Tukuy Rikuy: IA para acelerar justicia en violencia de género, pero con obstáculos culturales

A una mujer que ha sufrido violencia de género le puede tomar más de veinte años encontrar justicia en Perú, o quizás nunca la encuentre. Según la Defensoría del Pueblo, si el proceso no se archiva, el tiempo mínimo es aproximadamente un año. Pero las cifras revelan una realidad más cruda: entre 2015 y noviembre de 2018, ingresaron cerca de 652.273 expedientes de violencia familiar en 33 distritos judiciales del país, pero solo se otorgaron 396.577 medidas de protección a las denunciantes. Más del 90% de los casos de violencia de género terminan archivados.

A inicios de enero de 2021, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, anunció un proyecto llamado Tukuy Rikuy, orientado a lograr "la automatización y reducción dramática de los tiempos de atención en casos de violencia de género". El proyecto está liderado por César San Martín, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, e implementado en alianza con la Universidad de Buenos Aires. Se espera que arroje resultados iniciales para fines del primer semestre de 2021. El sistema se basa en Prometea, un software de inteligencia artificial desarrollado en 2017 por la Fiscalía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Prometea funciona como un asistente virtual que puede predecir sentencias en menos de veinte segundos, basándose en antecedentes y resoluciones de casos similares. El algoritmo busca leyes vigentes relacionadas con el caso, detecta similitudes con otros procesos y redacta un documento con la posible solución. En Buenos Aires, la herramienta demostró reducir significativamente los tiempos: la elaboración de un pliego de contrataciones se redujo de 90 minutos a uno solo, un acto administrativo de 27 minutos a cinco, y en promedio otros procesos de 72 minutos a doce. Un dictamen no autosuficiente pasó de 160 días a 38, y un dictamen de amparo habitacional de 190 días a 42. En 2018, logró una eficacia del 100% al convalidar todas las recomendaciones efectuadas por el software ante el Tribunal Superior de Justicia argentino.

Pero la tecnología enfrenta cuestionamientos fundamentales. A diferencia de otros sistemas que usan deep learning, Prometea es abierto y auditable, lo que permite que los operadores de justicia supervisen el proceso. Sin embargo, el algoritmo reproduce el proceder de la magistratura del país en el que se implementa. Esto significa que si un juzgado avala sentencias que culpan a las víctimas en lugar de los agresores, el sistema perpetuará esos sesgos. En Ica, una sentencia contra una mujer hizo mención específica al color y tipo de ropa interior de la víctima, lo que generó protestas públicas exigiendo la anulación de la sentencia y la sanción a los jueces. Ronald Cárdenas, abogado e investigador en temas de Derecho y Bioética, advierte que estos sistemas son creados y programados por seres humanos, por lo que es posible que terminen cargados con los prejuicios de quienes los desarrollan. Además, el acto de juzgar no es meramente mecánico: depende de factores técnicos y racionales, pero también del aspecto emocional.

Perú enfrenta desafíos técnicos significativos. De los 3.3 millones de expedientes que están a la espera de resolución en el Poder Judicial, solo 180.000 son electrónicos y están en etapa piloto. La digitalización de expedientes ha sido un objetivo anunciado durante años sin resultados concretos. Además, existe escasa cultura digital dentro del Poder Judicial: hay jueces que todavía insisten en la atención presencial para resolver algunos procesos. La Defensoría del Pueblo ha advertido que la carga procesal es abrumadora, con juzgados que soportan entre 4.000 y 5.000 expedientes. Colombia enfrentó un problema similar al implementar PretorIA, su versión del sistema, y tuvo que adaptarlo a un "sistema de aprendizaje automático supervisado" que mezcla el actuar entre el humano y la máquina para lograr tasas de acierto superiores al 90%.

Pero el obstáculo más profundo es cultural. María Ysabel Cedano, de la ONG Demus, señala que existe una cultura machista muy fuerte y arraigada que justifica la violencia contra las mujeres. Un informe de La República evidenció que en casos de violencia de género en línea, entre 2019 y 2020 se recibieron 3.243 denuncias, pero el Poder Judicial solo dio sentencia a tres de ellas, archivó 539 y dejó 2.701 en investigación. Aunque se han implementado capacitaciones con enfoque de género desde 2011, las sentencias que culpan a las mujeres por sus ataques siguen ocurriendo. Cedano enfatiza que no se trata solo de falta de capacitación: "Hay una cultura muy fuerte y arraigada en nuestro país que justifica, que es machista en extremo y que realmente considera que nosotras debemos tener determinadas conductas, determinada resistencia". Sin una reforma estructural que reconozca y sancione estas prácticas, advierte, la tecnología podría simplemente reproducir los mismos sesgos a mayor velocidad.