Un millón de niños vulnerables pierden en verano su única comida nutritiva diaria

Cuando termina el curso escolar en España, casi un millón de niños de familias vulnerables pierden de golpe lo que para muchos es su única comida completa y nutritiva del día. Durante ochenta días de verano, sin la beca comedor que los alimenta entre septiembre y junio, estos menores se quedan en hogares que ya tienen dificultades para llenar la nevera. La ONG Educo denuncia que esta interrupción estival agrava una crisis de inseguridad alimentaria que nunca desaparece realmente de estas familias.

Los números son contundentes. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 5,6 por ciento de los menores de dieciocho años en España —unos cuatrocientos cincuenta mil niños— no pueden comer carne, pollo, pescado o proteína vegetal cada dos días. Para estas familias, la beca comedor representa un alivio económico enorme y la certeza de que sus hijos se alimentarán adecuadamente. Mónica, una de las madres entrevistadas para el informe de Educo, lo explica con claridad: en el colegio sabe que sus hijos comen pescado una o dos veces por semana, así que ella solo lo compra una vez al mes y puede destinar ese dinero a otros gastos. Cuando llega el verano y los hijos están en casa a mediodía, esa tranquilidad desaparece y el presupuesto familiar se resquebraja.

El problema se agrava cuando los niños avanzan de curso. Pilar Orenes, directora general de Educo, explica que la mayoría pierde la beca comedor al pasar al instituto, aunque sigan necesitándola. Solo el dieciocho por ciento de los centros públicos de educación secundaria tiene comedor, lo que significa que la ayuda se deniega automáticamente. A esto se suma la inversión insuficiente de las autonomías, la complejidad burocrática y unos baremos de renta excesivamente bajos que dejan fuera a familias que claramente necesitan apoyo. Las familias migrantes no regularizadas, por ejemplo, quedan totalmente excluidas por requisitos administrativos estrictos.

Pero la crisis del verano va más allá de la alimentación. El treinta y cuatro por ciento de los menores no puede irse ni una semana de viaje con sus padres durante las vacaciones. Solo el quince por ciento de los que sí viajan proceden de familias de renta baja. Gabriel González-Bueno, especialista en políticas de infancia de UNICEF España, subraya que las vacaciones son una de las experiencias fundamentales de la infancia, alineadas con su derecho al ocio, el tiempo libre y el acceso a actividades culturales. Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia, señala que este dato es uno de los indicadores de privación material más infravalorados en el debate público, algo que achaca a que culturalmente las vacaciones se perciben como un lujo en lugar de como una necesidad.

Las consecuencias están documentadas. Los niños que no pueden viajar ni acceder a campamentos acumulan estrés y tienen menos oportunidades para su desarrollo. Ocho de cada diez niños de familias vulnerables no van a campamentos en los que se les asegura alimentación y se trabajan habilidades sociales, emocionales, físicas e incluso lingüísticas. La sensación de desigualdad respecto a sus compañeros perjudica su autoestima y bienestar emocional. Orenes advierte que esta conciencia de que la familia no puede permitirse salir de su entorno genera reacciones como tristeza, vergüenza o frustración.

Pedro Gorrotxategi, presidente de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, explica que estas diferencias repercuten a nivel social y emocional, con efectos potencialmente devastadores en la autoestima, la autoconfianza y las relaciones interpersonales. El estrés asociado con la pobreza genera sentimientos de vergüenza, ansiedad y depresión. Además, durante el verano muchos niños pasan las horas en hogares sin climatización adecuada ni alimentación suficiente, acompañados únicamente por pantallas porque sus padres tienen que trabajar. Ibarra subraya una paradoja cruel: la infancia que más necesita salir de casa para compensar sus menores recursos son los que menos pueden hacerlo por razones de salud y seguridad climática.

Los docentes lo ven cada septiembre. Hay un grupo de alumnos que regresa más apagado, menos motivado, con menos cosas que contar. No es pereza ni desinterés, sino el resultado de un verano sin estímulos, sin estructura y, en ocasiones, marcado por estrés familiar. Ese inicio de curso más lento tiene un coste en términos de rendimiento que se arrastra durante meses.

El contexto más amplio es desolador. En España, uno de cada tres niños, niñas y adolescentes viven en riesgo de pobreza y exclusión, una cifra estancada durante más de una década. Es una de las más altas de la Unión Europea. Ibarra señala que los ciclos económicos no arrastran consigo a la infancia vulnerable: cuando el país crece, estos menores no lo hacen con él. España invierte solo el 1,3 por ciento del PIB en prestaciones para la familia y la infancia, cuando la media europea es del 2,4 por ciento. El Ingreso Mínimo Vital no ha llegado a la infancia como debería, y el setenta y dos por ciento de los potenciales beneficiarios no lo reciben. Faltan políticas universales y servicios públicos suficientes para cubrir educación de cero a tres años, dentista, oculista, comedor escolar y acceso a extraescolares.

Orenes expone que esto refleja que las decisiones políticas no están poniendo a la infancia en el centro. La solución, según los expertos, pasa por invertir en educación y considerar el comedor escolar como parte de ese derecho fundamental. Ibarra subraya que el comedor no puede seguir siendo un servicio educativo complementario sujeto al calendario lectivo: hace falta que la alimentación adecuada con financiación del Estado llegue a los municipios independientemente de si hay clases o no. Educo pide además que la infancia en situación de vulnerabilidad participe en verano en actividades de ocio educativo que incluyan comida durante al menos quince días y de manera gratuita.