Universidades incumplen la estabilización de investigadores Ramón y Cajal pese a compromisos firmados

Lourdes Monterrubio llegó a la Universitat Pompeu Fabra con un contrato Ramón y Cajal en abril de 2024, tras completar una beca Marie Curie en París. La investigadora en estudios de cine ya tenía vínculos con la UPF y había colaborado en dos proyectos anteriores. Antes de incorporarse, la universidad le entregó un compromiso firmado por el vicerrector de Personal Docente e Investigador y el director del departamento. El documento establecía un itinerario claro: primero una plaza de tenure-track que debería convocarse antes de finales de 2025, y luego, al terminar el contrato en 2029, una posición como profesora agregada. No era una promesa vaga a cinco años vista. Era un acuerdo con fecha y firma.

Pero la universidad no cumplió. En marzo de 2025, después de que Monterrubio se quejara de un trato desigual respecto a otro investigador Ramón y Cajal del departamento, la dirección le ofreció una salida: trasladar su contrato a otra institución. Si no lo hacía, advirtieron, la plaza podría no convocarse. En enero de 2026, la decisión llegó formalmente: la Comisión de Profesorado rechazó convocar la plaza argumentando que no existía necesidad docente para su perfil. Era el mismo perfil que la universidad había firmado en 2023.

La UPF justificó su decisión diciendo que la actividad lectiva de Monterrubio cubría solo el 16% de la jornada ordinaria exigible, fijando un mínimo de 180 horas anuales para profesorado permanente. Pero ese criterio no aplica a un Ramón y Cajal: la ley limita estos contratos a un máximo de 100 horas anuales y ni siquiera obliga a dar clases. Cuando Monterrubio recurrió, la respuesta de la Agencia Estatal de Investigación fue que el compromiso solo sería exigible al terminar el contrato, en 2029. Mientras tanto, ella seguía sin plaza.

Monterrrubio no estaba sola. El 14 de julio de 2026, más de treinta investigadores firmaron una carta dirigida al director de la Agencia Estatal de Investigación. En ella describían su vulnerabilidad ante la incertidumbre de la estabilización. Algunos habían sido obligados a financiar temporalmente su propia continuidad mediante proyectos competitivos. Otros buscaban oportunidades en el extranjero. Algunos simplemente habían abandonado las instituciones donde se habían incorporado a través del programa. El periódico conoció al menos ocho casos similares, aunque muchos investigadores preferían mantener el anonimato por miedo. Otros, como Diego Lozano, fueron instados directamente por la Universidad de Barcelona a rechazar su estabilización.

Jordi Honey-Rosés había dejado un puesto en Canadá después de ocho años investigando allí. Se trasladó a la Universidad Autónoma de Barcelona como Ramón y Cajal, vinculado al Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales. Su contrato terminaba el 31 de agosto de 2026. La UAB le dijo que sin departamento no había lugar para un contrato permanente. Había cobrado menos de la mitad de lo que ganaba en Canadá durante cuatro años y diez meses. La única salida que le ofrecían era un contrato temporal. En febrero, una vicerrectora le comunicó directamente: te engañaron.

La UAB defendía que el contrato de investigador distinguido que le ofrecía era una vía válida de estabilización. Honey-Rosés rechazaba la propuesta con un matiz técnico decisivo: un contrato de cinco años puede ser indefinido, pero no permanente. El programa Ramón y Cajal exige lo segundo. La propia Agencia Estatal de Investigación, en un escrito al que accedió El País, recordó a la universidad su obligación de crear un puesto permanente. Honey-Rosés lanzó un reto: que la UAB mostrara la oferta en firme que decía haberle hecho. No la había. Solo existía el acta que él mismo había escrito aquella tarde, y que la universidad nunca contestó.

El incumplimiento tiene precio. Si una universidad no crea la plaza permanente, debe devolver la ayuda correspondiente a la quinta anualidad del contrato y pierde la financiación destinada a ese puesto estable. A ello se suma la indemnización por finalización del contrato. Honey-Rosés sostiene que le cifraron el conjunto en unos 150.000 euros, una cantidad que la UAB preferiría pagar antes que estabilizarlo. El Ministerio de Ciencia respondió que esas consecuencias constituyen un mecanismo reglado. Pero ninguna penalización va más allá de lo económico. A una universidad puede salirle a cuenta pagarlo y no cumplir.

Desde 2012 hasta 2019, alrededor del 94% de las ayudas culminaron con estabilización, según datos del ministerio. Los casos de incumplimiento representan una minoría, argumentaba el gobierno, respondiendo a circunstancias diversas. Pero para Monterrubio y Honey-Rosés, lo que estaba en juego era la credibilidad del sistema investigador en España. Honey-Rosés había conseguido financiación europea que le permitía marcharse a otra universidad y salvar su carrera. Sin eso, sería un postdoc con peores condiciones. Su lectura era la de un sistema que capturaba investigadores de fuera y luego no les hacía sitio. Los departamentos no querían gente externa; querían meter a los de la casa. Monterrubio había conseguido más de 22.625 euros de financiación para un proyecto, en beneficio de la universidad que pretendía despedirla. "Es inaceptable la indefensión y abandono que sufrimos los investigadores, a merced de las arbitrariedades de las entidades beneficiarias", concluyó.