Un estudio de la Universidad de León alerta de que el cambio climático golpea desigualmente y exige una transición ecológica justa

Un estudio de la Universidad de León sostiene que el cambio climático no golpea a todos por igual y que la transición hacia una economía verde puede ahondar las desigualdades sociales si no se diseña con criterios de justicia social, equidad de género y protección de los colectivos más vulnerables. El trabajo se publicó en el número extraordinario de julio de la revista 'Justicia & Trabajo'.

La autora es Ana Castro Franco, profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y el estudio se desarrolló bajo la coordinación de las catedráticas Susana Rodríguez Escanciano y Henar Álvarez Cuesta. Forma parte del proyecto 'Hacia una transición ecológica justa: los empleos verdes como estrategia frente a la despoblación', financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Según el análisis, fenómenos como las olas de calor, las sequías o las inundaciones tienen efectos desproporcionados sobre mujeres, migrantes climáticos, menores, personas mayores, personas con discapacidad, desempleadas o en situación de exclusión social.

Una de las advertencias centrales se refiere al empleo. "La transición verde no genera automáticamente trabajo decente", afirma Castro. Los empleos verdes pueden ser una oportunidad para avanzar hacia una economía sostenible, pero también reproducir desigualdades si no se garantizan la calidad del empleo, la formación adecuada y la protección social. El estudio distingue entre los empleos verdes y decentes y aquellos que, aun contribuyendo al medio ambiente, se desarrollan en condiciones precarias, como ocurre en sectores como la agricultura o la instalación de energías renovables.

El trabajo adopta un enfoque interseccional: examina cómo la crisis climática afecta de forma distinta a cada grupo social y propone medidas específicas para cada uno. Para las mujeres, plantea incorporar la perspectiva de género en las políticas climáticas, fomentar su acceso a la formación en disciplinas STEM y reconocer el valor del trabajo de cuidados, históricamente invisibilizado.

El estudio aborda también las migraciones climáticas, que ya afectan a regiones como el delta del Ebro, Murcia o Canarias. "Las personas que menos han contribuido al cambio climático son las que más sufren sus consecuencias", señala Castro, que reclama un marco legal que reconozca los derechos de quienes se ven forzados a desplazarse por causas ambientales.

En el terreno laboral, propone revisar el concepto de "trabajadores especialmente sensibles" para incluir a quienes, por edad, salud o condiciones sociales, están más expuestos a los riesgos del cambio climático. Alerta además de riesgos emergentes ligados a los empleos verdes: la exposición a nuevas sustancias químicas, la subcontratación del riesgo y la ecoansiedad.

Sobre España, el informe valora medidas como los convenios de transición justa, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y la reciente normativa que obliga a interrumpir el trabajo al aire libre durante episodios de calor extremo. Aun así, reclama actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para incorporar la sostenibilidad, la diversidad y los desafíos de la digitalización.

"La transición ecológica debe ser también una transición social", concluye la autora. Propone reforzar el diálogo social, garantizar que los colectivos afectados participen en las decisiones y diseñar políticas públicas que no dejen a nadie atrás.