UNP retira esquemas de seguridad a Muñoz, Guerrero y Coral tras nueva evaluación

La Unidad Nacional de Protección tomó la decisión de suspender los esquemas de seguridad que protegían a Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral, tres figuras cercanas al gobierno de Gustavo Petro. El organismo concluyó, tras una nueva evaluación de riesgos, que ya no existían justificaciones suficientes para mantener activos estos dispositivos de protección. El costo conjunto de estos esquemas rondaba los 40 millones de pesos mensuales para el Estado.

La medida llega en medio de una controversia creciente sobre las circunstancias en que se otorgaron estas protecciones durante la administración anterior. El caso de Gabriela Muñoz se convirtió en el más visible de los tres. Ella recibió el esquema poco antes de que terminara el gobierno Petro, argumentando que había sido vinculada a un grupo político para acceder a la protección. Posteriormente sostuvo que las amenazas que había recibido justificaban la medida. Presentó una denuncia ante la Fiscalía por esas amenazas, pero según fuentes del ente investigador, la Fiscalía no pidió que se le asignara protección sino que solicitó una valoración para establecer su nivel de riesgo.

Muñoz ha estado en el centro de cuestionamientos sobre presuntas influencias indebidas en la Aeronáutica Civil. Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia y del Fondo Adaptación, la acusó de tener influencia en decisiones de esa entidad. El representante a la Cámara Daniel Briceño cuestionó posibles irregularidades en nombramientos dentro de la Aerocivil, incluyendo el nombramiento de Santiago David Muñoz Olaya, hermano de Gabriela, como auxiliar V de la entidad. La Procuraduría General de la Nación abrió en julio una indagación previa para establecer si hubo irregularidades en procesos de contratación y toma de decisiones dentro de la Aerocivil. Muñoz ha rechazado los señalamientos, afirmando que se trata de una estrategia para afectar su imagen y que los cuestionamientos responden a machismo.

Juliana Guerrero enfrenta un panorama judicial más complejo. El 26 de marzo, la Fiscalía llevó ante un juez su caso por la presunta utilización de documentos académicos falsos. La investigación busca determinar si esos títulos fueron incorporados a su hoja de vida para acreditar requisitos que le permitieran aspirar al cargo de viceministra de Juventudes. Durante la audiencia de imputación, el ente acusador afirmó que Guerrero habría presentado documentos que aparentaban ser auténticos, con formatos y firmas institucionales, para sustentar su trayectoria académica. La Fiscalía señaló que esto habría ocurrido con el propósito de inducir en error a servidores públicos y obtener el nombramiento como viceministra.

Pero ese no es el único frente que involucra a Guerrero. El 27 de julio, la Fiscalía inició actuaciones para determinar si ella y su hermana Verónica habrían participado en un esquema para gestionar contratos estatales a cambio de presuntas comisiones. La hipótesis investigada apunta a que las hermanas habrían ofrecido sus contactos e influencia ante funcionarios de distintas entidades públicas para favorecer a particulares interesados en obtener contratos. Las diligencias están siendo adelantadas por la Policía Judicial y, según fuentes, el caso quedaría en manos de la Dirección Especializada contra la Corrupción. Según información de la revista Semana, el supuesto esquema contemplaba un cobro inicial de un millón de pesos por una reunión, un anticipo de 200 millones para poner en marcha las gestiones y una comisión equivalente al 10 por ciento del valor de los contratos adjudicados. Los negocios bajo investigación estarían relacionados con ministerios de Vivienda, Interior, Igualdad, Ambiente y Defensa, además de Fiduagraria y la Agencia Nacional de Tierras. Guerrero ha negado estas acusaciones, afirmando que nunca se había reunido con supuestos empresarios para gestionar contratos y que desde hace más de un año no tiene vínculo contractual ni nombramiento con el Gobierno Nacional.

En el caso de Beto Coral, el esquema de seguridad le fue retirado porque le fue asignado apenas unos días después de su deportación de Estados Unidos, sin que previamente se hubiera surtido el procedimiento correspondiente para establecer su nivel de riesgo. La decisión de la UNP marca un giro en la evaluación de estas protecciones, reflejando un escrutinio más riguroso sobre cómo se otorgaron durante la administración anterior.