Cuando los privilegios del poder se examinan a la luz del interés público, suelen revelar más sobre quienes los otorgaron que sobre quienes los recibieron. La Unidad Nacional de Protección retiró los esquemas de seguridad de tres figuras cercanas al expresidente Gustavo Petro —Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral— tras concluir que no existían riesgos suficientes que los justificaran, poniendo fin a una protección que costaba cerca de 40 millones de pesos mensuales al erario. El episodio abre una reflexión más amplia sobre cómo se distribuyeron los recursos del Estado durante la admin
UNP no encontró riesgos para mantener esquemas de seguridad a cercanos a Petro
No había base para seguir gastando 40 millones mensuales
Mark
¿Por qué la UNP decidió retirar estos esquemas ahora? ¿Qué cambió en las condiciones de riesgo de estas personas?
Mimi
La UNP revisó sus casos desde cero y simplemente no encontró justificación suficiente para mantenerlos. No es que el riesgo desapareciera; es que cuando se evaluó con criterios más rigurosos, no había base para seguir gastando 40 millones mensuales en protegerlos.
Luke
Pero espera. Muñoz dice que tiene amenazas denunciadas ante la Fiscalía. ¿La UNP vio esas denuncias? ¿O la Fiscalía realmente no pidió protección, como dicen las fuentes?
Mimi
Eso es lo confuso. Muñoz sí denunció amenazas, pero la Fiscalía dice que nunca pidió protección, solo evaluó el riesgo. Entonces la pregunta es: ¿las amenazas son reales pero no graves, o simplemente no fueron documentadas de la forma correcta?
Mark
¿Y Juliana Guerrero? Ella tiene un juicio por falsificar un título. ¿Eso influyó en la decisión de quitarle el esquema?
Mimi
Probablemente. Cuando la UNP revisó, vieron que ella estaba siendo investigada por falsificación, que supuestamente ofrecía gestionar contratos a cambio de dinero, que su familia controlaba la Aerocivil. Todo eso hace difícil justificar que necesita protección estatal.
Luke
Pero el documento no dice explícitamente que la UNP consideró esos casos penales. Solo dice que no encontró riesgos suficientes. ¿Sabemos realmente qué criterios usaron?
Mark
¿Y Beto Coral? Su caso suena casi cómico: deportado, y tres días después, esquema de seguridad sin evaluación.
Mimi
Exacto. Ese es el más claro de los tres. No hay ni siquiera la pretensión de un proceso. Fue un esquema exprés, sin los pasos que se supone debe haber.
Luke
Aunque el documento tampoco explica por qué lo deportaron de Estados Unidos ni cuál era la amenaza supuesta contra él. Solo dice que fue irregular.
Mark
¿Pueden apelar? ¿Hay alguna probabilidad de que recuperen los esquemas?
Mimi
Sí, tienen derecho a apelar. Pero tendría que haber nueva evidencia o una evaluación diferente de riesgo. Dado lo que ya se sabe sobre estos casos, es difícil imaginar que la UNP cambie de parecer.
Luke
A menos que presenten documentación nueva sobre amenazas. Pero eso depende de si realmente existen esas amenazas o si fueron parte de la justificación para los esquemas irregulares.
O Pulso
- La UNP determinó que los tres esquemas de seguridad fueron otorgados de manera irregular, sin que mediara una evaluación de riesgo rigurosa ni una justificación técnica suficiente.
- Gabriela Muñoz, señalada de ejercer influencias indebidas en la Aerocivil, defiende su protección alegando amenazas denunciadas ante la Fiscalía, pero esa institución desmiente haber solicitado medidas de seguridad para ella.
- Juliana Guerrero enfrenta un juicio por falsificación de título universitario y acusaciones de tráfico de contratos estatales, mientras que Beto Coral recibió su esquema apenas días después de ser deportado de Estados Unidos, sin el procedimiento reglamentario.
- El nuevo gobierno retira los esquemas como señal de un cambio de enfoque: las decisiones de seguridad deberán responder a criterios técnicos, no a cercanías políticas.
- Los tres afectados conservan el derecho de apelar, mientras las investigaciones sobre presuntos abusos administrativos durante la era Petro continúan avanzando.
Cuando los privilegios del poder se examinan a la luz del interés público, suelen revelar más sobre quienes los otorgaron que sobre quienes los recibieron. La Unidad Nacional de Protección retiró los esquemas de seguridad de tres figuras cercanas al expresidente Gustavo Petro —Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral— tras concluir que no existían riesgos suficientes que los justificaran, poniendo fin a una protección que costaba cerca de 40 millones de pesos mensuales al erario. El episodio abre una reflexión más amplia sobre cómo se distribuyeron los recursos del Estado durante la administración anterior y qué criterios —técnicos o políticos— guiaron esas decisiones.
La Unidad Nacional de Protección retiró los esquemas de seguridad que cubrían a Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y el activista Beto Coral, tres figuras vinculadas al expresidente Gustavo Petro. Tras revisar las condiciones de riesgo de cada uno, la UNP concluyó que no existían motivos suficientes para mantener una protección que había sido asignada de forma irregular durante la administración anterior y que representaba un costo de aproximadamente 40 millones de pesos mensuales.
