En la historia de las democracias modernas, los gobiernos que se sienten rodeados por sus propias instituciones revelan una fractura más profunda que la meramente política: la del contrato de confianza entre el poder ejecutivo y el Estado que lo sostiene. El Ejecutivo de Pedro Sánchez atraviesa ese umbral esta semana, percibiendo en el Tribunal Supremo, el CNI, la Policía Nacional y la Guardia Civil no a garantes del orden constitucional, sino a actores de un cerco silencioso. Ante esa sensación de asedio, Ceuta emerge no solo como crisis a resolver, sino como escenario donde el Gobierno busca