Venezuela inicia negociaciones para transición política bajo supervisión directa de Estados Unidos

Dinorah Figuera regresó a Venezuela esta semana después de más de siete años fuera del país, pero no para dar entrevistas. Llegó para encabezar las conversaciones que la oposición espera que abran el camino hacia nuevas elecciones y, finalmente, hacia la transición política que el país ha perseguido durante años. El mismo día en que se sentaría frente a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional chavista, Figuera fue vista desayunando con un influenciador venezolano que publicó en redes sociales: acababan de comer con los diputados enviados por Marco Rubio, el secretario de Estado estadounidense, quienes están encabezando esta transición.

Lo que distingue estas negociaciones de los diecisiete intentos de diálogo fallidos en más de dos décadas es la presencia constante y directa de Estados Unidos. Los funcionarios estadounidenses comparten el ascensor del hotel Marriott de Caracas con la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 —el cuerpo legislativo que la oposición ganó pero que el régimen posteriormente recuperó— mientras ambas delegaciones se sientan a la mesa. Cada lado rinde cuentas diariamente a Washington. Esta supervisión cercana y permanente es donde la oposición ha depositado todas sus esperanzas de lograr una transición real. El cambio comenzó en enero cuando Estados Unidos capturó al expresidente Nicolás Maduro y a su esposa, ahora encarcelados en Nueva York, y colocó a Delcy Rodríguez en su lugar. La Administración de Trump diseñó este proceso en Washington a principios de año y comenzó a hacerlo visible en abril.

Figuera ya ha establecido un cronograma ambicioso. En octubre, según el plan, se habilitarán los partidos judicializados y avanzarán los derechos políticos. En noviembre se conformará el nuevo Tribunal Supremo de Justicia. En diciembre existirá un nuevo Consejo Nacional Electoral. Medidas concretas ya están ocurriendo. El viernes pasado, la jueza María Lourdes Afiuni, una de las presas políticas más prominentes que había denunciado su grave estado de salud, recibió libertad plena después de dieciséis años en un proceso marcado por irregularidades y abusos. La liberación de todos los presos políticos no figura explícitamente en la agenda oficial, pero está siendo discutida.

Las delegaciones se instalaron en el Centro de Convenciones de La Carlota, dentro de una base militar, el jueves pasado, y luego se trasladaron al hotel Meliá. Permanecerán en sesión permanente hasta el próximo miércoles, cuando los diputados opositores saldrán del país hasta el siguiente encuentro. Pero el proceso carga con una exclusión que ha generado tensiones internas: María Corina Machado, la principal líder de la oposición, no está en la mesa. Esa decisión fue tomada por Estados Unidos, una maniobra que algunos ven como una recompensa al régimen venezolano. En mayo, después de que Figuera tuviera su primer encuentro en el Departamento de Estado, Machado intentó adelantarse a los eventos movilizando a los principales partidos que la apoyan para firmar en Panamá un pacto que la designaba a ella para encabezar las negociaciones. Washington se impuso, y ese acuerdo fue tácitamente abandonado.

Jesús Armas, dirigente de Vente Venezuela, el partido de Machado, expresa el dilema: todos quieren que se liberen los presos políticos, que haya un Tribunal Supremo equilibrado y un Consejo Electoral justo, pero los representantes sentados en la mesa son de partidos políticos, no la gente. Para Armas, la exclusión de Machado tiene más que ver con una exigencia del PSUV, el partido chavista, que con un distanciamiento de Washington. Paola Bautista de Alemán, vicepresidenta de Formación de Primero Justicia e investigadora sobre transiciones en la Universidad de Notre Dame, señala que Washington ha buscado una transición basada en lo institucional más que en lo político, y por eso rescató a la Asamblea Nacional de 2015. Figuera preside desde 2023 la comisión delegada que sostiene ese cuerpo legislativo y ha sido la interlocutora directa con el Departamento de Estado en la gestión de los activos y cuentas de Venezuela en el exterior.

Machado ha terminado por aceptar los hechos. Sostiene que no fue consultada, pero dice que ella y sus seguidores no serán un obstáculo para la mesa si logra los resultados sobre los que parece haber un consenso obligado: la hoja de ruta diseñada por Rubio que contempla estabilización, recuperación, transición y reconciliación política. Delsa Solórzano, del partido Encuentro Ciudadano, uno de los más cercanos a Machado, escribió en redes sociales: los venezolanos no serán jueces de las palabras, serán testigos de los resultados. Antonio Ecarri, jefe del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Estados Unidos, advierte que todos los acuerdos de la mesa de negociación terminarán pasando por la actual Asamblea para validarse. Aunque ya se habla de un cronograma que incluirá elecciones regionales y parlamentarias además de las presidenciales, la maquinaria que se encendió esta semana tiene sus controles en Washington, y por primera vez en 27 años, dice Ecarri, se dan pasos agigantados hacia una reinstitucionalización y hacia elecciones libres.