El caso de Muñoz concentró buena parte de la atención pública. Señalada de manejar decisiones clave en la Aerocivil —incluyendo designaciones de personal—, argumentó en redes sociales que su esquema respondía a amenazas reales denunciadas ante la Fiscalía. Sin embargo, esa institución aclaró que nunca solicitó medidas de protección para ella; lo que hizo fue evaluar su nivel de riesgo. El representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, fue directo: acusó a otra Juliana Guerrero de controlar la Aerocivil junto a su familia, manipulando perfiles para nombramientos y dejando a la entidad en crisis.
Guerrero, por su parte, enfrenta un juicio por haber falsificado un título universitario cuando intentaba posesionarse como viceministra. Con el tiempo emergieron acusaciones adicionales: junto a su hermana Verónica, supuestamente ofrecían gestionar contratos con entidades del Estado a cambio de dinero. Petro salió públicamente a defenderla ante esos señalamientos.
El caso de Beto Coral resultó quizás el más llamativo en términos procedimentales: recibió su esquema apenas días después de ser deportado de Estados Unidos, sin que se hubiera completado la evaluación de riesgo reglamentaria. Los tres afectados podrán apelar la decisión. El retiro de los esquemas se perfila como un gesto del nuevo gobierno para marcar distancia con las prácticas heredadas y restablecer criterios técnicos en la asignación de protección estatal.
La Unidad Nacional de Protección ha retirado los esquemas de seguridad que protegían a tres figuras cercanas al expresidente Gustavo Petro: Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y el activista Beto Coral. Según confirmaron fuentes del Gobierno Nacional, la UNP realizó una revisión de las condiciones de riesgo de estos tres personajes y determinó que no existían motivos suficientes para mantener los esquemas que les habían sido otorgados de manera irregular durante la administración anterior. La medida representa un ahorro significativo para el país, ya que estos esquemas de protección costaban aproximadamente 40 millones de pesos mensuales.
La controversia sobre estos esquemas de seguridad salió a la luz la semana anterior, cuando se reveló que Gabriela Muñoz, señalada de ejercer influencias indebidas en la Aerocivil, había recibido protección antes de que terminara la administración Petro. El argumento oficial para otorgarle el esquema fue su pertenencia a un grupo político. Sin embargo, Muñoz respondió públicamente argumentando que estaba siendo protegida por amenazas reales en su contra, que según ella había denunciado ante la Fiscalía meses atrás. En un video divulgado en redes sociales, aseguró que el proceso de protección no era una invención surgida del escándalo reciente, sino el resultado de denuncias formales que había presentado ante las autoridades competentes.
La investigación de este diario confirmó que Muñoz efectivamente había realizado denuncias por amenazas, pero fuentes de la Fiscalía aclararon que en ningún momento esa institución solicitó medidas de protección para ella. Lo que la Fiscalía había hecho fue evaluar su nivel de riesgo. Mientras tanto, las denuncias públicas sobre Muñoz señalaban que manejaba decisiones clave en la Aerocivil, incluyendo designaciones de personal. El representante a la Cámara Daniel Briceño, del Centro Democrático, fue explícito en sus críticas: afirmó que otra Juliana Guerrero controlaba la Aerocivil, que su familia estaba presente en toda la entidad, que manipulaban perfiles para hacer nombramientos y que todo esto había dejado a la institución en una grave crisis.
El caso de Juliana Guerrero presenta un historial más complejo de irregularidades. Guerrero irá a juicio por falsificar un título universitario en la Fundación San José. Apareció en la vida pública durante un consejo de ministros, y según el expresidente Petro, fue el exministro del Interior Armando Benedetti quien la contrató. Benedetti la empleó como jefa de gabinete en el Ministerio del Interior, y posteriormente ella buscaba posesionarse como viceministra utilizando el título falso. Con el tiempo, salieron a la luz irregularidades adicionales: junto con su hermana Verónica, supuestamente ofrecían gestionar contratos con entidades estatales a cambio de dinero. Ante estos señalamientos, Petro salió públicamente a defenderla.
Beto Coral, el activista petrista, recibió su esquema de seguridad en circunstancias aún más irregulares. Apenas unos días después de ser deportado de Estados Unidos, Coral fue asignado un esquema de protección sin que se hubiera realizado el procedimiento debido para evaluar su nivel de riesgo. Este caso ejemplifica la falta de rigor en los procesos de asignación de seguridad durante la administración anterior.
Los tres afectados tendrán la posibilidad de apelar la decisión de la UNP. Mientras tanto, las investigaciones sobre las irregularidades administrativas y los presuntos abusos de poder durante la administración Petro continúan su curso. El retiro de estos esquemas marca un punto de quiebre en cómo el nuevo gobierno está abordando las decisiones de seguridad heredadas, priorizando evaluaciones de riesgo rigurosas sobre consideraciones políticas.
Citações Notáveis
Desde hace meses inicié ante las autoridades el proceso correspondiente por las graves afectaciones a mi seguridad. Las amenazas están denunciadas ante la Fiscalía— Gabriela Muñoz, en video divulgado en redes sociales
Hay otra Juliana Guerrero que maneja la Aerocivil, su familia está por todo lado, manipularon perfiles para hacer nombramientos y tienen a esa entidad en una grave crisis— Daniel Briceño, representante a la Cámara del Centro Democrático
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