Cuando los privilegios del poder se examinan a la luz del interés público, suelen revelar más sobre quienes los otorgaron que sobre quienes los recibieron. La Unidad Nacional de Protección retiró los esquemas de seguridad de tres figuras cercanas al expresidente Gustavo Petro —Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral— tras concluir que no existían riesgos suficientes que los justificaran, poniendo fin a una protección que costaba cerca de 40 millones de pesos mensuales al erario. El episodio abre una reflexión más amplia sobre cómo se distribuyeron los recursos del Estado durante la admin