En Barcelona, un activista presentó denuncias contra 76 comercios por rotular en castellano, extendiendo luego su campaña a decenas de municipios catalanes. El Ayuntamiento optó por la sensibilización en lugar de las sanciones, y el Síndic de Greuges cerró el caso sin procedimiento sancionador. Lo que comenzó como una acción individual revela, en el fondo, una tensión más antigua: la de quién define los límites del espacio público y qué lengua tiene derecho a habitarlo.