Una madre impulsa eliminar la cláusula que niega seguros de vida por suicidio

Cuando alguien se suicida en España, la ley permite a las aseguradoras hacer algo que parece sacado de otro siglo: negar el pago del seguro de vida o imponer una espera de doce meses antes de que los beneficiarios vean un euro. El artículo 93 de la Ley de Contrato de Seguro, redactado en 1980, abre esa puerta con una frase que suena casi burocrática: los seguros no cubren la muerte "causada consciente y voluntariamente por el propio asegurado", salvo que hayan pasado doce meses desde la firma del contrato. En la práctica, muchas aseguradoras van más lejos y simplemente rechazan el pago sin importar cuánto tiempo haya pasado.

Esta semana, el Congreso de los Diputados recibe una propuesta para borrar esa cláusula del todo. Viene de Dolors López, una mujer que perdió a su hija y que desde entonces ha dedicado años a desmontar los tabúes que rodean al suicidio. López es coordinadora del Plan de Formación del Profesorado en prevención del suicidio en la Comunidad Valenciana. Imparte cursos a policías y bomberos, a maestros, a cualquiera que pueda estar en primera línea cuando alguien está en crisis. En ese trabajo ha escuchado historias que la llevaron a estudiar la ley de seguros con cuidado. Encontró lo que buscaba: familias que no pudieron cobrar la indemnización después de que un ser querido muriera por suicidio.

La propuesta que López impulsa es una Iniciativa Legislativa Popular, lo que significa que necesita 500.000 firmas de ciudadanos para llegar a tramitación formal. Pide que desaparezca tanto el período de carencia de un año como la posibilidad de que las aseguradoras rechacen el pago por completo cuando la muerte es por suicidio. "Tiene como objeto subsanar este trato injusto y situar en el debate público el terrible fenómeno social del suicidio en todos sus aspectos y consecuencias", dice López en su presentación de la iniciativa.

La lógica detrás de la cláusula es vieja: la idea de que si se paga el seguro, alguien podría suicidarse para que su familia cobre. López rechaza eso de plano. "Nadie está mal porque quiere", dice con la precisión de quien ha pensado esto muchas veces. Una persona que se suicida, explica, es alguien que "no puede soportar más el sufrimiento". El cambio legal no sería un incentivo, sostiene, porque "nadie quiere estar en esa situación". Además, de su experiencia trabajando con personas vulnerables, no ve evidencia de que un cambio normativo provocaría un efecto contagio.

Lo que López ve es que la cláusula del seguro es solo una manifestación de algo más profundo: el estigma que persiste alrededor del suicidio. Cuenta el caso de una joven de Alicante a quien le embargaron las cuentas bancarias porque no pagó 211 euros que le reclamaba el Ayuntamiento por el costo de su rescate en un intento de suicidio. "Es otro caso que escenifica el estigma", dice López. "Moralmente se reprueba y culturalmente se marca como algo que se ha hecho mal y ha de ser castigado".

Lo que López subraya es que cuando una persona se suicida, el impacto en la familia es brutal. El duelo es devastador. Luego viene el estigma, que cae "como una losa sobre los supervivientes". Y si a eso se suma la negativa de una aseguradora a pagar, si la familia enfrenta además una crisis económica, el sufrimiento se multiplica. La propuesta que López lleva al Congreso esta semana no va a resolver el suicidio ni el duelo. Pero busca quitar una piedra más del peso que cargan quienes quedan atrás.