principios de la última semana de diciembre, el Observatorio Venezolano de Violencia presentó su informe anual con números que sitúan a Venezuela en un lugar sombrío dentro del continente. Durante 2021, aproximadamente 11.081 personas murieron por causas violentas en el país, lo que equivale a una tasa de 40,9 muertes por cada 100.000 habitantes. Esta cifra coloca a Venezuela al lado de Honduras como uno de los territorios más peligrosos de América Latina, según las evaluaciones de especialistas en seguridad.
La composición de esas muertes revela la complejidad de la violencia que atraviesa la nación caribeña. De las 11.081 víctimas, 3.112 fueron clasificadas como homicidios directos. Pero la categoría más grande fue la de 4.003 muertes catalogadas como "en averiguación", un término que refleja la dificultad para establecer las circunstancias exactas de muchas de estas pérdidas. Además, 2.332 personas murieron en lo que las autoridades denominan "resistencia a la autoridad", mientras que 1.634 casos fueron considerados desapariciones. Estos números, presentados por Roberto Briceño-León, director de la organización, muestran un panorama fragmentado donde la violencia adopta múltiples formas y donde la claridad sobre las causas de muerte es frecuentemente esquiva.
Lo que podría parecer una noticia de alivio relativo es que estas cifras representan una disminución respecto a 2020, cuando el observatorio registró 11.891 muertes violentas. Briceño-León ofreció una explicación que suena contradictoria pero que refleja la realidad del colapso económico y social del país: los homicidios bajaron porque la economía se paralizó y porque el crimen organizado ha consolidado su control territorial, regulando y limitando los asesinatos en las zonas bajo su dominio. En otras palabras, la reducción no refleja mejora en la seguridad, sino una reconfiguración de la violencia.
Geográficamente, la violencia no se distribuye de manera uniforme. El Distrito Capital encabeza la lista con 77,9 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, seguido por Miranda con 64,1, Bolívar con 56,8, Delta Amacuro con 52,1 y Aragua con 50,8. Estas cinco entidades concentran los niveles más críticos de inseguridad, aunque la violencia permea prácticamente todas las regiones del país.
El trabajo de recopilación de datos que sustenta este informe es considerable. El Observatorio Venezolano de Violencia opera a través de una red de 15 equipos distribuidos en 10 universidades del país, monitoreando constantemente información sobre la magnitud, los riesgos y el impacto social de la violencia. Este esfuerzo de investigación académica y comunitaria es uno de los pocos mecanismos que permite documentar la realidad de la seguridad en Venezuela cuando otras instituciones oficiales no proporcionan datos confiables.
La dimensión más desgarradora de esta crisis emerge cuando se consideran los menores de edad. En un informe presentado en septiembre en conjunto con la organización Centros Comunitarios de Aprendizajes, el observatorio documentó que entre 2017 y 2019 ocurrieron 3.738 muertes violentas de niños, niñas y adolescentes. De esa cifra, 917 eran menores de edad y 2.821 eran adolescentes. Estos números, aunque corresponden a un período anterior, ilustran cómo la violencia en Venezuela no respeta edad ni inocencia, y cómo generaciones completas han crecido bajo la sombra de la inseguridad.
Lo que estos datos revelan es que Venezuela enfrenta una crisis de seguridad de proporciones humanitarias significativas, comparable a la de otros países de la región que han sido escenarios de conflictos prolongados. La reducción marginal en el número de muertes no debe interpretarse como progreso real, sino como un cambio en la naturaleza de la violencia misma, donde el crimen organizado ha establecido un control territorial que, aunque reduce ciertos tipos de homicidios, perpetúa un estado de miedo y desplazamiento permanente.
Notable Quotes
Los homicidios se redujeron por la parálisis de la economía y el dominio cada vez mayor de territorios por el crimen organizado que regula o pone coto a los asesinatos— Roberto Briceño-León, director del Observatorio Venezolano de Violencia
Venezuela se ubica junto a Honduras como los países más violentos de América Latina durante 2021— Observatorio Venezolano de Violencia
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué una reducción en muertes violentas se presenta como algo preocupante si técnicamente hay menos gente muriendo?
Porque la reducción no significa que la violencia haya disminuido realmente. Briceño-León lo explica claramente: bajó porque el crimen organizado ahora controla los territorios y regula los asesinatos. Es como si dijéramos que la enfermedad mejoró porque el paciente está inmóvil en cama.
Entonces, ¿el crimen organizado está actuando como una especie de autoridad paralela?
Exactamente. Cuando dice que "pone coto a los asesinatos", significa que han establecido reglas en sus territorios. No es seguridad; es control. La gente sigue viviendo bajo amenaza, pero ahora bajo amenaza regulada.
¿Por qué el Distrito Capital tiene casi el doble de la tasa nacional?
Es donde se concentra la población, la economía informal, y donde las instituciones del Estado han colapsado más visiblemente. Es el epicentro de la crisis.
¿Qué significa "muertes en averiguación"? ¿Por qué es la categoría más grande?
Significa que no saben cómo murieron. Podría ser homicidio, podría ser ejecución extrajudicial, podría ser accidente. Que sea la categoría más grande refleja que ni siquiera hay claridad sobre las causas de muerte. Es un síntoma de que el sistema de justicia ha desaparecido.
¿Cómo logra el Observatorio recopilar estos datos si el Estado no los proporciona?
Tienen 15 equipos en 10 universidades que monitorean constantemente. Trabajan con comunidades, hospitales, registros locales. Es trabajo de hormiga, pero es lo único confiable que existe.
¿Qué nos dice el número de menores muertos sobre el futuro del país?
Que la violencia no es un problema de seguridad que se pueda resolver con políticas. Es un problema estructural que está destruyendo generaciones. Casi 3.800 niños y adolescentes en tres años. Eso es una sociedad que se está desmoronando desde adentro.