Un juez ordena al Museo Nacional restituir las piezas retiradas por el Ministerio de Cultura

Un juez de Bogotá ordenó al Museo Nacional de Colombia devolver a sus salas las piezas que el Ministerio de Cultura mandó retirar hace dos semanas. La sentencia de primera instancia, fechada el miércoles, amparó la libre expresión, el acceso a la cultura, la educación y la memoria histórica de 18 personas, entre ellas varios congresistas y excongresistas, que presentaron distintas acciones de tutela con ese propósito. El juez César Enrique Osorio Ortiz dio 48 horas al Museo y al Ministerio para cumplir.

El retiro ocurrió el jueves 15 de octubre, pocas horas después de que el presidente Abelardo de la Espriella visitara el Ministerio y pronunciara un discurso en el que reiteró su llamado a una "contrarrevolución cultural" para desterrar el wokismo del Estado. Entre los objetos retirados había piezas sobre la diversidad sexual y el pasado reciente de la izquierda, una muestra de la Séptima Papeleta (el voto con el que millones de colombianos respaldaron en 1989 la constituyente que llevó a la Constitución de 1991), el bolígrafo con el que las FARC y el expresidente Juan Manuel Santos firmaron el acuerdo de paz en 2016 y la camiseta con la que el ciclista Lucho Herrera ganó el premio de mejor escalador en el Tour de Francia.

Desde el viernes 16 hubo manifestaciones frente al Museo. Los ciudadanos imprimieron fotos de los objetos retirados y las colocaron en torres de ladrillo improvisadas. La policía disolvió la protesta el sábado por la noche con chorros de agua lanzados desde tanquetas. La ministra Paola Holguín, excongresista designada por De la Espriella con la misión de adelantar una "batalla cultural", no cedió ante las críticas de la izquierda, de sectores liberales y de algunas voces de la derecha. Acusó a quienes convocaron las protestas de haber convertido la cultura en herramienta de "deconstrucción histórica" y "apología al delito", y dijo que algunos llegaron encapuchados y otros llevaron menores de edad a los que, según ella, usan como escudos.

Al admitir la primera tutela, el mismo juez ya había ordenado al Ministerio cesar el retiro de obras y explicar su decisión. En el fallo sostiene que invocar una instrucción presidencial no exime a las entidades que la ejecutaron de justificar su actuación dentro de sus competencias. El Ministerio había dado una explicación escueta sobre por qué alteró un guion museográfico trabajado sobre la historia contemporánea del país.

Lo que sí informó el Ministerio es que desde enero de 2026 existe un comité de gestión patrimonial del museo que decide qué piezas integran las exposiciones permanentes. Pero, según el juez, no aportó pruebas de que el retiro hubiera pasado por esa instancia, ni un concepto curatorial que explicara la exclusión de las piezas listadas en las actas de movimiento interno. Esas actas, añade, no permiten saber qué criterios de selección se usaron ni si se evaluó el efecto de la decisión sobre el contenido histórico y cultural de las exposiciones.

Las actas sí dejan claro quién pidió los traslados: la Secretaría General del Ministerio, a cargo de Julián David Sterling, y los ejecutaron tres funcionarios del Ministerio. Para el juez, eso acredita la intervención de la entidad en la actuación cuestionada. Su conclusión central es que el retiro, motivado por el rechazo a ciertos contenidos políticos e históricos y sin justificación curatorial acreditada, desconoció la protección constitucional de las expresiones culturales. Subraya el efecto sobre quienes reclamaron el reconocimiento de las luchas LGBTIQ+, la memoria de las víctimas de la violencia política y el acceso de los menores a una formación histórica plural.

El fallo no impide que el Museo modifique su guion. Lo que exige es que los cambios respondan a criterios técnicos, curatoriales y de conservación, y no solo al desacuerdo de autoridades administrativas con las ideas o hechos históricos representados. Su finalidad, dice, es corregir la restricción injustificada del 15 de octubre.

Entre los tutelantes figuran Gabriel Becerra, representante a la Cámara del Pacto Histórico y secretario general de la Unión Patriótica; Jorge Virviescas, del colectivo LGBTQ+ León Zuleta; y Kevyn Muñoz Torres, de la organización trans Revolución Rosa. Se sumaron los congresistas Ana Erazo y Daniel Monroy, y los excongresistas Juan Carlos Lozada y Humberto de la Calle, este último históricamente del Partido Liberal. Por ahora, falta ver si el Gobierno impugna la sentencia y si las piezas regresan a las salas dentro del plazo de 48 horas.