Una legislatura de 22 leyes y 43 decretos cierra con decenas de proyectos sin aprobar

El 29 de noviembre de 2023, el Rey inauguró la XV legislatura española en un contexto de precariedad parlamentaria que marcaría cada uno de sus tres años de vida. A pesar de las dificultades, el Congreso procesó hasta 158 iniciativas de distinta naturaleza, y el Gobierno logró sacar adelante 22 leyes y 43 decretos en un equilibrio siempre inestable.

Sin embargo, la disolución anticipada de las Cortes deja sin tramitar 33 proyectos legislativos que no llegaron a puerto. Entre los más significativos figuran reformas del sistema judicial, una ley de regulación de lobbies, el estatuto del becario y una normativa de protección digital para menores, materias que deberán esperar a una nueva legislatura para retomarse, si es que algún futuro gobierno lo considera prioritario.

Antes de que el Parlamento cierre definitivamente sus puertas, el Ejecutivo tiene previsto recurrir a la Diputación Permanente —el órgano que vela por la continuidad institucional entre legislaturas— para intentar convalidar dos decretos de vivienda que ya sufrieron un rechazo en el pleno, además de otro relacionado con la dana y uno más vinculado a las medidas adoptadas por el conflicto en Irán. El éxito de esa maniobra dependerá de la disposición de formaciones como el PNV y ERC a negociar en un momento políticamente delicado.

Con las elecciones fijadas para noviembre de 2026, España afronta además la perspectiva de iniciar 2027 con los presupuestos generales de 2023 prorrogados por cuarto año consecutivo, sin que se hayan producido avances en la financiación autonómica ni en la reforma del sistema de dependencia. La legislatura que termina deja, así, una herencia de asuntos inconclusos que pesarán sobre quien forme el próximo gobierno.